Menos burocracia de poderes y más gestión del conflicto





Leticia Lorenzo*


Es nuestra respuesta a posibles reformas judiciales. Cíclicamente, mas no circularmente, aparece el tema en la agenda política y mediática. Rara y escasamente, en la agenda del sector económico empresarial.

La tendencia fácil se repite una y otra vez: como esto no funciona, pues más poder judicial por aquí, por allá y por más allá. Y, siempre, sostenida la “vanguardista propuesta” en los privilegios funcionales e institucionales del poder menos democrático de los existentes en nuestros Estados.

En cambio, nuestra mirada es radicalmente opuesta: si algo estructural y culturalmente luego de más de 150 años no funciona, pues no habrá que replicar ni aumentar aquello que ha fracasado.

Ha fracasado este modelo de “burocratizar” el conflicto; sin lugar a dudas: justicia que no es ni justa, ni a tiempo, ni equitativa, ni…

Cierto es que “no todo está perdido”, ni todo está mal… pero, pero… casi todo, sí.

Nuestro enfoque parte de concentrarnos principalmente en aquello que llamamos “gestión del conflicto” antes que mirar, estudiar o promover nuevas parcelas de burocratización orgánica del “hacer justicia”.

El conflicto debe ser gestionado en forma preventiva para que no suceda. O bien, producido éste, debe ser resuelto razonablemente de manera oportuna, independiente e imparcial, escuchando a sus protagonistas. Alejar o acercar las escuchas es un aspecto clave para intervenir en los conflictos; y por ello un buen parámetro para medir las “innovaciones” es la pregunta: “¿cuánto acerca a quienes deciden y quienes requieren una decisión este nuevo mecanismo que se propone?”

Podemos imaginar mecanismos de prevención, abordaje y resolución de los conflictos de manera mixta: por fuera del poder judicial y por dentro de éste. Según sea el asunto o afectación de derechos de las personas. Dentro de éste, no separado en islas, sino con miradas integrales, poniendo a las personas y sus necesidades en el centro; también asumiendo las posibilidades de las personas concretas de intervenir en la gestión de su propio conflicto. Justamente desde el derecho afectado y que se debe reestablecer, proteger o promover.

Debemos dejar atrás modelos cuya centralidad venga dada por la cultura de la burocracia del expediente -sea digital o no- o las decisiones sean tomadas desde un nivel autoritario enmascarado en rasgos de autoridad.

La complejidad de muchos asuntos que hoy llegan al Poder Judicial, impone también una mirada desde la conversación más que desde el monólogo: el abordaje integral obliga a pensar en poderes judiciales que logren equilibrar la independencia con el diálogo y la construcción colectiva, en el marco de políticas de cuidado que involucren a todos los poderes estatales.

Por fuera del Poder Judicial existe todo un campo de trabajo no explorado, pese a que nuestra Constitución Nacional desde el mismo Preámbulo nos interpela con el mandato de afianzar la justicia.

Asociar “justicia” en tanto valor a una función monopólica de unos de los poderes estatales, es una interpretación al menos limitada.

Esta mirada junto a aquella otra que solo ve la justicia desde el conflicto, nos han llevado a un verdadero estado judicialista del conflicto. Agravado, por cierto, por otros fenómenos tales como la politización de la justicia y la judicialización de la política que nada bien le hacen a quien es la centralidad del sistema: la población.

* Docentes de derecho.


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