Masacre de Villa Ramallo: cuatro policías se negaron a declarar
ROSARIO (Télam).- Cuatro de los siete policías que comenzaron a ser juzgados ayer por el asesinato de dos rehenes durante la denominada Masacre de Villa Ramallo, ocurrida en 1999, se negaron a declarar en la primera jornada del juicio oral que se lleva a cabo en los tribunales federales de Rosario.
Los otros tres policías también imputados de homicidio serán convocados hoy para declarar, al igual que un comisario inspector que también está siendo juzgado en este debate oral, aunque sospechado de no haber preservado la escena del crimen, con lo que se habrían perdido pruebas sobre la posible complicidad policial.
Quienes se negaron a declarar por los crímenes del gerente y el contador del Banco Nación de Villa Ramallo, Carlos Chaves y Carlos Santillán respectivamente, son el cabo primero Ramón Sánchez y del sargento Sergio Garea, del GEO Zárate-Campana, y del cabo primero Sergio Susperregui y el sargento ayudante Martín San Miguel, del Grupo Halcón.
Tras la negativa de estos cuatro imputados a prestar declaración, el tribunal a cargo del debate pasó a un cuarto intermedio hasta hoy a las 10.
En la reanudación del debate serán convocados al estrado los imputados por homicidio simple que llegaron a juicio detenidos y exonerados, el suboficial principal Oscar Parodi, del Comando Patrullas de San Nicolás, y el sargento Ramón Leyva y el cabo Carlos Aravena, del GEO de Zárate-Campana.
A Parodi le atribuyen uno de los disparos que le provocaron la muerte al gerente y a Leyva y Aravena los balazos que impactaron en Santillán.
El octavo acusado, quien también podrá declarar hoy, es el de mayor rango, el comisario inspector Omar Isaías, quien al momento del hecho era segundo jefe de la DDI San Nicolás y que está acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público por no preservar la escena del crimen.
Isaías es juzgado por su presunta responsabilidad en la desaparición de un handy con el que los delincuentes habrían escuchado la frecuencia policial y una ametralladora Uzi, que habrían utilizado los asaltantes y que podría pertenecer a la policía.
Chávez y Santillán fueron asesinados a balazos por los policías cuando eran llevados como escudos humanos por tres ladrones que habían asaltado la sucursal bancaria el pasado 16 de septiembre de 1999.
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