Más de dos décadas de impunidad

Martín Brunella

El caso Painecura

PEDRO CARAM pedrojcaram@hotmail.com

“Me mandaron a matarte”, fueron las últimas palabras que escuchó Raúl Painecura de boca de su asesino en la madrugada del domingo 11 de febrero de 1996. Agonizaba en el comedor de la planta pesquera Camaronera Patagónica, ubicada junto a la ría sanantoniense, tras haber recibido tres disparos en el torso.

Veinte años después, por ineficacia, negligencia e irregularidades en la investigación, el caso está impune.

Hubo varias hipótesis sobre los motivos que llevaron a asesinar al sereno: se barajó que pudo haber sido un error y que los tiros iban dirigidos a uno de los encargados de la planta, se especuló con el robo de pescado, con la presencia de droga en los cargamentos, con el simple intento de asaltarlo, con motivos amorosos y hasta con el cobro futuro de los seguros de vida.

Los participantes en el expediente y en la investigación, coinciden en que además de autores materiales, habría intelectuales y que lo mataron por encargo.

El primer juez fue Pablo Estrabou quien apuntó sus sospechas hacia Adrián Ibáñez, un delincuente marginal que fue apresado en marzo y liberado por falta de pruebas en mayo de ese mismo año.

Transcurridos cuatro años del asesinato, a pocos meses de asumir en el Juzgado, el hoy camarista a punto de jubilarse y ya fuera de funciones, Jorge Bustamante, reabrió el paralizado expediente.

Con mínimas medidas procesales y aprovechando su conocimiento del hecho a través del relato de un excliente suyo mientras era abogado particular, el 17 de junio de 2000, el magistrado detuvo a Julio César López del Pino.

Sospechoso absuelto

El imputado había sido policía y se desempeñaba ya en ese momento (y continúa haciéndolo) como agente municipal afectado al área de Inspección de Comercio.

Estuvo preso 32 meses, hasta que en febrero de 2003, la Cámara del Crimen lo absolvió tras un juicio oral en el que hubo careos, detenidos por falsos testimonios, testigos que comparecieron mediante el uso de la fuerza pública, declaraciones contradictorias y retractaciones varias.

Las audiencias estuvieron a tono con lo que había sido el tramo final de la Instrucción. El propio Jorge Bustamante admitió a “Río Negro” que “tenemos una deuda con San Antonio Oeste producto de una mala definición judicial que no estuvo exenta de cuestiones internas del poder”.

Aunque el magistrado se muestra como afectado por acciones que conspiraron contra su tarea, también hubo denuncias que lo involucraron y actuaciones suyas reñidas con la transparencia procesal.

Él acusa al exjuez Víctor Ramírez Cabrera (que fue condenado por plantar pruebas en un robo ocurrido también en San Antonio) de haber pergeñado maniobras para poder ensuciar el expediente.

También asegura que durante la investigación, el imputado y el principal testigo se encontraron detenidos en la Alcaidía y después de eso su declarante clave revirtió sus dichos iniciales.

Sin embargo, el hallazgo del arma homicida y las circunstancias en las que se tomaron las declaraciones de los testigos fueron objeto de recusaciones por parte de la defensa de López del Pino, quien además asegura que Bustamante tenía una enemistad hacia él por hechos anteriores y que aprovechó la ocasión para cobrarse viejas deudas que hasta los habrían llevado a tomarse a golpes antes de que el juez asumiera en ese rol.

Testigos con parcialidad a favor o en contra

La mayoría de los testigos convocados al juicio tenían antecedentes y sus dichos estaban cargados de parcialidad en favor o en contra de López del Pino.

Hubo además careos entre un comisario y un efectivo de la brigada de investigaciones, quien también fue exonerado de la fuerza por plantar pruebas, en la misma causa en la que se condenó a Ramírez Cabrera.

La interna policial se inmiscuyó en el caso y fue otro elemento que alejó las posibilidades de resolución.

Bustamante adjudica algunas de las situaciones a su inexperiencia en el cargo. Aunque su desempeño previo como abogado lo vinculó con personajes inmersos en el delito y le permitieron conocer relaciones entre las bandas de delincuentes que pudo aprovechar para avanzar con el caso, pero que redundaron en que las pruebas no se sostuvieran y que el crimen del sereno de la pesquera finalmente quede impune.