Los costos de la irresponsabilidad
Aun cuando, para sorpresa de muchos analistas del mundillo financiero, la Cámara de Apelaciones de Nueva York optara por revisar el fallo del juez Thomas Griesa que puso a la Argentina al borde de un default técnico, seguirían siendo muy altos los costos para el país del intento del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de presionar a la Justicia norteamericana, advirtiéndole de antemano que nunca pagaría un solo centavo a los llamados “fondos buitre”. Lo entienda o no el grueso de la clase política nacional, el que el país se las haya arreglado para adquirir la reputación de ser un defaulteador serial significa que tendrían que transcurrir muchos años, tal vez varias décadas, antes de que dejara de ser considerado como un paria financiero internacional. He aquí un motivo por el que Griesa, luego de haber favorecido sistemáticamente al gobierno kirchnerista en las causas relacionadas con el default, en esta oportunidad reaccionó de forma tan severa frente a lo que tomó por una manifestación de desprecio por las reglas legales que supuestamente rigen en el mundo actual. Puesto que a juicio de la mayoría la crisis financiera que ha tenido un impacto tan negativo en la “economía real” de los países desarrollados se debió precisamente a la falta de reglas firmes, la actitud de Griesa podría interpretarse como un reflejo de la convicción difundida de que es necesario disciplinar no sólo a los banqueros y especuladores sino también a gobiernos que se han habituado a mofarse de las normas. Los abogados contratados por el gobierno de Cristina, con el apoyo de quienes entraron en el canje y, según parece, la Reserva Federal de Estados Unidos, dicen sentirse preocupados por las repercusiones internacionales del fallo, ya que harían aún más difícil la futura reestructuración de las deudas de países insolventes como Grecia. Estarán en lo cierto, aunque al endeudarse los gobiernos de países poco confiables suelen prepararse con antelación para defenderse contra los eventuales ataques de fondos especulativos, como aquellos que tantos dolores de cabeza nos están ocasionando, algo que nuestros gobernantes omitieron hacer. De todos modos, para minimizar los costos de un default, convendría que los encargados de manejar las consecuencias procuraran impresionar con su buena fe tanto a los acreedores como a las autoridades judiciales de los distritos en que se ubican los tribunales que tendrían que mediar en los conflictos que no podrán sino darse. Huelga decir que, por motivos de política interna, el gobierno kirchnerista eligió desde el vamos asumir una postura desafiante. En el muy corto plazo, negarse a pagar deudas podría resultar ventajoso, pero a la larga los costos suelen ser terriblemente altos. Nunca sabremos cuánto nos ha perjudicado el default declarado, en medio de la euforia de muchos legisladores, por el fugaz presidente Adolfo Rodríguez Saá, pero es razonable suponer que andando el tiempo excederá los beneficios producidos por el canje supuestamente exitoso que instrumentó el gobierno kirchnerista. Aunque en la actualidad la deuda externa es insólitamente baja, el país sigue aislado financieramente del resto del mundo, sin capacidad alguna de conseguir créditos a tasas de interés soportables. Asimismo, la escasa seriedad de los responsables tanto del endeudamiento excesivo como de la reivindicación ideológica, cuando no ética, de la negativa a prestar atención a los derechos de los bonistas que se sienten defraudados que, desde luego, no se limitan a los especuladores de los célebres “fondos buitre” sino que también incluyen a muchos jubilados argentinos, italianos, alemanes y japoneses, ha continuado incidiendo de manera sumamente destructiva en el funcionamiento de la economía. Por desgracia, ya es evidente que el derrumbe catastrófico del 2001 y el 2002 que hundió a millones de personas en la pobreza extrema no sirvió para modificar mucho la forma de pensar y actuar de los integrantes de la clase gobernante que, con astucia, logró aprovechar en beneficio propio el desastre colectivo atribuyéndolo a enemigos foráneos, de tal modo asegurando que otros pagaran los costos de una calamidad imputable a la irresponsabilidad de los políticos, empresarios, financistas e ideólogos populistas que, a pesar de todo lo ocurrido, siguen dominando el país.
