La semana en Bariloche: ¿Quién los recupera?

La presencia de patotas en los barrios, y su accionar y consecuencias son bien conocidos por los organismos oficiales con competencia en la materia, pero no ha habido siquiera un diagnóstico que explique por qué surge este tipo de manifestaciones entre jóvenes y mayores.

La pertenencia a una patota no siempre es indicativa del ánimo delictivo de la totalidad de sus integrantes.

Entre ellos puede advertirse una especie de resistencia a todo tipo de autoridad -comenzando por la familiar- que se extiende al ámbito educativo y a las normas que rigen la convivencia ciudadana.

Hay quienes llegan al delito por iniciativa de alguno de sus miembros, y por el pacto de solidaridad que los obliga a respaldar, encubrir y defender, al compañero en riesgo de ser reprimido o sancionado por la autoridad de que reniegan.

Por regla general, la pertenencia plena a una patota ocupa un par de años de la adolescencia de los jóvenes de barrios periféricos, y en algún caso esa pertenencia los contiene, y llena el espacio que el ámbito doméstico no supo ocupar en años anteriores.

El resto encuentra en ese ambiente el impulso para cometer delitos, a veces absurdos y en ocasiones muy graves, porque les reporta prestigio dentro de su grupo.

Podría argumentarse que todos los adultos han experimentado algún período de rebeldía en sus primeros años, y que eso es natural, pero no es natural que haya muertos como consecuencia de esa irresponsabilidad.

Nunca plantearon acciones o propuestas válidas los organismos públicos para encarar decididamente el problema de las patotas, y si alguna existe, ha pasado inadvertida para los jóvenes en riesgo y para la sociedad.

Y así la ciudad lamentó en los últimos años la muerte y lesiones de muchos jóvenes, encuadradas en estériles batallas por la supremacía territorial o el prestigio.

El accionar de patotas, en muchos casos con integrantes menores no punibles, se puede observar en pleno día y a pocos metros del Centro Cívico, o en los barrios periféricos, donde producen daños o presionan a otros adolescentes o vecinos, y hasta los golpean si no obtienen sus exigencias.

Muchas veces, las autoridades de aplicación en el problema de los niños y adolescentes abandonados, sin contención familiar o que han incursionado en el delito, prefieren actuar superficialmente o no actuar, conscientes de que no tienen a su alcance las soluciones.

La Ley Nacional de Menores establece mecanismos de recuperación admirables, pero en la provincia se interna a los menores en riesgo en hogares inadecuados, o los devuelven al hogar sin un acompañamiento institucional que deje lugar a una esperanza de enmienda.

Serafín Santos

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