Mayor dureza
Cuando la mayoría concordaba en que la Argentina era un país relativamente seguro en comparación no sólo con otros latinoamericanos sino también con los Estados Unidos, los dirigentes políticos, sobre todo en la Capital Federal, reaccionaron limitando al máximo los poderes de la policía para interrogar a los detenidos en el lugar del crimen. Era lógico, porque en aquel entonces la prepotencia policial era considerada un tema más significante que la delincuencia, la que parecía estar bajo control. En la actualidad, empero, el clima es muy distinto. Para amplios sectores, el delito ha adquirido proporciones tan alarmantes que ya no les importan demasiado los métodos utilizados para combatirlo. Así las cosas, no extraña que en todo el país los jefes policiales estén aprovechando la oportunidad para reclamar mayores poderes, ni que los políticos, incluyendo a dirigentes de la Alianza, estén más que dispuestos a complacerlos.
Algunas demandas, como las planteadas por el jefe de la Policía Federal, comisario general Rubén Santos al señalar que sus hombres no pueden llevar a cabo investigaciones serias porque «se ha instaurado el principio de que el que investiga es el juez y la policía sólo puede cumplir diligencias por él ordenadas», son razonables. Por motivos evidentes, pocos jueces están en condiciones de manejar con eficacia docenas de equipos investigativos, de suerte que es comprensible que tantas pesquisas no conduzcan a nada. Sin embargo, sería un error permitir que el pánico causado por la ola de criminalidad nos hiciera olvidar que los cambios denunciados por muchos jefes policiales y por políticos deseosos de hacer gala de su voluntad de luchar contra el delito se debieron a mucho más que el triunfo de los principios progresistas que tantos están abandonando. Aunque el antiautoritarismo que siguió a la dictadura militar incidió bastante en el pensamiento de los legisladores, el factor decisivo fue el estado lamentable de la policía misma.
Por desgracia, los dirigentes políticos no supieron aprovechar la supuesta naturaleza «pacífica» de la Argentina para reformar a fondo todas las unidades policiales, reestructurándolas, premiando sistemáticamente el profesionalismo y eliminando, en cuanto fuera posible hacerlo, a los corruptos y a los matones. En muchas jurisdicciones se conformaron con pactar con los jefes policiales locales, acaso con la esperanza ingenua de que se reformaran sin que nadie los obligara a modificar drásticamente sus formas de operar. De más está decir que quienes adoptaron esta actitud sólo lograron agravar una situación ya apenas tolerable, dando más poder y prestigio a los comisarios menos confiables y desalentando a los muchos policías que entienden muy bien que la relación actual de su institución con la sociedad está contribuyendo al aumento de la delincuencia, realidad que no parece destinada a cambiar en el corto plazo.
Con regularidad, surgen motivos para sospechar que muchos crímenes, entre ellos los más espectaculares, son obra de policías que actúan ya solos, ya juntos con delincuentes comunes. Asimismo, es notoria la participación de policías en actividades delictivas organizadas como la prostitución, el tráfico de narcóticos y el juego ilegal, para no hablar de una cantidad enorme de corruptelas, todo lo cual les ha permitido acumular mansiones ostentosas y formar patrimonios personales envidiables. Dadas las circunstancias, es inevitable que cualquier nueva «conquista» policial, aun cuando sea cuestión de una facultad que a esta altura los más considerarían aceptable, sea tomada por una concesión por parte de la sociedad y por lo tanto por una prueba de que ninguna reforma sea necesaria. Sin embargo, les guste o no a los jefes policiales, para hacer frente al crimen la sociedad tendrá que contar con fuerzas policiales decididamente mejores que las existentes, de modo que si el gobierno opta por darles los poderes que está reclamando, debería insistir también en que sean capaces de usarlos en beneficio de la sociedad en su conjunto, no meramente en aquel de la corporación policial.
