Los jueces y la defensa de los derechos humanos

Redacción

Por Redacción

DEBATES

La primera vez que tuve contacto con el Juicio a las Juntas fue al escuchar un discurso del presidente Raúl Alfonsín en el que anunciaba que se procedería a llevar adelante un proceso judicial a los miembros de las juntas militares que gobernaron bajo una despiadada dictadura (1976/1983). La alegría fue enorme. Recuerdo que junto con un amigo nos quedamos un largo rato debatiendo, formulando pronósticos y buscando, en el diálogo, la manera de adelantar el tiempo para presenciar el litigio.

En esa época residía en Comodoro Rivadavia, Chubut, donde ejercía la profesión de abogado. Fue allí que en una oportunidad se presentó en el Colegio de Abogados Luis Moreno Ocampo, quien había sido designado fiscal adjunto de Julio César Strassera. Moreno Ocampo llegó sólo para entrevistarse con familiares de una persona desaparecida. Esa noche lo invité a cenar y me contó lo ardua que resultaba la investigación y la gran cantidad de dificultades que generaban los militares para no ser juzgados. Moreno Ocampo recorría el país con una misión, que era la de comunicar que un juicio podría facilitar justicia. Ése era el anhelo de la gran mayoría de la población. Que el Poder Judicial cumpliera con su finalidad esencial de hacer justicia y que sus miembros asumieran ese rol.

Es cierto que no se juzgaría la totalidad de los casos ya que se seleccionó un diez por ciento de los delitos que se perpetraron. Pero aun así el número nos parecía importante, ya que no sólo era juzgar y alcanzar una decisión, sino que también era volver a la sensatez y humanidad a una sociedad que convivía con una criminalidad perversa.

A medida que avanzaba el juicio y salían a la luz los testimonios de familiares, amigos, personal de las fuerzas de seguridad e inclusive de víctimas nos enterábamos de más y más atrocidades. Los delitos eran de toda naturaleza.

Tuve la oportunidad de concurrir a una audiencia del juicio, donde expuso una mujer a la que le mataron a su esposo y a dos hijas. Contó que el cónyuge era juez de la ciudad de La Plata y que una tarde se enteraron de que había sido detenida una de sus hijas y estaba en una comisaría de la ciudad de Buenos Aires. Prontamente fue el juez con su hija y el futuro yerno, que tenía el primer grado de oficial de la Armada. Cuando concurrieron a la comisaría se le negó que estuvieran detenidos. Frente a la total negativa decidieron regresar a su domicilio y contactar a un abogado para presentar un hábeas corpus (amparo para la libertad).

Sin embargo, en el camino fueron interceptados en los bosques de Palermo por una patrulla del Ejército que los hizo bajar de su automóvil, les solicitó documentos y salvo al oficial de la Armada -que le dijeron que se fuera y se callara la boca de lo que presenciaba-, al resto, es decir al juez y a su hija los llevaron detenidos y nunca más se supo de ellos. Esa mujer narró que después de eso, por consejo de profesionales, viajó a Madrid y que en la noche del viaje ingresaron fuerzas policiales a su casa, en su búsqueda.

En el juicio se juzgaron hechos ilegales que sucedieron en todo el territorio nacional. Durante la dictadura, así como en el tiempo que duró el juicio, existió miedo en la población. No era un miedo preciso, fácil de explicar o especificar. Era incomprendido. Se componía de la dupla justicia o impunidad. Si triunfaba la justicia, el miedo pasaría en el futuro a todo sujeto que hiciera actos semejantes. Si triunfaba la impunidad, el miedo quedaba en la sociedad. El fallo fue el primer veredicto en condenar a dictadores y, también, el que trasladó el miedo.

Marcelo Iñiguez

Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, docente de la UNC.

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