Las leyes de Transparencia y Contractualización Frutícola son indispensables



Bautista J. Mendioroz *


Las leyes 3611 y 3993, se sancionaron y promulgaron pensando en y por el productor primario. Contienen todo para que los productores las utilicen para la esencial equidad en la distribución de la renta de la cadena de valor.


No por reiterados a lo largo del tiempo, los conceptos y los principios dejan de tener vigencia. No se pierden ni se transforman, a lo sumo se actualizan y/o revitalizan.

Es lo que sucede con dos leyes provinciales sumamente importantes y referidas al negocio frutícola: son la 3611 y la 3993, de Transparencia Frutícola y de Mesa de Contractualización.

En anteriores oportunidades, nos hemos referido a la significancia del negocio frutícola y su preponderancia en la economía rionegrina y a la importancia crucial que dentro del mismo tiene, entre otras cuestiones y factores, la transparencia en dicho negocio a fin de otorgar certidumbre a los productores primarios como eslabón más débil de la cadena y, asimismo, a una forma de ver la inclusión en el negocio y a la equidad que la misma conlleva en cuanto a la distribución de la renta frutícola.

A su vez, como complemento necesario de la transparencia, hemos afirmado que la creación por ley de la Mesa de Contractualización es fundamental. Y lo es porque para la producción de los chacareros, no es lo mismo tener o no, precios de referencia y contratos suscritos con los empacadores y/o exportadores, en los que se refleje con claridad el tipo, cantidad, calidad y precio de la fruta entregada.

Pero aquí, más que nada queremos resaltar los valores, principios e ideas que inspiraron e inspiran a las dos leyes mencionadas porque son esenciales para la buena salud del negocio frutícola.

Y como hablamos de valores y principios, hablamos asimismo de ideas. Y nuestra idea sobre la cuestión económica, es que no creemos en “la mano invisible del mercado”, el todopoderoso e infalible mercado. Pero tampoco creemos en un Estado elefantiásico, omnipresente y asfixiante que esté en todo y, a la vez, complique todo. Creemos en la economía mixta. En un mercado que asigne recursos por la vía de los precios y en un Estado que controle que el mercado no se desmadre y genere injusticias. Un Estado presente, promotor, regulador y que tienda a facilitar el negocio pero también que atienda la esencial equidad en la distribución de la renta de la cadena de valor.

Cada parte de la actividad tiene costos, procesos y resultados que la hacen única y por eso, la renta debe ser repartida de modo equitativo por más que la venta final la realice una empresa exportadora.

Ahora bien, vayamos a la actividad económica en general y a la fruticultura en particular:

• Existen muchos factores que colaboran para que un negocio o actividad económica sean exitosos, a saber: una buena dosis de capital, innovación tecnológica, una mano de obra capacitada, correctos procesos, el “saber comprar”, poseer adecuado financiamiento, ganar nuevos mercados, obtener un producto de calidad, mejorar la productividad y muchos más. Todos comunes, a cada una de las partes de la cadena frutícola por igual.

• Pero, como consideramos que cada eslabón de dicha cadena es un negocio en sí mismo (el productor primario posee uno, el empacador otro, el frío es otro, el que exporta otro y así) salvo que exista algún tipo de integración; por eso estamos convencidos de que el argumento en contra de una mayor transparencia que proviene de decir “somos una actividad tomadora de precios y no formadora” es, cuanto menos, una falacia que perjudica claramente al productor primario. Cada parte de la actividad tomada integralmente tiene costos, procesos y resultados que la hacen única y por eso, la renta debe ser repartida de modo equitativo por más que la venta final la realice una empresa exportadora.

Simple. Si todos colaboran y contribuyen, es cuanto menos inmoral e injusto que sea una sola la que pague todos “los costos” cuando la cosa viene mal y no reciba los “beneficios” cuando viene bien. Inaceptable.

La realidad es que, como en una especie de acordeón, dada la venta externa (por caso), los precios se “ensanchan”, se “extienden”, si los precios son buenos para el exportador; pero se “achican”, se “contraen”, cuando de reconocer dicho buen precio al productor se trata. Se le abona cualquier cosa.

La transparencia es un factor no incluido más arriba, que también le cabe a toda la cadena como objetivo final, pero la prioridad la tiene en nuestra opinión, una sola parte de la cadena de valor: la producción primaria. Es una condición insuficiente, desde luego; pero absolutamente necesaria.

Sin ella, sin los institutos y herramientas que se encuentran en ambas leyes, es imposible que la actividad de la producción primaria, del pequeño y mediano productor de pera y manzana, llegue a buen puerto. Las leyes 3611 y 3993, se sancionaron y promulgaron pensando en y por el productor primario y allí están.

Dichas normas contienen todo lo necesario para que los productores las utilicen. Para poder reclamar contratos, para realizar demandas judiciales (es una pena que los productores no hayan realizado más demandas judiciales y que solo se registren 4 sentencias a favor de estos en 10 años), para poder mediar, para la clasificación de la fruta, para tener precios de referencia que, como mínimo, como piso, le cubran los costos de producción, entre otros incentivos y resguardos frente a las posiciones dominantes de empacadores y exportadores.

Dichas leyes son absolutamente constitucionales, ya que nunca, ninguna instancia judicial declaró lo contrario. Además están vigentes y más actuales que nunca. Y más que pensar en actualizarlas, modernizarlas o derogarlas, lo que se debe hacer es cumplirlas. Y el que debe hacer esto es el Estado rionegrino. Ni más, ni menos.

Esa es la gran deuda para con los productores y para con la sanidad social y económica del sistema frutícola. Seguiremos esperando por ella.

* Ingeniero, exvicegobernador de Río Negro.


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