La tragedia del aborto

Redacción

Por Redacción

Si bien el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, ha procurado minimizar la importancia del fallo unánime de sus integrantes a favor de la despenalización del aborto en el caso de mujeres violadas, afirmando que “sólo interpreta el artículo 86, inciso 2, del Código Penal, vigente desde 1921”, no cabe duda de que se trata de una sentencia superadora. Puede que sólo se haya tratado de la clarificación de ciertos detalles jurídicos, pero nadie ignora que, al asegurar a las mujeres embarazadas a raíz de una violación y a los médicos que no correrán riesgos legales, ya que sólo será necesario redactar una declaración jurada, se ha reconocido formalmente un derecho antes negado. Así lo entendieron tanto los representantes de la Iglesia Católica que, como no pudo ser de otra manera, en seguida reafirmaron su oposición al aborto en cualquier circunstancia por tratarse de “la eliminación de una vida inocente”, como quienes festejaron el fallo por suponer que significa la caída de otra barrera en el camino de la legalización plena del aborto. Según el ministro de Justicia, Julio Alak, “la despenalización del aborto no está en la agenda del Poder Ejecutivo”, pero es de suponer que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no procurará cambiar la ley a la que aludía Lorenzetti con el propósito de invalidar el fallo que acaba de anunciar la Corte Suprema. Si intentara hacerlo, los costos políticos serían con toda seguridad muy elevados ya que motivaría la reacción airada de simpatizantes progresistas del oficialismo actual. Asimismo, por motivos comprensibles, muchos legisladores preferirían no verse obligados a participar en debates en torno a un tema tan emotivo como el aborto, uno que en Estados Unidos ha dado pie a una “guerra cultural” larga y acrimoniosa entre los defensores, por lo común demócratas, de “los derechos de la mujer” por un lado y, por el otro, los partidarios de “la vida”, que en su mayoría son republicanos. Por desgracia, los problemas planteados por el aborto no se prestan a soluciones sencillas. En principio, merecen respeto los argumentos reivindicados por quienes se le oponen incluso en el caso de mujeres violadas, pero en el país que efectivamente existe los abortos clandestinos son tan frecuentes que es evidente que los esfuerzos por prohibirlos por completo no han servido para mucho. Aunque es imposible estimar con precisión la cantidad de abortos que se practican en el país, según distintas organizaciones se dan entre 300.000 y medio millón por año y de ellos casi 100.000 llevan a la hospitalización de mujeres que fueron operadas en condiciones sanitarias sumamente primitivas, además, claro está, de una cantidad importante de muertes maternales. Huelga decir que para reducir al mínimo las dimensiones de la tragedia así supuesta, sería necesario establecer un marco legal mucho más flexible que el vigente hasta ahora. Si bien se ha visto modificado por el fallo de la Corte Suprema, en vista de la magnitud de los problemas ocasionados por la clandestinidad sigue siendo demasiado rígido. Frente a esta realidad penosa, los contrarios al aborto por motivos religiosos o éticos se encuentran ante un dilema. Aun cuando lograran imponer su punto de vista en las diversas legislaturas para que la Argentina fuera uno de los escasos países en que la ley refleja la postura de los católicos más intransigentes, no impedirían que continuaran produciéndose centenares de miles de abortos anuales. Como a esta altura entenderán, intentar prohibir el aborto con métodos judiciales, cuando no policiales, sólo causa más sufrimiento. Por lo demás, es indiscutible que las más perjudicadas por las leyes contrarias al aborto son las más pobres, ya que quienes cuentan con recursos económicos adecuados siempre podrán trasladarse a países en que el aborto es considerado un asunto privado. Así, pues, aunque los legisladores y los médicos siempre pueden privilegiar su propia conciencia, oponiéndose firmemente al aborto, tendrían que reconocer que su postura es en buena medida testimonial, ya que todos los días seguirían interrumpiéndose más de 1.000 embarazos y muchas mujeres morirían a causa de las condiciones a las que se sienten obligadas a someterse.


