La piedra y el zapato

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DE DOMINGO A domingo

ALICIA MILLER amiller@rionegro.com.ar

Río Negro no es una isla. Y la actual gestión tampoco lo es respecto de las anteriores. Esta continuidad sin fronteras ni diferencias se manifiesta en problemas y temas de debate que se repiten, con sutiles variaciones de estilo, de un año a otro, de una década a la siguiente. ¿De qué hablamos hoy en Río Negro? Del asesinato de policías y de víctimas de asaltos, del estado deplorable de las cárceles de la provincia, de las escuelas que no pueden dictar clases por falta de mantenimiento o problemas generados por el vandalismo, del elevado ausentismo de docentes, de los intentos por disminuir las horas libres en el Nivel Medio, de las vacantes sin cubrir en el Poder Judicial, de las presiones políticas para ubicar en ellas a abogados/as lábiles y de las presiones económicas del gobierno nacional para adocenar a gobernadores e intendentes… Si durante años se cuestionó que las sucesivas gestiones radicales no hallaran solución a estos males o fueran su causa o alimento, es necesario decir que la gestión del Frente para la Victoria no ha mostrado aún haber dado los pasos que permitan suponer un cambio de agenda temática en el mediano plazo. Esta semana, el asesinato a sangre fría de un joven sargento de la Policía en Bariloche fue una muy mala noticia para el Estado y para la ciudadanía. La posibilidad de que al menos un menor de edad pudiera estar vinculado con el crimen espantó más aún. Y volvió a plantear el drama de la ruptura de redes familiares y sociales de contención y solidaridad, que se traduce en que en nuestras ciudades demasiados jóvenes –y no tanto– tengan armas y hábitos ligados a la violencia y al delito. Muy lejos se está del objetivo social –compartido por los gobiernos de la provincia y del país– de contribuir a una juventud contenida por la educación, la familia, el empleo y la vocación político-ciudadana. El gobernador Alberto Weretilneck analizó la cuestión, con cierta liviandad, al impulsar “máxima pena” para quienes maten –aun si son menores–, por lo que instó a “no apegarse tanto a la ley”. Ni la orientación judicial ni la de sus funcionarios en las áreas sociales y de Derechos Humanos coinciden con esta visión. En rigor, el gobierno rionegrino tiene en marcha políticas destinadas a prevenir la violencia en jóvenes y adolescentes, aunque resulta evidente que esos programas no cuentan con los recursos ni con la cantidad de profesionales que les permitan generar una tendencia que evite hechos como el que hoy lamentamos. Las áreas profesionales de Desarrollo Social y los gabinetes específicos de la Justicia y de Educación se ven a diario desbordados ante la multiplicidad de temas complejos y la relativa insuficiencia de los recursos con que cuentan. Es conocida la opinión de expertos que desaconseja mantener a niños, niñas y adolescentes institucionalizados en condiciones que no garantizan una adecuada contención para su salud integral y que terminan siendo un problema antes que una solución. Ni hablar de los adolescentes alojados en instituciones por orden de la Justicia Penal. Los hogares donde habitan terminan siendo para ellos y para sus cuidadores una pesadilla compartida. Ni siquiera la participación de ONG de probada vocación solidaria ha podido contra la falta de recursos y el agravamiento de las condiciones de convivencia. Varias objetan que el gobierno no les ha renovado el contrato ni ha accedido a sus modestos pedidos de dinero. En materia de educación, es ponderable el objetivo del Ministerio de garantizar que los alumnos permanezcan en las escuelas las horas correspondientes. Lo contrario –dejar que salgan del establecimiento y transiten por las calles– representa no sólo un riesgo para los jóvenes sino una responsabilidad severa para el Estado ante el daño que pudieran sufrir mientras formalmente están bajo su tutela. Esto, sin contar la no adquisición de los conocimientos, hábitos y aptitudes a que deberían acceder en ese horario. La paradoja es que, mientras el gobierno busca suplantar el ausentismo docente con clases o charlas de preceptores –muchos de ellos sin aptitud pedagógica–, numerosos chicos se quedan sin clase cada día por falta de agua, techos con filtraciones, problemas eléctricos, baños tapados, pérdidas de gas, falta de calefacción o vidrios rotos. En realidad, la relación entre escuela y comunidad es compleja. Y esto se refleja en la convicción de que gran parte de las roturas y desperfectos que muestran los establecimientos educativos son provocados por alumnos o por el vandalismo de vecinos en intentos de robo o por mera diversión. La amplitud del problema requiere soluciones igualmente abarcativas y complejas. Y estas necesariamente deben pasar por la generación de ámbitos de genuina participación y consenso. Weretilneck y Mango no han dado un paso en el sentido correcto al promover la designación como “consejera de los padres” de una persona que –por bien intencionada que sea– fue elegida a propuesta del Poder Ejecutivo y por el voto de la mayoría de la Legislatura. Por lo tanto, representa al oficialismo y no a los padres de alumnos de la provincia, que ninguna participación han tenido en su elección. Si Liliana Vides deseara de algún modo revertir esa “falla de origen” en su designación, podría aprovechar su cargo para lograr lo que hasta el momento no ha sucedido: integrar una verdadera federación de organizaciones de padres y madres que desde cada escuela se integren en consejos barriales, locales y zonales y que –con respeto a las minorías y a la diversidad social y política– permitan conocer las inquietudes, los miedos y las ideas que, como parte fundamental de la comunidad educativa, pueden aportar a una mejor marcha del sistema. En cuanto al conflicto planteado por la resolución gubernamental que impulsa “llenar” las horas libres en el Nivel Medio, conviene mirar dos aspectos: • En principio, es evidente que deja de lado el problema principal: si hay horas libres es porque los docentes faltan mucho o porque muchos docentes faltan. La cuestión remite al dilema del huevo o la gallina: o el régimen de licencias de los trabajadores de la Educación es demasiado laxo o el control que ejerce el Estado como empleador es deficiente. Durante años se ha hablado de la sospecha de que buena parte de las ausencias por razones de enfermedad no se corresponden con reales padecimientos sino con la disposición de ciertos médicos y psicólogos a proporcionar certificados por causas inexistentes o tan menores que no justificarían faltar al trabajo. Ponerle el cascabel a ese gato ha sido un objetivo frustrado para sucesivos gobiernos. • Además, a las razones objetivas que contribuyen a que el área de Educación sea conflictiva se suman otras dos: que muchos exfuncionarios radicales han vuelto a las escuelas a tomar sus cargos y los enfrentamientos entre sectores internos de Unter con el sector alineado con el ministro Mango. Si Weretilneck y Mango desean solucionar el tema de las horas libres, el de la conflictividad dentro y fuera de las escuelas y el siempre pendiente de la calidad educativa, bueno sería que evitaran sucumbir ante quienes cada día ponen una piedra pequeña en el zapato del gobierno y también ante quienes, desde el gobierno, tienden a cerrar las vías de comunicación con la diversidad de opiniones existentes en la sociedad.