Licuarán los efectos de la ley de disponibilidad

Marcelo Ochoa

El gobierno provincial desarticulará la ley de disponibilidad. Un fuerte debate del gabinete sacudió su ejecución, postergando su reglamentación para atenuar el impacto laboral en los agentes de planta permanente. El nuevo texto del decreto diluirá su implementación y, para eso, se dispondrá el llamado a los gremios.

La licuación del plan de disponibilidad se selló en el encuentro del miércoles, en la Residencia. El debate fue áspero. Dos enfoques se plasmaron. Uno: el objetivo de la ley ya es políticamente impracticable. El otro: esa medida es determinante para transparentar el recurso humano y marchar al equilibrio financiero.

Este lineamiento fiscal abrió una seria brecha en la discusión. “Si el propósito era el ajuste, yo no lo hubiera fundamentado en el recinto”, clamó Pedro Pesatti, hoy titular de la bancada oficialista y que fue miembro informante del proyecto. El legislador escuchó razones y pareció haber detectado otro propósito más allá del original proceso para desenmascarar “ñoquis” en el Estado.

Respondía al juicio que especialmente expresaba el ministro Alejandro Palmieri, un celoso de las cuentas provinciales y de los requerimientos de Nación. Habló de los excesos de personal y la necesidad de disminuir la actual masa salarial. Esta postura tenía otros pilares: el fiscal de Estado, Pablo Bergonzi, y el secretario Legal, Nicolás Rochas. Aquel insistió en el respeto al plan inicial del gobernador Carlos Soria que consistía en transparentar y eficientizar a la administración pública. Ambos técnicos -conjuntamente con el secretario General, Julián Goinhex, y el titular de la Función Pública, Sandro Chaina- confeccionaron el concluido reglamento, celoso de la fidelidad de la disponibilidad pero hoy en clara revisión.

Goinhex hizo su aporte pragmático. Ya hay normas -explicó- que permiten correcciones laborales. Enumeró lo hecho por su cartera con empleados que no asisten o con cargos inexistentes. Repitió que sólo hay que hacerlo, incluso se ofreció para cumplirlo en otras jurisdicciones. Así, habló de la dificultad frente a la complejidad de la ley pero insistió en un “proceso” de transparencia del personal, pero asentado en lineamientos y actuaciones de todos los funcionarios.

Weretilneck escuchaba y medía sus intervenciones, siempre cuidando el equilibrio en la fuerza gobernante. Igual, enviaba señales inconfundibles que ya no está la decisión política para sostener semejante proyecto.

En el gabinete se evalúo incluso la derogación de la ley pero se consideró el negativo impacto de semejante decisión. Por eso, se aplazó el decreto reglamentario, que se anunciaba para la semana próxima, con la idea de trabajar en su flexibilización.

El criterio coincidente: concentrarse en los cargos vacíos, sin funciones, y la existencia de ex funcionarios anexados a planta permanente.

Pesatti insistía que la aplicación era imposible mientras Juan Manuel Pichetto reforzaba ese diagnóstico, instando a forzar otras reformas y el mejoramiento de ingresos (especialmente, la suba de regalías petroleras). El ministro insistió en avanzar con un programa de jubilación para aquellos en condiciones.

El gobernador concluyó que el boceto reglamentario volviera al análisis con el objetivo de desmenbrar un efecto general. Dispuso su reformulación y convocar a los gremios para las correcciones. Asignó en esa misión al secretario Chaina. Allí se encuadró una reflexión de Bergonzi. “Scalesi dijo que la ley era un cañón contra un mosquito. Bueno, que colabore a encontrar el mosquito”, lanzó el fiscal. Aludía a dichos del secretario general de UPCN sobre de la desproporción de esa norma.

Luego, el ministro Hugo Lastra insistía ante el periodismo que se aplicaría la ley porque “todavía hay ñoquis en planta permanente”. Ya sabía, como todo el gabinete, que esa finalidad se cumpliría con un instrumento menguado. (AV)

El asunto fue tema de la reunión de gabinete del miércoles pasado, en la que hubo un áspero debate.

ADRIÁN PECOLLO

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