Lotes sin dueño: qué hacer

Redacción

Por Redacción





Este año la colección Aperturas de la Editorial de la Universidad Nacional de Río Negro publicó el libro “Lotes sin dueño. El abandono como problema urbano”. Este trabajo fue declarado de interés por el Concejo Municipal (declaración 2226-CM-2017) y la Legislatura de Río Negro (declaración 274-2017) y fue comunicado al Congreso de la Nación para promover su tratamiento (Comunicación 888-CM-2017). Pero, ¿cuál es el problema en cuestión?

Cualquiera que recorra alguna de las ciudades de nuestro país, o incluso de la región, puede darse cuenta de que nuestras ciudades están atravesadas por contradicciones y conflictos sociales. La ciudad es un artefacto complejo, tal vez la creación humana más compleja, de ahí la dificultad por hacer de ella un lugar más justo y accesible para todos, pese a todo el haz de derechos económicos, sociales y culturales consagrados constitucionalmente.

Tal vez una de las injusticias más flagrantes es que, mientras hay miles de familias que se hacinan en viviendas precarias instaladas en lotes de superficie mínima sin seguridad en la tenencia, existen grandes vacíos, lotes sin desarrollar, baldíos descuidados incluso. ¿Cómo puede ser que hayamos llegado a este nivel de irracionalidad en nuestro ordenamiento social? La respuesta tiene que ver con el derecho de propiedad, su alcance y contenidos, y cómo la jurisprudencia –es decir, la interpretación que han hecho los jueces de este derecho– ha sancionado una visión muy conservadora del mismo.

Nuestro Código Civil y Comercial –el nuevo y el anterior– establece claramente que el abandono de un inmueble es causal de extinción de dominio. Es decir, si abandono mi propiedad ese derecho se extingue. Dado que el Estado es el propietario de todo aquello que no tiene dueño por el principio del dominio eminente, al extinguirse el derecho de propiedad esos inmuebles deberían pasar al dominio del Estado. ¿Por qué entonces no sucede? Porque los jueces han venido interpretando que el abandono debe ser calificado, es decir requiere de la expresión de la voluntad del propietario de abandonar dicho inmueble. Esta situación es completamente anómala y no sucede prácticamente nunca, por lo que el abandono como causa de extinción de dominio no es un principio operativo en la realidad.

Todo esto parece demasiado abstracto y académico, pero tiene grandes implicancias en nuestra realidad. Veamos un ejemplo: en Bariloche hay alrededor de 3.600 hogares en barrios con problemas de regularización dominial según fuentes municipales. Derivado de esta situación, también se generaron problemas en el acceso a los servicios públicos de provisión de agua potable, saneamiento, electricidad, gas, transporte público y educación, entre otros.

Muchos de estos barrios se ubican en tierras que, de aplicarse el principio de abandono, ya serían hace años propiedad del Estado, que podría haber urbanizado, adjudicado y vendido esos lotes a sus ocupantes o, en el caso de estar sin ocupar, a alguno de los 10.000 hogares que tienen carencia habitacional o a alguno de los 800 hogares nuevos que se crean por año en nuestra ciudad (datos Cietes-UNRN). Todos los instrumentos aplicados para regularizar dominialmente estos barrios (usucapión, ley Pierri, prescripción administrativa, entre otros) en la mayoría de los casos incurren en la ficción de hacer de cuenta que el propietario existe y sus derechos deben ser resguardados, cuando la realidad es que hizo abandono de su propiedad y su derecho debería haberse extinguido hace años.

Esta situación de extrema irracionalidad debe terminar.

Por eso, parte de nuestra propuesta es generar a través del debate las condiciones para que se sancione una ley complementaria al Código Civil y Comercial que haga operativo el principio del abandono como causal de extinción del dominio de los bienes inmuebles. Nuestra propuesta es que dos o tres años de plazo es más que suficiente para se configure el abandono.

Los veinte años de la usucapión o prescripción adquisitiva estaban pensados para una época (siglo XIX) donde las comunicaciones no estaban desarrolladas como lo están hoy. No existe razón alguna para que en el siglo XXI un propietario se desentienda de sus obligaciones como propietario por un plazo mayor a dos o tres años y que el Estado, en representación de toda la comunidad, deba resguardarle ese derecho del que hizo abuso, sobreponiendo el interés particular al interés general.

* Tomás Guevara , investigador y profesor adjunto; Jorge Paolinelli y María Alejandra Nussbaum, integrantes del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, Economía y Sociedad de la Universidad (Cietes) de la Universidad de Río Negro


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