La política debe ser financiada sólo con un sistema público

Magdalena Odarda*

El proyecto de ley de financiamiento de partidos políticos que sancionó la Cámara Alta en los últimos dias posee un significado que se relaciona con la soberanía del país, por lo que resulta necesario que lo enfoquemos dentro de un debate filosófico, dado que nos hallamos en la puerta de una verdadera privatización de la política.

Siempre repetimos en política una frase que dice: Dime quién te financia y te diré para quién gobiernas. Entendemos que el financiamiento no resulta un tema menor, puesto que a la democracia no la deben financiar empresas privadas sino el propio Estado.

Desde el momento en que le abrimos la puerta a las empresas, le estamos abriendo la puerta al poder económico para que interceda en la soberanía de un país, lo cual resulta muy peligroso, dado que la misma obligación que se genera con una “empresa aportante”, es la que podría generarle compromisos al político que a través de ella arribe a su puesto, para dejar de representar al pueblo que lo votó en pos de cumplir con los requerimientos que dicha empresa le realice.

El proyecto aprobado nos habla de que el 2% de la campaña de un candidato podría ser sustentada por cada empresa; pero ese mismo porcentaje podría verse burlado, porque muchas empresas operan en “holding”, pudiendo de este modo un mismo grupo económico presentarse a través de sus diversas empresas, cada una con un 2%, y pudiendo así los mismos “dueños” llegar a financiar una parte sustancial de la campaña de cualquier candidato.

imaginemos cual sería la situación de ese legislador –representante electo por el pueblo– cuando fue financiado, por ejemplo, por el multiempresario Marcelo Mindlin, por la minera Barrick Gold, por Monsanto, Bayer o JP Morgan. Es preciso tomar consciencia de que tales empresas poseen un claro fin de lucro, por lo que no estarán aportando desinteresadamente a un sistema de campañas políticas por amor a la democracia.

Es muy peligroso para la democracia que los diferentes candidatos acepten financiamiento empresario, puesto que se va a ver en la disyuntiva de trabajar por el interés general o de trabajar por el interés de dicha empresa.
Este proyecto violenta dos principios fundamentales:
• El principio de igualdad ante la ley, puesto que cuando se sancionaron las PASO – las primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias – el legislador buscó tender a un sistema que garantice la igualdad de los partidos políticos al momento de la competencia. Sabemos que algunos de ellos cuentan con grandes estructuras económicas y otros con ninguna. Esas mismas PASO vinieron a proponer un sistema de mayor equidad entre los partidos políticos, brindando los mismos espacios de propaganda audiovisual y proponiendo un sistema igualitario con un sentido democrático.
• Por otra parte, este proyecto rompe también con otro principio democrático, el de la soberanía política, que en un sistema democrático y republicano debe residir en el pueblo, que a través de sus representantes va a decidir, por ejemplo, si vamos a tener la asignación universal por hijo, si la vamos a aumentar, o si vamos a tener un sistema previsional con mayores derechos para nuestros jubilados. Es el pueblo, por tanto, quien no puede permitir que quienes tomen esas decisiones sean las grandes empresas.

También es necesario que hablemos de la colisión de derechos, puesto que cada empresa que contribuya en la campaña de algún candidato va a pretender obtener algún rédito de su aporte, exigiéndole al mismo determinadas conductas en pos de sus intereses y va a querer sacar el redito del país, de la soberanía Argentina. Por eso decimos que es un tema filosófico.

Después de las pasadas elecciones, qué nos dejaron esas “empresas financiadoras” que pretenden a través de este proyecto legalizar sus aportes?. Nos dejaron 191.000 despidos en la Argentina en pocos años. Un 15,7 por ciento bajó el comercio minorista; un 4,6, el consumo; un 14,7, la industria; las pymes, destruidas; uno de cada dos chicos son pobres en la Argentina, o sea que hay un 50 por ciento de pibes bajo la línea de la pobreza. Eso es lo que nos dejó este sistema de transferencia de recursos a los ganadores, a las empresas que seguramente en negro pusieron plata para las campañas políticas.

Este proyecto inconstitucional viola el artículo 37 de la Constitución Nacional, que establece quiénes son los que pueden ejercer derechos políticos; y las empresas no pueden ejercer derechos políticos porque la esencia del sistema democrático justamente es poner límites, estableciendo un equilibrio del poder económico cuando éste pretende avasallar al político.

Por todo esto, es que entendemos que la única manera válida de financiar la política debe consistir en un sistema público, en que el mismo Estado sea quien garantice la igualdad de oportunidades para los diferentes partidos políticos, por lo que cabe traer a colación las palabras del Doctor Alfonsín, quien decía que “la soberanía del pueblo es la única fuente de legitimidad del poder político”.

*Senadora Nacional