Lógica populista
Por desgracia, a ciertos presidentes, entre ellos Duhalde, les costó mucho adaptarse al papel ingrato que este sistema insensato les tiene reservado.
Que el presidente Eduardo Duhalde se haya sentido frustrado por la terquedad de la que han hecho gala tantos legisladores, gobernadores provinciales, jueces y otros integrantes de la clase política nacional que se han resistido a entender la gravedad de la crisis en la que se encuentra el país es comprensible. En cambio, a los poco acostumbrados a los procesos mentales del populismo criollo no les sería tan fácil entender por qué Duhalde con cierta frecuencia se ha afirmado dispuesto a lavarse las manos de los problemas que debería estar procurando resolver como en efecto hizo al declarar que, a menos que el Congreso aprobara con rapidez un nuevo Plan Bonex, los bancos «tendrán que abrir sus puertas y que sea lo que Dios quiera». En otras palabras, con la presunta finalidad de propinar a los poderes Judicial y Legislativo una buena lección, el presidente de la República dijo que dejaría que se produjera lo que creía sería un desastre fenomenal, uno que con toda seguridad hubiera incidido de forma sumamente negativa en el futuro del país, aunque después, cuando Jorge Remes Lenicov ya había renunciado, logró convencerse de que la «ley tapón» serviría para impedir el desastre previsto.
Con todo, estaba escrito que un día el país se hallaría en esta situación aberrante. Era de prever porque desde la caída de la dictadura militar a raíz de la Guerra de las Malvinas, virtualmente todos los políticos, con la excepción parcial del presidente de turno, se han negado a solidarizarse con medidas que a su juicio, y a aquel de las encuestas de opinión, podrían considerarse «antipopulares». Como consecuencia de la pasividad conservadora así supuesta, casi todos los intentos de instrumentar cambios han fracasado debido a la oposición automática del grueso de los legisladores y el accionar de jueces que, como es natural, privilegian lo que siempre se ha hecho y que por lo tanto está consagrado en los códigos legales por encima de lo que convendría hacer frente a un panorama radicalmente nuevo. Puesto que Duhalde es un populista cabal, se resiste tanto como el que más a impulsar medidas antipáticas, razón por la que su gestión se ha caracterizado por su hábito de demorar hasta el último momento la toma de decisiones difíciles que, es innecesario decirlo, siempre resultan ser inadecuadas. Es probable que de haber iniciado Duhalde su gestión anunciando una versión del Plan Bonex y otras medidas igualmente drásticas, el país ya hubiera comenzado a recuperarse.
Por estar convencidos de que un «político de raza» se destaca por su capacidad para alejarse con agilidad de cualquier decisión que podría ocasionarle problemas, abundan los «dirigentes» que automáticamente se niegan a asumir las responsabilidades que les corresponden, de ahí la sensación de que el país está girando fuera de control. Durante años ha sido considerado normal que el presidente sea denostado por haberse vendido a los «neoliberales» mientras que el «ala política» de su propio partido, además de la oposición formal, lo ataque por su negativa a aplicar medidas generosas que supuestamente servirían para inaugurar una época de bonanza general. Por desgracia, a ciertos presidentes, entre ellos Duhalde, les ha costado mucho adaptarse al papel ingrato que este sistema insensato les tiene reservado: tal como ocurrió con su actual aliado Raúl Alfonsín, está perdiendo tanto tiempo aprendiendo su oficio que no sorprendería en absoluto que terminara desatando un estallido hiperinflacionario.
Por razones legítimas, Duhalde quisiera que el Congreso compartiera la dura responsabilidad de gobernar el país en esta etapa sumamente difícil, motivo por el que a menudo nos recuerda que su mandato es parlamentario y que de quererlo los legisladores podrían reemplazarlo por otro. Si bien es probable que a la larga un sistema parlamentario resultara superior al presidencialismo tradicional, sería poco oportuno intentar instalarlo en medio de una crisis tan amenazadora como la que estamos viviendo, pero de desplomarse el gobierno de Duhalde debido a la voluntad de los parlamentarios peronistas y radicales de obstaculizar todas sus iniciativas, no extrañaría del todo que ciertos legisladores se vieran constreñidos a asumir, en muchos casos por primera vez, aquellas responsabilidades ejecutivas que con tanta ingenuidad han procurado eludir.
Que el presidente Eduardo Duhalde se haya sentido frustrado por la terquedad de la que han hecho gala tantos legisladores, gobernadores provinciales, jueces y otros integrantes de la clase política nacional que se han resistido a entender la gravedad de la crisis en la que se encuentra el país es comprensible. En cambio, a los poco acostumbrados a los procesos mentales del populismo criollo no les sería tan fácil entender por qué Duhalde con cierta frecuencia se ha afirmado dispuesto a lavarse las manos de los problemas que debería estar procurando resolver como en efecto hizo al declarar que, a menos que el Congreso aprobara con rapidez un nuevo Plan Bonex, los bancos "tendrán que abrir sus puertas y que sea lo que Dios quiera". En otras palabras, con la presunta finalidad de propinar a los poderes Judicial y Legislativo una buena lección, el presidente de la República dijo que dejaría que se produjera lo que creía sería un desastre fenomenal, uno que con toda seguridad hubiera incidido de forma sumamente negativa en el futuro del país, aunque después, cuando Jorge Remes Lenicov ya había renunciado, logró convencerse de que la "ley tapón" serviría para impedir el desastre previsto.
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