La regulación ambiental para el cerro Catedral no tiene avances
El proyecto del Frente de Todos está en el Concejo desde hace un año pero el Ejecutivo no se pronuncia. El concejal Ávila (Juntos) dice que “hay una superposición” entre las incumbencias y condiciones que establece la reserva ambiental y el rol del Eamcec.
Un proyecto de ordenanza busca crear un área natural protegida que incluya al cerro Catedral y el San Martín. Archivo
El Ejecutivo municipal guardó silencio hasta ahora sobre la propuesta que impulsan los concejales del Frente de Todos para crear un “área natural protegida” en el cerro Catedral y el bloque oficialista se niega a fijar postura antes de contar con ese dictamen.
La desconfianza de los concejales de Juntos radica, entre otros puntos, en los condicionantes que la protección ambiental podría imponer sobre el desarrollo del centro de esquí que explota la empresa Catedral Alta Patagonia (Capsa), por concesión que fue renovada el año pasado luego de una ardua polémica.
El proyecto pasó primero por la comisión de Turismo y Ambiente, que ya solicitó una opinión al Ejecutivo, hasta ahora sin respuesta. Ayer se reunió la comisión de Obras para continuar con el tratamiento del mismo proyecto. La concejal Julieta Wallace (FdT) propuso avanzar con una definición y le pidieron más tiempo para conocer la postura de Gennuso y sus colaboradores técnicos.
El presidente de la comisión, Gerardo Ávila (Juntos), dijo que en el Ejecutivo “están notificados y lo están trabajando”. Su bloque no dictaminó a favor ni en contra en la comisión de Turismo y optó por la “reserva” hasta que la ordenanza se trate en sesión.
La iniciativa firmada por Wallace y sus pares Marcelo Casas y Roxana Ferreyra propone crear el área natural protegida “Altas cuencas de Bariloche”, cuya superficie abarcaría el cerro San Martín y las 1920 hectáreas del cerro Catedral que fueron municipalizadas hace casi dos décadas.
Wallace dijo que hubo una dilación en el tratamiento del tema (que ingresó al Concejo hace más de un año) y que la comisión de Obras no le daba curso. “Recién se reunió hoy (por ayer) por primera vez en el año”, afirmó.
Dijo que el riesgo urbanístico y ambiental en el área Catedral se debe a que “no hay un plan específico” y el municipio no tiene otro instrumento para aplicar que las reglas generales del Código Urbano. “Hace falta que desde el Ejecutivo digan si tienen o no voluntad política para avanzar con ésto”, sostuvo la concejal.
A su juicio, encuadrar al Catedral como un área protegida (condición que ya rige en otros puntos del ejido) “no es un ataque al contrato de Capsa, va mucho más allá de la explotación comercial del cerro”.
Dijo que el proyecto “no va en contra de nadie sino a favor de toda la población. Hasta la empresa podría tener interés en que se constituya un área protegida, porque aporta a cuidar el recurso y a fortalecer el valor turístico” del cerro.
Si la ordenanza es aprobada debería conformarse una comisión con representantes del Ejecutivo, el Concejo, Bosques de la provincia, Parques Nacionales y la empresa concesionaria, cuyo fin principal sería elaborar un plan de manejo para el área en el plazo de180 días.
Entre los objetivos declarados de la nueva reserva ambiental estaría el de “asegurar la conservación de las nacientes de las cuencas hídricas, la calidad de su agua y su diversidad biológica”.
Ese principio podría condicionar una de las inversiones comprometidas por Capsa en la renovación del contrato, que consiste en instalar un gran reservorio de agua de 110.000 metros cúbicos para usarla en innivación artificial.
Wallace dijo que aun sin que exista un área protegida ese proyecto debe pasar todos los controles técnicos y contar con un estudio de impacto ambiental, que todavía no existe, o al menos no fue hecho público.
“Sobre esas y otras obras también hicimos un pedido de informes el 17 de febrero y todavía no contestaron”, dijo la concejal.
Ávila sostuvo que para fijar posición sobre el área protegida en Catedral quieren esperar “la mirada técnica” del Ejecutivo. Pero entendió a priori que “hay una superposición” entre las incumbencias y condiciones que establece la reserva ambiental y el rol del ente regulador Eamcec, encargado de fiscalizar el contrato de Capsa. También dijo que “para lo que es materia hídrica el poder de policía es del Departamento Provincial de Aguas”.
De todos modos el concejal fue cauto. “Sobre la conservación de Catedral y de cualquier otra área no tengo argumentos en contra, nadie podría tenerlos. Pero cualquier regulación de ese tipo tiene que ser merituada por el personal idóneo del municipio”.
Estimó que “hay elementos técnicos involucrados y también políticos”. Aun así le daría su aval a la ordenanza “en la medida que no colisione con las obligaciones de la empresa y con el rol que ejerce el Eamcec”.
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