La proscripción



Alberto R. Laría

Lo que aconteció con la frustrada candidatura del gobernador fue que el mayor poder de control de constitucionalidad del Estado le ha prescripto al gobernador que se ajuste a derecho.

La Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo desfavorable a la intención re-reeleccionista del gobernador Weretilneck. La pertinaz obstinación tuvo su epílogo. Esa decisión que se tomara a principios de año, conjuntamente con el adelantamiento del calendario electoral, no es carente de consecuencias prácticas. Terminó sometiendo la vida institucional provincial a una degradación estéril y cuyas consecuencias aún es difícil de prever.

El 7 de abril habrá un gobernador electo, legitimado por el voto popular, y en ese mismo momento cae la legitimidad del actual gobernador que sin embargo deberá terminar su mandato legal en diciembre. Enfrentaremos casi un año de dualidad en la más alta representación del gobierno provincial. El gobernador electo cohabitando con un gobernador que debe terminar su mandato. La cuestión de esta dualidad se tensa aún más si el próximo domingo se verifica un triunfo de la oposición.

Se ha dicho con un desparpajo que chirría en cualquier buen oído y es ofensivo para el entendimiento de cualquier ciudadano que la causa de la imposibilidad de la candidatura hay que encontrarla en una “proscripción”. Los discursos públicos no debieran ser utilizados para disparar hipótesis desmesuradas, sin sustento fáctico, lanzadas a modo de autojustificación de un andar instintivo, saltando obstáculos jurídicos. El gobernador no ha sido proscripto por nadie.

En cambio, la palabra proscripción tiene un contenido político muy concreto y destinatario muy definido. Fue utilizada ya no como palabra, sino como materialidad tangible por sucesivas dictaduras desde el golpe de Estado de septiembre de 1955 que derrocó al gobierno popular del general Perón. Luego proscripto por casi dos décadas. La palabra proscripción es ahí relevante y se muestra plena de significado verdadero.

Y si se restablece lo pertinente del lenguaje, lo que de verdad aconteció con la frustrada candidatura fue que el mayor poder de control de constitucionalidad del Estado le ha prescripto al gobernador que se ajuste a derecho. Entre proscripción y prescripción hay un más que largo recorrido semántico.

Y para contribuir a la confusión, el partido del gobierno pretende desentenderse de las políticas del presidente Macri, del cual ha sido su reflejo y epígono local. No se puede pasar de puntillas sobre este hecho fundante, ni jugar al yo no fui. La mayoría de los ciudadanos argentinos están dolidos, angustiados y son sometidos a la más feroz destrucción de su vida cotidiana como consecuencia de las políticas nacionales. Los rionegrinos no viven en un territorio blindado e igualmente las padecen. El partido autoproclamado de la rionegridad debe hacerse cargo de que contribuyó activamente a esas políticas.

Las marcas de esa alianza manifiesta no se borran refugiándose en la ambigüedad y el funambulismo. Están ahí, son indelebles. Se contribuyó con la suma de un diputado nacional del Pro al Congreso de la Nación, mediante la abstención de participar con listas propias en las elecciones legislativas del 2017. Asimismo, el pacto fiscal firmado en el 2017 implicó una retracción fabulosa de ingresos para las jurisdicciones patagónicas. Nuestra provincia no fue compensada ni con lo establecido en el pacto. La Ruta 22 inconclusa es un sórdido testimonio.

Por otra parte, las firmas de los acuerdos con el FMI implicaron también un duro ajuste a las provincias. El gobierno provincial se sumó con endeudamiento propio, asumido en dólares, hipotecando las finanzas públicas por los próximos ocho años. Nuestra empresa emblemática, Invap, perdió ingresos por la falta de continuidad de los proyectos. Los tarifazos que están aniquilando nuestras empresas y comercios, y violentando el derecho a la vida digna de los rionegrinos, contaron con el asentimiento del gobernador en las audiencias públicas. Los pequeños productores frutícolas esperan o desesperan, mientras se descompone una actividad primordial de nuestros valles. Por otro lado, se obstaculizan las exportaciones por el desmantelamiento de los planes sanitarios del INTA.

En materia de beneficiar a amigos presidenciales, se ha sido dispendioso. La reina de los Países Bajos Máxima Zorreguieta es propietaria de varias fracciones de tierra rural en Río Negro cuyas mejoras no fueron oportunamente declaradas y evade los impuestos correspondientes. Igual situación atraviesa la obra de infraestructura del grupo belga Burco, y existe un subregistro de mejoras declarado por Joseph Lewis para Lago Escondido. (Real evasión-elcohetealaluna.com).

El gobierno no rechazó las políticas públicas nacionales, ni siquiera aquellas que afectan directamente a los intereses de nuestra provincia. El silencio es aprobación o connivencia. A poco que se descascare el verde, siempre se impondrá el amarillo. Evidencia también la falacia política de pretender en el mismo momento defender los intereses rionegrinos y ser parte de un proyecto de país que aniquila sus potencialidades. No existen las insularidades provincianas. Tendremos un Río Negro próspero en la medida que tengamos un país en el que no haya unos pocos que lo merecen todo y la gran mayoría que nada debe esperar.


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