Los guardavidas vuelven a entrar en conflicto con el municipio de Bariloche

El 70% de los trabajadores se consideró despedido por el municipio e inició acciones legales. El gobierno abrió la convocatoria para cubrir las playas.

Casi el 70% de los guardavidas que trabajaban desde hace años para el municipio en las temporadas de verano se consideraron despedidos por el cambio de condiciones laborales y un recorte de salarios que se les quiso imponer este año.

El servicio de vigilancia y cuidado en las ocho playas lacustres con regulación municipal quedará condicionado por el conflicto, ya que la convocatoria para incorporar 39 guardavidas sólo habría encontrado hasta ahora la respuesta de 18 interesados.

Además, la resolución respectiva establece un sistema de boyados restringidos para achicar los sectores bajo control en los balnearios más grandes, de modo que el Estado no se haría responsable de eventuales emergencias fuera de esas “piletas”.

El secretario general del sindicato de guardavidas de Bariloche, Juan Rapoport, dijo que 22 de los 34 trabajadores afiliados a la entidad que estaban dispuestos a iniciar la temporada (y que en muchos casos tienen 10 años de antigüedad en esa tarea) notificaron que se consideran despedidos e iniciaron la respectiva demanda laboral contra el municipio.

“La razón es que nos imponen una rebaja salarial, porque desconocen el convenio colectivo que nos rigió desde hace años para empezar a aplicar otro, el más barato que encontraron, que significa un recorte del 17%”, explicó el dirigente.

Dijo que en Bariloche habían acordado con el municipio un convenio equivalente a “dos categorías 17”, más los adicionales previstos en el Estatuto del trabajador municipal, con los cual les correspondería una remuneración mensual de bolsillo de 114.000 pesos. Pero el gobierno municipal pretende aplicar este año el convenio de Subara (explicó Rapaport), que es un sindicato “idenfificado con la burocracia y sin mayor representatividad”, con presencia “solo en piletas y en algunas provincias del norte”. Con esa escala les pagarían un sueldo de 97 mil pesos.

El municipio también cambió otras condiciones este año como la fecha de inicio de la temporada (que fue fijada para el 13 de diciembre, cuando históricamente fue el 1) y la profundización del criterio de “piletas boyadas” para los balnearios más amplios.

Rapaport explicó que esa regla es “un absurdo” porque viola la ley nacional del sector y porque “lo usual es que el servicio de guardavidas se brinde donde va la gente. Si hay un sector de la playa que se llena, no se puede decir que el servicio sólo llega hasta esta boya”.

La subsecretaria municipal de Protección Civil, Patricia Díaz, dijo que esa delimitación ya rigió desde el año pasado y la indicación es que los niños y las personas que no saben nadar solo usen esos espacios, que tiene el tamaño de una pileta olímpica (20 metros por 50). Indicó que más allá, aguas adentro, “la responsabilidad es de Prefectura”. También dijo que la presencia de guardavidas no se puede garantizar en todo el ancho de las playas.

Rapoport aseguró que en una playa regulada deber haber por ley un guardavidas cada 80 metros y esa regla no se cumple.

Señaló que la convocatoria municipal tuvo una respuesta muy parcial y sólo estaría asegurado un servicio con 18 guardavidas para las ocho playas, cuando la resolución del intendente emitida a principios de octubre estableció la necesidad de incorporar 39 agentes.

Díaz dijo que no tienen todavía el número definitivo de profesionales que cumplirán tareas esta temporada y que recién lo sabrán el próximo jueves 25, cuando terminen de rendir las “reválidas” que los habilitan a trabajar.

Rapoport afirmó que decidieron iniciar la demanda por despidos debido al recorte salarial, pero no es la única “violación de derechos adquiridos” que padecen, porque también habría otras relacionadas con la antigüedad, los lugares fijos de trabajo y el reconocimiento de feriados.

Consideró que es “inexplicable” la política restrictiva iniciada por el municipio en relación con el cuidado de playas, porque “se espera una temporada récord de turistas” y -según subrayó- el servicio no va a estar garantizado al mismo nivel que en años anteriores.


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