Maraña institucional

La defensa –con secuelas expansivas hacia adentro y fuera del gobierno– ensayada por el vicepresidente Amado Boudou, en la causa por supuesto tráfico de influencias a favor de la ex Ciccone Calcográfica, ha provocado un tembladeral institucional. Entre otras razones, por cuanto el segundo del Ejecutivo detrás de Cristina Fernández de Kirchner, sin responder a la medida de prueba obtenida en un allanamiento a una de sus propiedades que estaba alquilada, atacó al juez federal que dispuso el procedimiento, Daniel Rafecas, a instancias del fiscal Carlos Rívolo. Boudou ramificó el tema. Y lo ubicó en un contexto de pelea política, en la que no se privó de denunciar “mafias” y propósitos “desestabilizadores”. Afirmó, por ejemplo, que en el juzgado de Rafecas funciona una “agencia de noticias” que le anticipa información al grupo Clarín, a cuyo CEO, Héctor Magnetto, ubicó en la categoría de “El Padrino”. Pero también encuadró en una organización delictiva a Antonio Tabanelli, el titular de Boldt, la empresa de juegos de azar que opera entre otras provincias en Buenos Aires y Santa Fe, donde mandan el peronista Daniel Scioli y el socialista Antonio Bonfatti, respectivamente. Además, no se privó de hacer públicas presiones y hasta insinuaciones de coima que le habrían formulado en el pasado directivos del estudio fundado por el actual procurador general, Esteban Righi, y el presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi. “Quiero volver a decir que como ministro (de Economía) no llevé adelante ninguna acción para favorecer a la empresa Ciccone… han urdido una telenovela mediática para intentar una ligazón con personas que no tengo y atacar el voto popular”, argumentó en una conferencia de prensa de 42 minutos en la que no aceptó contestar ninguna pregunta de los periodistas. El enojo mayor fue con el juez Rafecas, lo que le valió después la genérica solidaridad de algunos funcionarios del kirchnerismo, pero también la desazón al escuchar de boca de Nilda Garré el “respeto” que siente por ese magistrado, cuya labor en otras causas la ministra calificó de “impecable”. El magistrado, abandonando su baja exposición, concedió la semana pasada una entrevista al diario “Perfil”, que algunos interpretaron como exculpatoria de Boudou, dado que en un pasaje de la misma puso de relieve que no se había podido comprobar una conexión directa entre el vicepresidente y Alejandro Vandenbroele, ex director de Ciccone y supuesto “testaferro”. Sin embargo, si se lee detenidamente ese reportaje, se observa que Rafecas ahondó el grado de sospecha sobre Boudou. “La causa avanza y el fiscal (Rívolo) avanza”, anticipó. Y abundó: “Está claro que Boudou hizo gestiones como ministro para favorecer la entrada de esta empresa (The Old Fund) en Ciccone. Estas gestiones pueden explicarse por tres razones: estratégicas, ya que la fabricación de papel moneda es fundamental y entonces había que salvar la empresa, las fuentes de trabajo; la guerra comercial con la empresa Boldt y la decisión política de correr a Boldt y poner otra empresa en su lugar y salvar la empresa; y la tercera hipótesis es la que trabaja la fiscalía y es que Boudou habría hecho toda esta movida para hacer desembarcar a sus amigos de la infancia y qué se yo”. “Ahora –prosiguió Rafecas– ésta es la que a todos nos preocupa y nos interesa si realmente fue así. Debería demostrarse que, o bien Vandenbroele, que efectivamente es monotributista, que no tiene recursos, que vino de la nada, y que es presidente de Ciccone, etc., es amigo de Boudou, o que se conocen, o que hay un vínculo, o que son socios, o que se reunieron, o que aparecen juntos en alguna foto, algo, algo…”. Luego de acotar que “hasta ahora no ha aparecido nada de eso, absolutamente nada”, se refirió a la cuestión “un tanto floja” de que “Boudou le alquila el departamento que es de su propiedad a un muchacho que es abogado, (Fabián) Carozo Donatiello, que a su vez es amigo de Vandenbroele”. Al allanarse ese departamento el miércoles pasado, por disposición de Rafecas, se lo encontró deshabitado (Carozo Donatiello está en el exterior) y en el consorcio se secuestró el pago de un mes expensas realizado por Vandenbroele. “De Vandenbroele y Boudou directo no hay nada, hasta ahora no hay nada. El fiscal está investigando e investigando”, había adelantado en “Perfil”. Después, el operativo de la Justicia y Gendarmería en Puerto Madero fue documentado con fotografías en tapa por el diario “Clarín” y eso motivó la indignación de Boudou, quien en la encrucijada optó por el todo o nada, usual en el kirch-nerismo. La presidenta Cristina Fernández no incursionó en ninguna aparición pública, aunque siempre mantuvo a Amado visible en los últimos actos. En privado, habría ordenado salvar las diferencias con el ministro del Interior, Florencio Randazzo, para que “no nos pongan cuñas” en el frente interno. A propósito, Sergio Berensztein, de Poliarquía, se alarmó por el hecho de que “un gobierno fuerte” como el de Cristina “entre en un proceso autodestructivo, generando su propia crisis, en un país institucionalmente débil”. ¿Cómo se sale? Un misterio. Ya se especula con la recusación de Rafecas e incluso con el examen de su conducta en el Consejo de la Magistratura. Algunos legisladores de la oposición, como contrapartida, analizan impulsar el juicio político a Boudou, a sabiendas de que el oficialismo mayoritario no lo dejará pasar.

DyN

Arnaldo Paganetti arnaldopaganetti@rionegro.com.ar