Los infractores a la cuarentena superaron los 11.000 en Neuquén y Río Negro
Son los imputados sólo por los Poderes Judiciales provinciales. A muchos les secuestraron el vehículo. En Neuquén pueden obtener una probation si hacen una donación a salud pública.
Los controles policiales en el departamento Confluencia.
Las estadísticas valen poco sin el contexto. Dentro de muchos años, cuando de estos tiempos apenas quede un recuerdo, algún estudioso analizará los delitos cometidos entre marzo y julio de 2020 y se asombrará porque no sobresalen los robos, ni los homicidios, ni las lesiones o las amenazas, como en períodos anteriores. Estos meses el artículo del Código Penal más desobedecido es el que castiga a quien “no cumple las medidas dispuestas por las autoridades para impedir la introducción o propagación de una epidemia”. Allí se nota la importancia del contexto: es imposible comprender este comportamiento sin la pandemia de coronavirus.
Desde el 18 de marzo, cuando el gobierno nacional, con la adhesión de las provincias, restringió la circulación peatonal y vehicular para retrasar los contagios y la llegada del pico de covid-19, los controles han funcionado con diverso grado de intensidad en Neuquén y Río Negro.
Entre fines de marzo y abril la presión fue muy fuerte, y a toda persona que era sorprendida en la vía pública sin una justificación, o fuera de los horarios permitidos, se le iniciaba una causa penal. A muchos les secuestraron el vehículo.
Sumados los imputados de las dos provincias, superan las 11.000 personas.
Algunos reincidentes sufrieron hasta prisión domiciliaria con vigilancia policial: 63 personas, en el caso de Neuquén. Otras 73 fueron obligadas a quedarse en sus casas aunque sin vigilancia. A 10 les dictaron prisión preventiva.
De acuerdo con informes del Poder Judicial de Río Negro, en la provincia se abrieron 3.654 expedientes por incumplimiento de la cuarentena. Con estos extremos: Cipolletti es la ciudad con más infractores, y Viedma la que menos cantidad registró.
En Neuquén en tanto, hay 7.622 imputados por ese delito y otros dos que también se aplican: propagar una enfermedad peligrosa o contagiosa; y desobediencia a un funcionario público.
Las estadísticas obtenidas por Río Negro corresponden a los poderes judiciales provinciales, en base a operativos realizados callejeros por las respectivas policías que fueron encargadas que hacer cumplir los decretos presidenciales.
Las fuerzas federales -Gendarmería, Prefectura, Policía Aeroportuaria, Policía Federal- realizaron sus propios procedimientos y elevaron las actuaciones a los juzgados federales, impermeables a la salida de cualquier dato que se parezca a una información.
En un principio se pensó que podría plantearse una cuestión de competencia: ¿quién debe intervenir, un juzgado federal o uno provincial (u ordinario, como los llaman desde el Poder Judicial nacional)? Sin embargo no hubo disputas de esa naturaleza.
Probation y reparación
Otra preocupación, más relevante, fue qué hacer con tamaña cantidad de causas penales. En Neuquén capital, por ejemplo, se acumularon 5.245 imputados, lo que representa una tasa de 13,6 cada 1.000 habitantes. Pero Zapala lo superó, con 14,2 imputados cada 1.000 habitantes. Hacer audiencias de formulación de cargos, reunir prueba, citar testigos, ocupar las costosas horas judiciales en estas causas, parecía un dispendio de dinero del Estado.
Fue justo en Zapala donde se ensayó por primera vez una salida aplicada luego a la mayoría de los legajos. Siguiendo una directiva del fiscal general José Gerez, el 30 de abril el fiscal del caso Marcelo Jofré le ofreció al infractor una suspensión del juicio a prueba y que realice una donación destinada al sistema de salud provincial . El hombre entregó 30 máscaras 3D al hospital de Zapala.
Desde ese entonces decenas de imputados han accedido a esa clase de salidas a su causa penal. La mayoría lo hizo para recuperar el automóvil secuestrado en el procedimiento: hoy quedan, en el área de la capital, menos de 400 vehículos en poder de la fiscalía.
A partir de la semana que viene un grupo de funcionarios trabajará en contraturno para sacar la mayor cantidad posible de causas que quedan pendientes. Son más de 5.000.
El dinero que se cobra a los infractores varía de acuerdo con su patrimonio. De acuerdo con fuentes del Ministerio Público Fiscal, van de un mínimo de 2.000 a un máximo de 30.000.
Sólo en la ciudad de Neuquén llevan recaudados 500.000 pesos que fueron entregados al sistema de salud.
Esa salida podría tener el caso del matrimonio de empresarios imputado en Villa La Angostura.
Los números en Río Negro
En la provincia de Río Negro, los expedientes judiciales por “desobediencia” a la cuarentena ya habían superado las 3.000 causas en los últimos días de junio y, esta semana, llegaron a las 3.654. El mayor control policial se concretó en los dos primeros meses y, consecuentemente, las transgresiones se concentraron en ese período.
En el Poder Judicial rionegrino se reconoció un primer escollo en la definición de la competencia, es decir, si la actuación correspondía el fuero federal o la provincial. Se acordó que ambas jurisdicciones cumplan a la espera de una resolución superior, entonces se alude que el número de trámites oscila notablemente entre las jurisdicciones por sus variantes en la participación federal.
Otro lineamiento de la Procuración estuvo en la tramitación de las causas aunque consciente de las dificultades prácticas frente al gran número de expedientes, las razones de las violaciones y además de las restricciones originadas en el aislamiento también resuelto en el Poder. Se argumenta que, en las limitaciones, la prioridad estuvo en las investigaciones de delitos graves y detenidos.
En principio, se concretaron las audiencias de cargos por “haber desobedecido a una autoridad policial que les requirió el cumplimiento del Decreto 297, que dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio”. Así se planteaba en la difusión y era otro intento de concientizar para cumplir con la cuarentena, pero esas comparecencias inmediatas después se diluyeron, con la explicación de las prioridades de los operadores judiciales.
Desde el 20 de marzo al 22 de julio, el Poder Judicial registró 3.654 causas, distribuidas un 49% entre quienes violaron las “medidas para impedir la introducción o propagación de una epidemia” -artículo 205 del Código Penal- y un 47% para quienes desobedecen con “acción u omisión” cumplir con un cuidado -artículo 203- mientras que el 4 % corresponde a “otros delitos en el contexto de violación del aislamiento obligatorio”.
Por ciudades
En los juzgados cipoleños se concentraron la mayoría de las causas, con el 48 % -unos 1.763 expedientes- mientras que la menor se detecta en Viedma, con el 7 % (258). En Bariloche se llegó a sólo el 12,5%, debido a que un alto número de denuncias se tramitaron en el juzgado federal.
Roca totalizó 1.178 legajos (32,5%). Hubo un episodio particular, cuando la intendenta María Emilia Soria informó que el municipio multó al club donde se jugó un partido de polo rompiendo la cuarentena. La fiscalía aseguró luego que todos los participantes, salvo uno, tienen domicilio en Neuquén.
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