La SEPI haría una convocatoria de acreedores para evitar la quiebra

La convocatoria de acreedores aparecía anoche como una solución al conflicto que atraviesa la empresa Aerolíneas Argentinas, luego de que el ministro del Interior, Ramón Mestre, admitiera esta alternativa y sostuviera que quedó «superada» la posibilidad de la quiebra.

Esta figura jurídica es un recurso previo a la quiebra, donde la empresa procura negociar quitas significativas a su deuda, -estimada en cerca de 900 millones de dólares-, y plazos amplios de pago sobre la misma

Ante las nuevas expectativas que brindó el gobierno, los trabajadores de Aerolíneas se comprometieron a «hacer un impasse» en sus reclamos, que se traducirían en el cese de las medidas de fuerza ocupando las estaciones aéreas.

La posibilidad de que la SEPI ingrese en un concurso preventivo permitiría disminuir sensiblemente la abultada deuda que hoy tiene la empresa, una de las trabas que impedía que otras firmas se hicieran cargo de su continuidad.

Dos nombres figuran como los más interesados por Aerolíneas, luego de la aparición de esta posibilidad del concurso preventivo: el grupo Eurnekian, que hoy controla los aeropuertos argentinos, y la trasandina Lan Chile que ve interesante la fusión para acrecentar su expansión regional.

Por otra parte, diputados habían lanzado ayer una nueva ofensiva contra la SEPI española señalando que una quiebra debería ser respaldada con los bienes de los accionistas, es decir del Estado español.

El diputado Alberto Natale, presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Privatizaciones, advirtió que «a SEPI se debe cuidar severamente de llevar a la quiebra a Aerolíneas Argentinas».

En su opinión, los efectos de una quiebra «podrían retrovertirse directamente sobre el ente estatal del reino de España». Añadió que «el artículo 54 de la ley de sociedades establece que el dolo o daño ocurrido a la sociedad por dolo o culpa de sus socios constituye a sus autores en la obligación de indemnizar».

Mestre admitió que la convocatoria de acreedores es una «alternativa trascendente porque mantiene la estabilidad laboral» y permitiría evitar la quiebra, aunque no pudo precisar cómo se desarrollaron en España las conversaciones por el Plan Director.

La posibilidad de una convocatoria de acreedores fue confirmada por Jorge Doyle, integrante de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), tras la reunión que mantuvieron los gremios en Casa de Gobierno.

Doyle dijo, además, que ahora se abre un «impasse para obtener mayor confirmación sobre los alcances de las negociacioes de las conversaciones mantenidas en Madrid con los ministros españoles de Relaciones Exteriores Josep Piqué y de Hacienda, Cristóbal Montoro, como así también con directivos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

El Jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, había asegurado antes que el gobierno está «evitando» que Aerolíneas Argentinas llegue a «la quiebra o liquidación», sin dar precisiones sobre la forma en que la administración de De la Rúa trabajó para detener ese escenario.

Niegan vaciamiento

El presidente del Directorio de Aerolíneas, Patricio Zavalía Lagos, negó ante la Justicia que haya habido un «deliberado propósito de vaciamiento» de la empresa. «No se transfirió fuera del patrimonio de Aerolíneas ni un solo peso de su capital», dijo Zavalía Lagos en el escrito, por el que se puso a disposición de los juzgados donde fueron radicadas las denuncias por el puesto vaciamiento de la firma.

Zavalía recalcó que «muy por el contrario, los accionistas de Aerolíneas Argentinas aportaron desde la privatización, una suma superior a los 1.800 millones de dólares», por lo que «parece ridículo afirmar que quien realizó aportes de tal magnitud pueda, además del esfuerzo económico realizado, ser acusado de vaciamiento». En la presentación, el titular de Aerolíneas sostuvo que la empresa dispone de 26 aviones propios y 19 en alquiler, «con lo cual queda fácilmente demostrado que lejos de existir una política de liquidación de la flota, se han realizado ingentes esfuerzos por mejorarla y modernizarla».

(DYN y AR)

Se viene el síndico

La presentación de un concurso de acreedores supone como primera instancia la cesación de pagos por parte de la compañía y la presentación de balances y estados patrimoniales ante la justicia comercial, que designará un síndico para que se encargue de llevar adelante una vigilancia sobre la marcha del negocio que permanecerá a cargo del concursado.

Bajo la tutela judicial, el síndico designado realizará la apertura del proceso de verificación de las obligaciones que generaron esas deudas.

El juez designará un comité en representación de los acreedores con quienes controlará la marcha de la gestión del concursado.

El juez autorizará el pronto pago de las deudas laborales en un plazo inferior a los 10 días. La empresa deberá solicitar una venia judicial cada vez que decida gravar, prendar o enajenar bienes registrables o emitir deuda.

La apertura del concurso preventivo deja sin efecto los convenios colectivos vigentes por el plazo de tres (3) años, o el de su cumplimiento del acuerdo preventivo, el que fuere menor.

Durante dicho plazo las relaciones laborales se rigen por los contratos individuales y la Ley de Contrato de Trabajo. La concursada y la asociación sindical legitimada negociarán un convenio colectivo de crisis por el plazo del concurso preventivo, y hasta un plazo máximo de tres (3) años.

La finalización del concurso preventivo por cualquier causa, así como su desistimiento firme impondrán la finalización del convenio colectivo de crisis que pudiere haberse acordado, recuperando su vigencia los convenios colectivos que correspondieren.

Una vez logrado un acuerdo con los acreedores, la compañía podrá continuar operando normalmente, siempre bajo la vigilancia judicial. (DYN)