Los jueces de Faltas quieren mantener su autonomía

NEUQUEN (AN).- El intendente Horacio Quiroga quiere que la justicia municipal esté bajo su órbita pero los jueces de Faltas Mónica Acuña y Jorge López defienden su independencia con uñas y dientes. «Es un gran disparate», dijeron, y denunciaron que los tribunales no tienen personal ni recursos suficientes ni un edificio adecuado. Los concejales se pusieron de su lado: discutirán un nuevo organigrama y más ingresos para que funcionen mejor.

Con la Carta Orgánica en la mano, los magistrados dijeron que la autonomía funcional de la justicia de faltas no se discute y debe ser respetada. Esto significa que puede dirigirse a sí misma, dictarse sus propias normas y elaborar su presupuesto.

Esta situación crítica se disparó casualmente, cuando el presidente de la comisión de Hacienda, Omar Gutiérrez, les pidió opinión sobre el proyecto de organigrama oficial que pone los tribunales locales bajo la dependencia directa de Quiroga. «No», respondieron.

Así, el tema presupuestario que los había convocado, se corrió a segundo plano y decidió a Gutiérrez (MPN) a pasar la reunión a cuarto intermedio, para el lunes 29. A propuesta del Movimiento Popular Neuquino, la comisión se comprometió a resolver antes de fin de año, mediante una ordenanza especial, la autonomía y la estructura orgánica de la justicia municipal, una herramienta que solucionaría buena parte de los problemas.

Los jueces explicaron, entre otras cosas, los inconvenientes de no tener un organigrama que les permita establecer las misiones y funciones de cada empleado, realizar concursos, tener la cantidad de personal necesario. Por caso, mencionaron que las bajas por jubilación no son cubiertas pese a los pedidos formulados al Ejecutivo Municipal. La contrapartida es el incremento en la atención al público, de un 300% en el mismo período, indicaron.

«El funcionario que elaboró el organigrama desconoce la Carta Orgánica», dijo uno apuntando al artículo 89 de l Carta Orgánica que les asegura autonomía funcional por ordenanza especial y no mediante un decreto, como propuso el gobierno de la ciudad.

Las críticas también tocaron al Deliberante, pues «estas cosas no pasarían si los concejales hubiesen aprobado la ordenanza que ratifica la autonomía de la justicia municipal y el organigrama», disparó López.

Estas idas y venidas se remontan a 1999 cuando Quiroga, siendo concejal, fundamentó la ordenanza de funcionamiento de los Tribunales. La norma fue aprobada en general y se dejó a los concejales entrantes su tratamiento en particular. La nueva gestión requirió opinión al Ejecutivo y el expediente se perdió. Los jueces elevaron una nueva propuesta en 2002. Al año siguiente, los concejales promovieron la intervención de la Universidad Nacional del Comahue. Pasaron seis años y a la fecha no hubo avances.

La edil María Angélica Carnaghi (MPN) impuso el criterio de dar solución a este conflicto desde la misma comisión. Acuña, por su parte, sugirió avanzar en forma gradual, primero con una norma que ratifique su autonomía y especifique las misiones y funciones, y luego con la modernización del código de procedimientos contravencionales y de faltas.