Medio país en negro

https://www.rionegro.com.ar/medio-pais-en-negro-KKHRN0308125492112/

De estar en lo cierto los que estiman que aproximadamente la mitad -unos cuatro millones de personas- de los asalariados está “en negro”, es de prever que la nueva ofensiva oficial contra el fenómeno será tan infructuosa como todas las anteriores, pero parecería que el gobierno no se ha dejado impresionar por las dimensiones de la tarea que emprendió, ni por los resultados decepcionantes de otros intentos por incorporar este segmento del “país real” al “país formal”. Según se ha informado, la Administración Federal de Ingresos Públicos ya envió a 400 inspectores a distintos puntos del territorio nacional para que identifiquen las empresas culpables de mofarse de la ley, negándose a cumplir con todas sus obligaciones.  Entre los primeros blancos de los inspectores están las estaciones de servicio, las empresas turísticas y, huelga decirlo, las obras en construcción que conforme a los datos oficiales suelen figurar entre los infractores más frecuentes, pero sólo se tratará de los más visibles porque, además de los cuentapropistas, también se da una multitud de microemprendimientos cuya relación con la ley y con las autoridades impositivas es tenue.

Incluso en países desarrollados como el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Estados Unidos, la “economía negra” constituye una parte muy importante -y en algunos casos creciente- del conjunto debido en parte a la imposibilidad de controlar los flujos migratorios, de suerte que no debería sorprendernos que aquí se haya convertido en una característica al parecer inmutable del panorama nacional. Antes bien, hubiera sido muy extraño que la economía negra empleara a menos gente en una sociedad que es notable por la ineficiencia del Estado, por la falta de estadísticas confiables -las relacionadas con el desempleo dependen de encuestas y son difundidas dos veces por año después de una demora muy larga- y por salarios tan bajos que cualquier aporte o impuesto puede parecer leonino. Además, en vista de la precariedad extrema de la economía formal, tenemos motivos para sentirnos agradecidos por la magnitud y la flexibilidad de la informal: es un gran colchón que sirve para amortiguar golpes como los asestados por el ‘default’ y una devaluación tan exagerada como caótica. Por cierto, de no haber existido dicho sector, las consecuencias del estallido de fines del 2001 hubieran sido incomparablemente más dolorosas.

Con todo, ningún gobierno puede darse el lujo de tolerar la existencia de una zona económica anárquica que es ajena a la legislación laboral y a los impuestos, una que representa una variante del capitalismo ultraliberal que es muchísimo más “salvaje” que la denunciada reiteradamente por políticos populistas, intelectuales progresistas y clérigos solidarios.  Sin embargo, antes de intentar eliminarla, al gobierno le convendría revisar sus propias ideas en torno de la economía “blanca” para que correspondieran mejor con la realidad existente. Una de las causas fundamentales de la brecha a todas luces enorme entre la economía formal y la que efectivamente se da consiste en la costumbre de políticos y sindicalistas de legislar o negociar como si estuvieran en un país mucho más avanzado y mejor organizado que la Argentina. Por idealismo sincero, por orgullo o por el deseo de mostrarse debidamente modernos, demasiados dirigentes se han habituado a pasar por alto las condiciones en las que viven millones de compatriotas, de ahí la sorpresa indignada que manifiestan toda vez que redescubren la malnutrición infantil o el hecho de que en muchas provincias la mayoría se encuentre en la indigencia. Si las autoridades realmente quieren reducir la proporción de aquellos que trabajan en negro porque la alternativa sería depender de la caridad, o sea, resignarse a morir de hambre, tendrían que revisar la legislación y las exigencias que ella supone a fin de que sean compatibles con la Argentina tal y como es, no con el país en buena medida ficticio que la clase dirigente preferiría que existiera. Al fin y al cabo, si, como dicen los voceros de la AFIP, casi la mitad de los asalariados trabaja en negro, esto quiere decir que el país oficial tiene más que ver con imaginación de los políticos y funcionarios, que con lo que el en aquel entonces presidente Carlos Menem solía calificar de la realidad real.