Los impuestos se hacen sentir en el bolsillo del trabajador

A pesar del hecho de que una persona debe destinar casi la mitad de su sueldo al pago de impuestos, a medida que transcurren los meses el 2012 evidencia un estrés financiero en la caja de todos los niveles de gobierno y una desaceleración de la recaudación en términos nominales.

Si se considera la “presión tributaria legal” –es decir, aquella que surge de cuantificar lo que realmente paga un contribuyente que se encuentra en el mercado de trabajo formal y que no evade–, ésta se ubicaría entre el 46,8% y el 53,3% del ingreso total de una familia tipo (compuesta por un matrimonio y dos hijos). Éste es uno de los resultados obtenidos de una estimación realizada por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) que contempla los impuestos nacionales (directos e indirectos), provinciales y municipales.

Otra forma de medir el peso que tienen los impuestos en la economía consiste en comparar el total de los ingresos efectivamente recaudados por el gobierno con el producto bruto generado por la economía (PBI). Este ratio, recaudación/PBI, se denomina presión tributaria efectiva y en nuestro país se ubica en torno al 34%, cifra que representa un récord. Dado que este indicador solamente refleja lo que se cobra y no lo que se debería pagar según la legislación vigente, el trabajo antes mencionado opta por seguir el enfoque de la presión tributaria legal. De esta manera se puede abordar el tema desde el lado de los asalariados, que ven cómo una parte cada vez mayor del fruto de su esfuerzo laboral va a parar a las arcas públicas.

Para estimar cuál es el alcance de la presión fiscal tanto sobre los trabajadores que cobran salarios bajos como sobre los que perciben mayores ingresos, los economistas del Iaraf analizaron el impacto de la carga legal de impuestos en cuatro tramos de ingresos brutos. Asumiendo un incremento del 23% en el sueldo bruto en todos los tramos y que no se modifica la estructura actual del Impuesto a las Ganancias, el peso mayor se dio en los sueldos más altos. A priori, esto implicaría que la estructura impositiva es en algún grado progresiva. En el caso de un trabajador en relación de dependencia que cobra un salario neto del orden de los 30.000 pesos mensuales, la carga impositiva llega al 53,3%. En el otro extremo, en un hogar que tiene un ingreso neto de 6.045 pesos mensuales, la presión tributaria legal baja al 46,8%. (Ver infografía)

Si se comparan estas cifras con las del año pasado se pueden apreciar incrementos desde casi medio punto porcentual hasta entre tres y cuatro puntos en el caso de los tramos de mayores ingresos. (Ver infografía)

De la carga impositiva mencionada, la mayor parte corresponde a impuestos directos: impuestos al trabajo (aportes y contribuciones) y Ganancias. El resto de la carga guarda relación con impuestos indirectos y otros como el Inmobiliario y el Automotor.

En el caso del trabajador de menores ingresos, un 32,5% de la carga impositiva se explica por los impuestos al trabajo y un 13,1% por impuestos indirectos que se pagan a Nación, provincia y municipio. En esta categoría se encuadran el IVA, Ingresos Brutos y otros gravámenes específicos, que se pagan al adquirir cualquier tipo de bien o servicio. El restante 1,2% viene representado por Inmobiliario y Automotor, materia en la que se han producido muchos cambios este año.

En el trabajo realizado por el Instituto con sede en Córdoba no se consideran para el cálculo de la presión impositiva los tributos que se pagan en el caso de algunas operaciones que podrían entenderse como extraordinarias; por ejemplo, las transacciones financieras que impliquen un depósito bancario (alcanzado por el “impuesto al cheque”, que en su naturaleza fue creado como temporal y en un contexto de crisis económica) y las que se pagan por operaciones inmobiliarias y sucesiones, así como así las tasas municipales (por considerarse que técnicamente no son impuestos).

El otro gran impuesto que no se refleja en el análisis del Iaraf es uno al cual el gobierno nacional recurre cada vez con mayor intensidad: el impuesto inflacionario. Si bien el aumento del sueldo bruto supuesto en los cálculos del instituto es del 23%, éste se encuentra por debajo de la inflación real del 2011 y, según algunas estimaciones privadas, este año también quedaría detrás del incremento de los precios por algunos puntos porcentuales. Continuar financiando el incremento del gasto público con este impuesto y no combatir la inflación no hace más que agravar las inequidades y las injusticias.

No debería sorprender a nadie el aumento de la presión tributaria descripto, dado que le ha permitido al proceso político iniciado en el 2003 concretar una de las ideas económicas y políticas: el financiamiento de un Estado cada vez más grande y con mayor injerencia en los diferentes mercados y en la toma de decisiones de los privados.

En principio, no debería considerarse como malo que el Estado disponga de mayores recursos públicos si los mismos son empleados de manera eficiente en términos de prestaciones que ayuden a combatir desigualdades en la distribución del ingreso y fortalecer la competitividad para permitir un crecimiento económico sustentable. Pero el resultado es otro cuando se destinan recursos al aumento del gasto público improductivo e ineficiente y se pierden de vista objetivos de equidad tributaria y econó- mica.

El otro punto discutible es la forma en que se financia la expansión. Puede hacerse a través de impuestos que aumenten la progresividad y la transparencia, lo cual es claramente preferible a hacerlo por medio de tributos regresivos que gravan de igual forma lo que consumen ricos y pobres aunque sea más sencilla su recaudación.

Con cambios

en ganancias

Más allá de las disputas entre el gobierno nacional y el líder sindical Hugo Moyano, lo cierto es que en un escenario de deterioro fiscal, el universo de trabajadores alcanzados por el gravamen ha crecido enormemente debido a la falta de actualización de la base imponible combinada con el aumento de lo que se paga en cada categoría y el crecimiento del empleo formal. Estos factores han hecho que cada vez más empleados de ingresos medios y bajos sientan el peso del impuesto en el bolsillo (algunas estimaciones dan cuenta de que este año entre 1,5 y 1,8 millones de personas deberán tributar Ganancias).

Pero, paralelamente, no se ha visto una reducción en tributos regresivos como los impuestos internos y el IVA. Este último representa alrededor del 30% de la recaudación total, convirtiéndose así en la principal fuente de recursos tributarios, por encima de Seguridad Social, Ganancias (20%), retenciones y el impuesto al cheque.

¿Cómo quedaría la ecuación si se modificaran los mínimos y las deducciones permitidas en el Impuesto a las Ganancias?

Según el trabajo publicado por el Iaraf, suponiendo una actualización del 20% en los mínimos y deducciones de Ganancias, la carga tributaria total pasaría a estar entre el 46,8 y el 52% del ingreso familiar, con lo cual todavía se ubicaría por encima de los valores del año pasado. (Ver infografía)

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