Más recursos pero peor repartidos

El sistema de representación republicano y federal en Argentina, implica que todas las provincias participan de la construcción del estado nacional mediante la recaudación de impuestos a lo largo y a lo ancho del país, y el estado nacional contribuye al sostén y la gobernabilidad de las provincias coparticipando a las mismas de una porción de lo recaudado.

El sistema de coparticipación federal, es decir, la forma en que la nación reparte los recursos a los estados provinciales, ha sido un tema de debate a desde el momento mismo en que nació la república. Con diferentes matices, la tendencia en las últimas décadas fue un traslado de las responsabilidades de gasto desde el gobierno nacional hacia los estados nacionales, y una concentración cada vez mayor de los recursos en manos del gobierno central. La discrecionalidad en el envío de fondos por fuera del sistema formal de co participación, fue una de las principales críticas durante el gobierno kirchnerista.

El cambio de gestión, prometía un cambio radical en la lógica de distribución de los recursos tributarios.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), indica que en efecto, la masa de fondos coparticipables se incrementó en términos reales entre 2015 y 2018. Señala sin embargo, que existe una enorme desigualdad en el reparto de ese incremento entre los diferentes distritos, con provincias que se beneficiaron muy por encima del resto.

El estudio indica que el porcentaje de la recaudación total (sin considerar la seguridad social) que reciben los estados provinciales, pasó del 36,5% en 2015 al 42,1% en 2018. A precios constantes del año 2018, implica que los recursos tributarios que la nación envía a las provincias se incrementaron en $114.727 millones en dicho periodo.

Mas adelante, el mismo informe detalla la forma en que se distribuyó el incremento. En este sentido hay una serie de elementos, que modificaron la ecuación. El primero de ellos, fue el Decreto 194/2016 que incrementó el coeficiente de coparticipación a favor de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), a fin de solventar el traspaso de la policía federal a ese distrito. El segundo fue la decisión de la Corte Suprema de Justicia de restituir a Córdoba, Santa Fe y San Luis el 15% de pre-coparticipación que se destinaba a la Anses. En tercer lugar, el Decreto 406/2016 determinó la devolución progresiva de dicha pre coparticipación al resto de las provincias en un lapso de cinco años. Por último, el Pacto Fiscal rubricado entre la nación y las provincias modificó la forma en que se reparte el Impuesto a las Ganancias, determinó la eliminación de fondos y asignaciones especiales y terminó de configurar el mapa actual en el reparto.

El punto es entonces, como se ha distribuido el incremento en los recursos registrado durante los últimos tres años. El informe de Iaraf detalla que de los $114.727 millones extra que las provincias reciben en 2018, $38.965 millones quedan en CABA, $34.973 millones en Provincia de Buenos Aires, $18.345 millones en Córdoba, Santa Fe y San Luis, y los restantes $22.444 millones entre los otros 18 distritos. Significa que CABA recibió un 34% del incremento, Buenos Aires un 30%, Córdoba, Santa Fe y San Luis un 16%, y las restantes 18 provincias solo un 20%. En pocas palabras, durante 2018, de cada $3 de incremento real en la coparticipación, $2 pesos se quedan en el ámbito metropolitano, donde casualmente gobierna el mismo partido político que a nivel nacional.

El dato es clave de cara a la gestión de la recesión en el interior del país, en un año 2019 que incluye una fuerte puja electoral.

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