Las definiciones públicas gubernamentales

Por qué el gobierno nacional ataca a los medios de comunicación independientes? A mi juicio, la respuesta está en la obsesión por acumular poder y presentar una sola versión de la realidad. Ahora bien, antes de analizar el tema propuesto debemos distinguir dos áreas del conocimiento: la realidad verificable y las valoraciones sociales. En la realidad verificable yo puedo afirmar que el frío dilata los metales, y lo repito mil veces. Con un simple experimento demuestro lo contrario y se prueba que mi afirmación es falsa. Dos ejemplos del centenar que podríamos citar. Cuando el gobierno nacional difunde los datos del Indec o la señora presidenta niega la existencia del cepo cambiario, estas afirmaciones conforman definiciones públicas en el campo de la realidad demostrable y provocan indignación porque se desprecia la inteligencia ciudadana, con un cinismo propio de aquellos que persiguen el caos y la destrucción de las instituciones. Sin embargo, un grupo de seguidores asalariados no se inmuta y está dispuesto a brindar todo su apoyo al relato tramposo. Las valoraciones sociales La cuestión es diferente cuando se trata de valoraciones sociales. Antes debemos aclarar que hay una zona de penumbra, pues en ocasiones no está muy claro si se trata de realidad verificable o de valoraciones sociales. Con esta advertencia abordaremos las definiciones públicas. Cuando nuestra presidenta se dirige al pueblo por cualquier medio de comunicación conocido, se vale de todos los recursos a su alcance para persuadir y conseguir adeptos a sus intereses políticos y esgrime un arma muy eficaz: las definiciones públicas. Esta estrategia consiste en la utilización de recursos sociológicos, en especial, de la profecía autocumplida (teorema de Thomas) y los estereotipos, todo ello por medio del lenguaje oral, gestual y/o visual. El teorema reza: “Si el hombre define situaciones como (si fueran) reales, ellas son reales en sus consecuencias”. Como muestra de la importancia que les asignan nuestros gobernantes a estos mecanismos de comunicación, han utilizado, en forma acertada, la propuesta de cambio de la expresión “paraísos fiscales” por la expresión “guaridas fiscales”. Podrían impulsar otra variación fecunda: cambiar la denominación de “barras bravas” por la de “barras cobardes” y daríamos un gran paso, aunque dudo que impulsen la corrección del rótulo de quienes son sus aliados. Si la presidenta afirma aquello de “la década ganada” y refuerza esta afirmación con definiciones visuales sobre la cantidad de viviendas construidas, las faraónicas obras inauguradas, los estereotipos negativos de la oposición y denuncia las intrigas que pretenden su destitución, todo ello en forma reiterada y apoyada por los aplaudidores elegidos y entrenados, el espectador o el lector desprevenido termina por creerle, en especial si es un beneficiario económico o recibe alguna prebenda gubernamental. Es decir: se manipula el dinero de los contribuyentes y los aportes de los jubilados para perpetuar un mecanismo de gobierno autoritario, intolerante, todo bien abonado por una corrupción visible, otra invisible y fuertes indicios de legisladores onerosamente borocotizados. Nuevamente asistimos al peligro del “estallido social”. Algunos funcionarios lo impulsan en sus declaraciones públicas sobre teorías conspirativas, ignorando que favorecen su realización. Según Bleger, se trata de “campos psicológicos autorrealizadores”, ya que las condiciones ambientales y la inflación son propicias y la definición actúa como detonante, especialmente si las declaraciones provienen de autoridades reconocidas. No se sabe qué conjeturar: ¿el funcionario o la presidenta lo ignoran, o bien lo promueven intencionalmente? En cualquiera de los casos no merecen desempeñarse en el cargo. (*) Doctor en Derecho

ENRIQUE LIBERATI (*)