Las contradicciones del poder

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La presidenta Cristina Fernández de Kirchner se ve frente a un dilema nada sencillo. Si dice que “entiende” las razones por las que centenares de miles de personas, a lo ancho y a lo largo del país, se sumaron a los cacerolazos de la semana pasada, sería felicitada por su amplitud de miras pero, así y todo, muchos lo tomarían por un síntoma de debilidad. Sin embargo, al jurar, como en efecto ya ha hecho, que absolutamente nada la hará modificar “el rumbo”, de tal modo minimizando la importancia de las protestas, la presidenta enojó aún más a quienes la critican por la soberbia autoritaria que a su juicio es una de las características más llamativas de su versión del “estilo K”. La situación desagradable en que Cristina se encuentra se debe a que tanto ella como sus simpatizantes más entusiastas quisieran creerse protagonistas de una especie de epopeya transformadora destinada a “cambiar la historia”. A diferencia de los líderes de gobiernos menos ambiciosos, no pueden pactar con quienes comparten en términos generales sus presuntos objetivos pero discrepan en cuanto a la mejor forma de alcanzarlos. Acostumbrados a jugar a todo o nada, se sienten obligados a hacer gala de su intransigencia aun cuando sepan que les está resultando contraproducente. Cristina cuenta con dos ventajas clave: la impotencia de una oposición fragmentada y la voluntad mayoritaria de defender el orden constitucional, según el que su gestión tendría que seguir hasta diciembre del 2015, ya que la alternativa sería una nueva crisis política y, con toda probabilidad, económica de desenlace imprevisible. Pero, por desgracia, no hay garantía alguna de que el deseo casi universal de que los tres próximos años transcurran sin demasiados altibajos sea suficiente para salvar a un gobierno que a veces parece resuelto a cavar su propia tumba. El “modelo” al que Cristina se aferra está agotado, pero se resiste a emprender reformas significantes porque ha hecho de la negativa a cambiar un principio irrenunciable. Puesto que antepone “el relato”, es decir, la ideología que ha improvisado sobre la marcha, a todo lo demás, no puede reaccionar de manera pragmática frente a las dificultades concretas que continúan surgiendo como haría un gobernante democrático normal. Los oficialistas atribuyen el triunfo electoral de octubre del año pasado a su supuesto compromiso con su propio ideario, de modo que en su opinión tomar medidas para frenar la inflación, digamos, equivaldría a traicionarlo. Para complicar todavía más las perspectivas frente a Cristina, ya parece virtualmente imposible que prosperen los intentos de sus incondicionales de instalar la idea de una reforma constitucional a fin de facilitar la re-reelección, pero sucede que conforme a las tradiciones del país, de llegar a la conclusión el grueso de los integrantes de la clase política nacional de que su gestión tiene los días contados –incluso si es cuestión de más de mil–, no tardaría en convertirse en lo que los norteamericanos llaman un “pato rengo” de poderes irremediablemente menguantes, lo que sería intolerable para una mandataria habituada a que sus subordinados obedezcan todas sus órdenes por extravagantes que les parezcan. En otras latitudes, una presidenta consciente de que ha perdido el apoyo o, al menos, la aquiescencia de sectores muy amplios de la población procuraría reconciliarse con aquellos ciudadanos que protestaban por motivos concretos evidentes. Una forma de hacerlo consistiría en cambiar el gabinete, reemplazando a ministros y secretarios que, debido a su ineptitud, le han ocasionado muchísimos problemas, pero no quiere hacerlo. Parecería que el temor a ser considerada vacilante es tan grande que se siente obligada a respaldar al canciller Héctor Timerman, a la ministra de Seguridad Nilda Garré, al secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno y a otros que, a juzgar por los resultados de sus esfuerzos, no están a la altura de sus responsabilidades. Asimismo, la presidenta no puede sino entender que cometió un error garrafal cuando eligió, sin consultar a nadie, a Amado Boudou para desempeñar el papel de vicepresidente; por razones constitucionales, no le sería del todo fácil corregirlo sin ayudar a impulsar el juicio político del vicepresidente, pero dadas las circunstancias hacerlo podría resultar ser el mal menor.