Los desafíos de Chile

Chile comenzó el proceso que lo llevará, en dos años, a tener una nueva Constitución, con la que espera desterrar el legado autoritario de la dictadura. Sin embargo, pese al entusiasmo generado por la abrumadora aprobación de la reforma por casi el 80% del electorado, el proceso democratizador no está exento de riesgos e incertidumbres.

La magnitud del triunfo del “Apruebo” por 78.27% sorprendió incluso a los más optimistas y el hecho de que una cifra muy similar se inclinara porque este cambio sea realizado por una Asamblea Constituyente soberana y paritaria revela la voluntad de cambio que anidaba en la sociedad chilena. Ya se había visto en las movilizaciones masivas desde el estallido social de octubre de 2019.

Definir una nueva institucionalidad en medio de una crisis de representación y elevadas expectativas de la sociedad no carece de peligros. Sin embargo, es una oportunidad histórica que no se puede retrasar

La visión de una institucionalidad amarrada al legado del dictador Pinochet en estos 30 años de recuperación democrática dejan una sensación de “transición inconclusa”, pese a los cambios introducidos en los gobiernos de centroizquierda y de derecha. Un sistema de elevadísimos quórums y complejos procedimientos formaban una arquitectura jurídica repleta de “enclaves autoritarios” blindados a modificaciones de fondo. La visión de su mentor, el constitucionalista Jaime Guzmán, era una democracia tutelada que desconfiaba de la participación popular y reservaba a una minoría conservadora gran capacidad de veto sobre cualquier iniciativa considerada “irresponsable”.

En los gobiernos de Aylwin, Lagos y Bachelet se logró modificar la inamovilidad de los comandantes militares, los senadores designados y vitalicios, la proscripción de partidos. Pero el sistema de quórums (2/3 y 3/5 del Congreso) y un sistema electoral que sobrerrepresentaba a la derecha (se cambió hace solo 5 años) impidió reformas para ampliar la participación ciudadana y darle mayor rol al Estado en la economía.

Este relativo inmovilismo político, sumado a casos de abusos empresarios y de corrupción, fue generando una creciente separación entre el ciudadano y las élites políticas y empresarias. El descontento estalló a fines de 2019 y solo la promesa de una reforma institucional de fondo para superar las desigualdades y la precaridad en la que vive buena parte de la población permitió una salida política y democrática al conflicto social.

Pero es una tregua social muy frágil. Varias condiciones en el proceso que debiera culminar en el segundo semestre de 2022 con una nueva Carta Magna pondrán tensión en el camino. En primer lugar, hay expectativas de mejoras inmediatas en jubilaciones, salud y educación que no dependen de la Constitución y que el gobierno de Piñera difícilmente podrá cumplir. Por otra parte, en varias etapas del proceso como la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente (que incluirá paridad de género y habilita la participación de personas de la sociedad civil ajenas a partidos) coincidirán procesos electorales comunes, como las elecciones municipales y regionales. Y mientras la asamblea redacte el nuevo texto habrá comicios presidenciales y legislativos (noviembre de 2021) con lo cual se estarán debatiendo al mismo tiempo temas de fondo y los coyunturales de toda campaña.

El plebiscito arrojó dos lecturas inquietantes: si bien la participación ciudadana fue elevada para los parámetros del voto voluntario, apenas superó el 50%, lo que indica que aún buena parte del país sigue al margen. Por otra parte, los únicos distritos donde ganó el “rechazo” son al mismo tiempo la residencia del 1% más rico de la población que controla el 25% del PIB y revela la brecha de percepción entre este sector y el grueso de la población.

El proceso que inicia Chile es desafiante: definir una nueva institucionalidad en medio de una crisis de representación y elevadas expectativas de la sociedad no carece de peligros. Sin embargo, es una oportunidad histórica que no se puede retrasar y que podría renovar la democracia chilena, con un nuevo pacto republicano de gobierno entre ciudadanos con participación activa en el diseño de su futuro.


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