Mejoras para un millar de retirados provinciales

VIEDMA (AV)- Un millar de retirados voluntariamente del Estado rionegrino mediante el Decreto Nº 7 tendrán un reacomodamiento salarial con la derogación de descuentos y el incremento otorgado a los empleados en actividad; según un acuerdo al que arribaron la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), la Fiscalía de Estado y el Consejo Provincial de la Función Pública.

El nuevo esquema implica la derogación mediante un decreto-ley, con retroactividad al uno de enero pasado, de las dos podas salariales que sufrieron los estatales durante la administración Verani.

Esto afectó en el sector a 566 beneficiarios, mientras que unos 204 tuvieron un recorte parcial y los 302 restantes resultaron indemnes. En la actualidad, quedan 1.072 adherentes.

Al respecto, el titular de Función Pública, Carlos Oliva, explicó a «Río Negro» que en realidad se trata de confeccionar «un nuevo sistema de liquidación que no tenga esos descuentos salariales» promovidos por la Ley provincial Nº 2.989 y el Decreto Nº 5/97.

Informó que paralelamente se les otorgará el 15% previsto para el resto de los agentes de la administración pública, dentro de un cronograma establecido que alcanza a un 5% a partir de abril, e iguales porcentajes en julio y octubre próximos, respectivamente.

La deducción significó que quienes cobraban 1.500 pesos en actividad pasaron a percibir 550 pesos o un docente con tres cargos permitidos en la Línea Sur bajó de 2.100 a 530 pesos.

Oliva y la Comisión de Pasivos del gremio estatal señalaron que ya está funcionando en ese ámbito de discusiones una Junta de Reclamos para subsanar los inconvenientes que vienen teniendo los beneficiarios.

Los defectos se notan -a criterio de los reclamantes- en el cálculo de horas extras o en la simultaneidad de cargos que no fueron reconocidos como ellos pretenden. Además perdieron las sumas fijas y tampoco les devolvieron el aporte de emergencia que en su momento hicieron a la ex Caja de Previsión Social.

En el caso de los ex empleados viales, algunos dejaron sus cargos con una liquidación salarial correspondiente a una determinada categoría pero cuando se enviaron las certificaciones a la Unidad de Control Previsional (UCP) aparecieron grandes descuentos.

De acuerdo a los resultados positivos que tuvieron estos encuentros, UPCN precisó que la junta deberá contar con un régimen de trabajo ágil como para emitir dictámenes en 30 días como mínimo, a partir de la presentación de los reclamos.

Si bien se están haciendo todas las gestiones para corregir la actual situación de percepción salarial, aún queda pendiente una negociación con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) sobre un posible traspaso de este sector a la Nación.

A las reuniones con Oliva y el Fiscal de Estado, Alberto Carosio -por tener en sus manos el expediente de los retirados- acudieron Rosa Parra por los pasivos, el dirigente Víctor Hugo Muñoz y el colaborador gremial, Rómulo Barreno; entre otros.