“Libertad y castigo”

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“Los policías imputados en el caso Daniel Solano agreden a vecinos de Choele Choel”. “Impunidad policial”. “Liberan a siete policías imputados en el caso Solano”. Estos son algunos títulos que ha publicado 7 en Punto, diario digital. Ahora bien, creo que la libre expresión es un derecho que tenemos todos los ciudadanos en democracia, con lo cual me parece bárbaro que se informe a la población por este u otros medios sobre el avance de la investigación de la causa Solano, así como también estaría bueno que a la hora de hacerlo sean imparciales en cuanto a la noticia. El enfrentar a la sociedad no lleva a nada bueno, todos sabemos el dolor de ese padre que quiere saber qué pasó con su hijo o que este aparezca; por otro lado, tenemos a las siete familias que quieren ver libres a sus esposos, hijos, padres, hermanos, que desean estar con ellos, pero han pasado tres años y hasta la fecha el fiscal y el abogado de la querella, Dr. Heredia, no han podido avanzar en llevar la causa a juicio. Considero, sin llegar a afirmarlo, que uno de los motivos podría ser que la prueba colectada no es suficiente para que haya un veredicto condenatorio, porque de otra manera no me explico o no encuentro motivo a esta demora. Es una simple lectura de un sector más, sin entrar en detalles, o quizás detrás de ello hay un interés personal… no lo sé, lo cierto es que los siete policías siguen detenidos a pesar de que se han excedido los tiempos que la ley determina para una prisión preventiva que incluso se ha extendido mediante una prórroga. Entonces me pregunto: ¿por qué ese interés en crear divisiones entre la sociedad y la Policía? ¿Por qué ese castigo a quien todavía no se le ha probado nada? Ante el interés y la mirada expectante de la sociedad, se impone una fianza inalcanzable para que puedan estar en libertad, situación que por derecho les corresponde. La fianza es el derecho constitucional que tiene toda persona arrestada por la supuesta comisión de un delito a permanecer en libertad hasta que se le celebre juicio y se dicte sentencia, mediante el pago de una suma de dinero o garantizando ese pago con una propiedad. Este derecho existe porque en nuestro sistema de justicia se presume que toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Su único propósito es garantizar que una persona arrestada por la supuesta comisión de un delito comparezca al tribunal cada vez que se la cite. No se puede utilizar para castigar a aquel a quien no se le ha probado que ha cometido un delito, máxime cuando estos ciudadanos tienen sus casas, raíces y familia en la región. Hasta ahora no han demostrado interés por evadir a la Justicia, ya que antes de su detención se sabía de antemano que algo así podía acontecer y sin embargo no se fugaron ni evitaron su detención. Por otro lado, considero que los policías tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano, con lo cual es inadmisible en un estado de democracia que hagan oídos sordos ante sus reiterados reclamos de libertad. ¿Los derechos existen solo para algunos o son iguales para todos? ¿O por vestir un uniforme no son válidos? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¡En qué sociedad vivimos, que solo nos acordamos de ellos cuando los necesitamos! Tal vez pareciera decir que es necesario al Estado argentino, nacional o provincial, impedir la defensa de los derechos de los empleados policiales para que se cumplan los objetivos a su cargo, así está regulado en todo el mundo. Y cuando decimos “el mundo” hablamos del “Primer Mundo” que ponemos como ejemplo a seguir. Queda claro que la construcción de la sociedad depende de la responsabilidad con que tomemos nuestra labor en el campo de la justicia y la paz. Pero también resulta claro que, a mayor autoridad, mayor responsabilidad. Es deber de nuestras autoridades sostenernos y proyectarnos en una sociedad en la que la paz y la justicia sean reales, no solo utopías. Sandro Alberto Soria, DNI 20.856.645 Bariloche

Sandro Alberto Soria, DNI 20.856.645 Bariloche