Leyes y realidades educativas

El sistema educativo argentino acrecentó, en las últimas dos décadas y en últimas gestiones, una profusa y maratónica cantidad de leyes nacionales, algunas de dudoso cumplimiento, entre ellas la de la obligatoriedad de la sala de cuatro años en el país.



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Además, dispuso una ley de Financiamiento Educativo que caducó en el 2010 y carece de metas actuales por no existir, otra de 180 días lectivos que alcanza menos de la mitad de las jurisdicciones y la de la sala de cuatro años obligatoria para el Nivel Inicial, que se desconoce si se podrá plasmar en el corto plazo, debido a que la construcción de nuevas salas demanda tiempo y recursos, ya que dependen de las jurisdicciones.

La sala de cuatro años ya era obligatoria en provincia de Buenos Aires, Córdoba, la capital federal y Río Negro, y optativa en Santa Fe, aunque cubre al 72% de los niños, mucho antes de la ley 27045 que impulsó el gobierno nacional y se sancionó en diciembre último.

La norma establece que “el Ministerio de Educación nacional y las autoridades jurisdiccionales asegurarán el cumplimiento a través de alternativas institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos, que se ajusten a los requerimientos locales y comunitarios, urbanos y rurales”.

Primero vienen las leyes, luego las planificaciones y los recursos, es el postulado argentino en materia educativa, que logró en los últimos años que se crearan universidades nuevas próximas a otras, sin atravesar las pruebas de factibilidad correspondientes, los estándares de calidad y la aprobación de los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional. Como muestra de que los resonantes anuncios en el campo educativo siempre son previos a las planificaciones en Argentina y a las conversaciones entre los distritos, como dictan las normas de la gobernabilidad, por estos días surgieron algunas protestas respecto de la demanda no resuelta de vacantes y salas de tres y cuatro años en jardines de infantes del sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los docentes porteños de UTE y padres de niños reclamaron y se llevaron el compromiso de un sector de legisladores de la Ciudad de contar con “una ley de emergencia” que aumente el presupuesto educativo para la construcción de escuelas y salas faltantes en los distritos del sur. Calculan los sindicalistas que aún permanecen sin respuestas 5.000 niños o lugares en los jardines, mientras conversan con el ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, acerca de la inscripción on-line.

Pero lo llamativo en esta oportunidad es el “corrimiento” de los alumnos de los barrios de Barracas y La Boca a la provincia de Buenos Aires, principalmente a establecimientos educativos del partido de Avellaneda.

Históricamente los alumnos de la provincia cruzaron “el charco”, como se conoce al Riachuelo, en busca de un lugar en escuelas y jardines de la capital, ante la falta de cobertura en los establecimientos bonaerenses o en busca de una educación diferenciada. Sin embargo, hoy el crecimiento demográfico en la Ciudad dio vuelta los tantos y se encuentra con una explosión de matrícula importante en los barrios del sur porteño que demandará un tiempo satisfacer.

En provincia de Buenos Aires, que cuenta con el sistema educativo más grande del país, la ministra de Educación Nora De Lucía aseguró que con la construcción de los 53 jardines de infantes que se inaugurarán este año “se cumplirá con el objetivo de que todos los chicos de cuatro y cinco años tengan un lugar en el sistema educativo”.

En el país existen 24 jurisdicciones, de las que unas cinco cumplen o se aproximan a la obligatoriedad de la sala de cuatro años, y habrá que observar qué sucede con la construcción de nuevas salas y escuelas en otras regiones como el NOA y el NEA cuyos niños, muchos de hogares empobrecidos, necesitan mucho más que otros de la escuela pública.

(*) Analista de Educación de DyN

LAURA HOJMAN (*)


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