Si bien el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, ha procurado minimizar la importancia del fallo unánime de sus integrantes a favor de la despenalización del aborto en el caso de mujeres violadas, afirmando que “sólo interpreta el artículo 86, inciso 2, del Código Penal, vigente desde 1921”, no cabe duda de que se trata de una sentencia superadora. Puede que sólo se haya tratado de la clarificación de ciertos detalles jurídicos, pero nadie ignora que, al asegurar a las mujeres embarazadas a raíz de una violación y a los médicos que no correrán riesgos legales, ya que sólo será necesario redactar una declaración jurada, se ha reconocido formalmente un derecho antes negado. Así lo entendieron tanto los representantes de la Iglesia Católica que, como no pudo ser de otra manera, en seguida reafirmaron su oposición al aborto en cualquier circunstancia por tratarse de “la eliminación de una vida inocente”, como quienes festejaron el fallo por suponer que significa la caída de otra barrera en el camino de la legalización plena del aborto. Según el ministro de Justicia, Julio Alak, “la despenalización del aborto no está en la agenda del Poder Ejecutivo”, pero es de suponer que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no procurará cambiar la ley a la que aludía Lorenzetti con el propósito de invalidar el fallo que acaba de anunciar la Corte Suprema. Si intentara hacerlo, los costos políticos serían con toda seguridad muy elevados ya que motivaría la reacción airada de simpatizantes progresistas del oficialismo actual. Asimismo, por motivos comprensibles, muchos legisladores preferirían no verse obligados a participar en debates en torno a un tema tan emotivo como el aborto, uno que en Estados Unidos ha dado pie a una “guerra cultural” larga y acrimoniosa entre los defensores, por lo común demócratas, de “los derechos de la mujer” por un lado y, por el otro, los partidarios de “la vida”, que en su mayoría son republicanos. Por desgracia, los problemas planteados por el aborto no se prestan a soluciones sencillas. En principio, merecen respeto los argumentos reivindicados por quienes se le oponen incluso en el caso de mujeres violadas, pero en el país que efectivamente existe los abortos clandestinos son tan frecuentes que es evidente que los esfuerzos por prohibirlos por completo no han servido para mucho. Aunque es imposible estimar con precisión la cantidad de abortos que se practican en el país, según distintas organizaciones se dan entre 300.000 y medio millón por año y de ellos casi 100.000 llevan a la hospitalización de mujeres que fueron operadas en condiciones sanitarias sumamente primitivas, además, claro está, de una cantidad importante de muertes maternales. Huelga decir que para reducir al mínimo las dimensiones de la tragedia así supuesta, sería necesario establecer un marco legal mucho más flexible que el vigente hasta ahora. Si bien se ha visto modificado por el fallo de la Corte Suprema, en vista de la magnitud de los problemas ocasionados por la clandestinidad sigue siendo demasiado rígido. Frente a esta realidad penosa, los contrarios al aborto por motivos religiosos o éticos se encuentran ante un dilema. Aun cuando lograran imponer su punto de vista en las diversas legislaturas para que la Argentina fuera uno de los escasos países en que la ley refleja la postura de los católicos más intransigentes, no impedirían que continuaran produciéndose centenares de miles de abortos anuales. Como a esta altura entenderán, intentar prohibir el aborto con métodos judiciales, cuando no policiales, sólo causa más sufrimiento. Por lo demás, es indiscutible que las más perjudicadas por las leyes contrarias al aborto son las más pobres, ya que quienes cuentan con recursos económicos adecuados siempre podrán trasladarse a países en que el aborto es considerado un asunto privado. Así, pues, aunque los legisladores y los médicos siempre pueden privilegiar su propia conciencia, oponiéndose firmemente al aborto, tendrían que reconocer que su postura es en buena medida testimonial, ya que todos los días seguirían interrumpiéndose más de 1.000 embarazos y muchas mujeres morirían a causa de las condiciones a las que se sienten obligadas a someterse.

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