Licencia para imprimir

PABLO F. VERANI (*)

La economía de nuestro país está siendo azotada, como en innumerables oportunidades, por altas tasas de inflación. Gran cantidad de factores pueden explicar este fenómeno, desde el simple comportamiento de las curvas de oferta y demanda de bienes y servicios en general, las decisiones que en materia económica ha tomado el gobierno nacional en los últimos tiempos, hasta la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central aprobada hace unos meses por el Congreso de la Nación. Queda claro que la modificación propuesta no fue por casualidad, revela claramente la intención de nuestros gobernantes de seguir utilizando al Banco Central de la República como una herramienta más para continuar financiando al Tesoro Nacional. Los dineros de la privatización de las AFJP, hoy en el Anses, y lo que ya ha venido recibiendo el Tesoro desde el Banco Central ya no alcanzan para financiar el expansivo nivel de gastos. Por ello el gobierno ha decidido modificar la Carta Orgánica de la autoridad monetaria del país eliminando restricciones para el uso de reservas e intensificando la utilización de adelantos transitorios. Como veremos, el gobierno ha obtenido una “licencia para imprimir” y, de esa manera, financiar el gasto público mediante emisión monetaria afectando a la economía en general y provocando intensos daños en miles y miles de asalariados, por más que se intente disfrazar los incrementos de precios a través de las estadísticas del Indec. El modelo económico diseñado, basado en el consumo interno, no está generando resultados favorables. La economía presenta severos problemas y no sólo hay que asumirlos sino también resolverlos. El más claro ejemplo lo constituye la matriz energética actual que no sólo impide crecimientos sostenidos del PBI sino que la imposición de precios impide que las inversiones encuentren rentabilidad en el sector, más allá de los factores institucionales necesarios para que las empresas hallen la tan mentada seguridad jurídica. Como decía, la modificación a la carta Orgánica del Banco Central tiene por objeto, principalmente, eliminar la restricción a un nivel mínimo de reservas que respalden la base monetaria. El nivel de reservas óptimo lo decidiría el Directorio del Banco Central, pudiendo prestarle los excedentes al Tesoro. También se modifica el artículo 20 de la misma, donde los adelantos transitorios están compuestos por el 12% de la base monetaria más el 10% de los recursos en efectivo que hubiese recaudado el gobierno en los últimos doce meses y a devolver dentro de los doce meses; a partir de la reforma, el porcentaje de los recursos efectivamente recaudados se eleva al 20% y el Tesoro podrá tomarse 18 meses para su devolución. Para explicar sencillamente lo que ello implica, veamos la siguiente relación: RLD = stock de reservas – BM/TCN RLD: reservas de libre disponibilidad BM: base monetaria TCN: tipo de cambio nominal Al mes de marzo del corriente año, el stock de reservas ascendía a u$s 47.000 millones, la base monetaria a $ 202.600 millones y el tipo de cambio nominal era de $ 4,36. Según esta ecuación, las reservas de libre disponibilidad ascendían a u$s 532 millones. De ello se desprende que, para incrementar el nivel de RLD, o se incrementa el stock de reservas mediante el saldo favorable de la balanza comercial o se disminuye el cociente BM/TCN aumentando el tipo de cambio nominal. Las alternativas anteriores distan de las decisiones que el gobierno pueda tomar; si del stock de reservas hablamos y de incrementarlo mediante el saldo favorable de la balanza comercial (exportaciones-importaciones), la política de exportaciones vigente o, en su defecto, la política de sustitución de importaciones se aleja del resultado deseado. Ejemplo de ello fue el saldo negativo de la balanza comercial durante el 2011 explicado, en mayor porcentaje, por la importación de combustibles. Por el lado del tipo de cambio nominal resulta también impensado modificar el nivel de RLD, ya que el tipo de cambio cuasi fijo, la no emisión de deuda y una política monetaria expansiva han sido los ejes sobre los cuales ha basado el gobierno nacional su política fiscal. Por el lado de los adelantos transitorios, el techo de los mismos antes de la reforma ascendía a $ 81.700 millones, de los cuales a fines de enero de este año ya se habían utilizado $ 67.100 millones. La modificación aprobada implica que el nuevo techo asciende a $ 137.000 millones. Es decir que las posibilidades de financiar al Tesoro han crecido en $ 69.900 millones producto de la reforma: $ 14.600 millones de excedente no utilizado más $ 55.300 millones producto del nuevo techo ($ 137.000 millones-81.700 millones). Ello significa que el gobierno ha obtenido una “licencia para imprimir de $ 69.900 millones” para el corriente año. Dicho de otra forma, el Banco Central de la República estaría en condiciones de imprimir billetes por de $ 69.900 millones destinados a financiar el gasto público. Si el déficit primario previsto para el 2012 es de $ 5.000 millones, a pesar de los fondos heterodoxos recibidos, estaríamos hablando de más de doce veces el déficit presupuestado. Es indiscutible, entonces, que esta visión forzada que el gobierno mantiene sobre la economía ha llevado a modificar la Carta Orgánica del Banco Central de tal manera que permita continuar con esta política fiscal, donde las tasas de crecimiento del gasto público superan las posibilidades de sustentarlo a corto y mediano plazo. Estas decisiones llevan a suponer que el Banco Central está dispuesto a tolerar altas tasas de inflación, superiores al 25%, admitiendo que el crecimiento de los precios responde a pujas distributivas entre empresas y sindicatos; ambos sectores cuentan con poder para fijar precios y salarios, de manera que hay que acompañar estas políticas con aumentos de cantidad de dinero para que los niveles de actividad no decaigan. De lo hasta aquí manifestado se desprende que el Banco Central ha dejado de ser el principal custodio del valor de nuestra moneda, tal como lo indica su anterior Carta Orgánica. Ahora tendrá, además, objetivos vinculados a la estabilidad monetaria, financiera y al desarrollo económico con equidad social. Pareciera que, por los argumentos expuestos al momento de la reforma tanto por el gobierno como la presidenta del Banco Central, la contención de la inflación no está dentro de sus prioridades, de hecho se expusieron razones ideológicas y políticas de que, convengamos, el gobierno tiene facultad para hacerlo, lo que no va a poder hacer es evitar las consecuencias. (*) Contador público nacional