Miembros de la Ofephi critican el proyecto de promoción de inversiones

Cuestionaron que se enteraron de la versión final de la norma por los medios. Advirtieron que algunos puntos no coinciden con lo acordado. Dudas en torno al régimen especial para áreas de Vaca Muerta.




La elevación del proyecto de ley más esperado por la industria hidrocarburífera nacional en los últimos años, el de promoción de las inversiones, dividió las aguas dentro del sector, y mientras algunos actores destacaron como positivo que la iniciativa que formó parte de la plataforma de campaña del gobierno finalmente esté a un paso de llegar al Congreso, desde otros sectores como es el caso de las provincias que integran la Organización de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) no se dudó en levantar el dedo y señalar cuestionamientos.

Pese a que desde el gobierno se destacó que en el armado del proyecto se realizaron más de 30 reuniones, varios integrantes de la Ofephi contaron a Energía On que la presentación que fuentes del gobierno realizaron a los medios el jueves fue una cachetada virtual al acuerdo que había de que sean las provincias productoras las primeras en conocer el texto final de la norma.

“Nos enteramos por los medios”, fue la respuesta que dieron los miembros consultados, quienes revelaron que a mediados del mes pesado habían sido invitados a la presentación que se iba a realizar el proyecto en El Calafate, una iniciativa que se canceló tres días antes y que no fue luego retomada.

Pero además, las fuentes consultadas señalaron que algunos puntos dados a conocer a la prensa “son lo contrario a lo que habíamos acordado” y que sobre otros puntos que se esperaba sean abordados no hubo definiciones.

Más allá de la forma de dar a conocer el texto del programa de promoción que se planteó para los próximos 20 años, las fuentes consultadas advirtieron que existen puntos que podrían poner en dudas la aplicación de la nueva norma que aún no fue elevada al Congreso para su debate, en medio del más candente clima electoral.

Uno de esos puntos es la autonomía de las provincias como titulares de los recursos hidrocarburíferos y de los impuestos provinciales.

Los desarrollos en Vaca Muerta podrían no cuadrar con los requisitos planteados para el régimen especial de promoción.

De acuerdo a los detalles brindados por fuentes del gobierno nacional a Energía On, existen dos puntos que avanzan sobre la autonomía provincial: el primero es el derivado de la estabilidad tributaria que marca que las provincias que adhieran al régimen de promoción deberán mantener estables sus impuestos vinculados con el sector por 20 años.

En este caso, las fuentes consultadas indicaron que en los encuentros con la Ofephi se había acordado que la ley no necesitaría la adhesión de las provincias, en buena medida para garantizar una rápida implementación ya que además del tratamiento en el Congreso del proyecto se deberá aguardar la reglamentación de la propuesta de parte del gobierno nacional.

El otro punto tiene que ver con el régimen de proyectos especiales, en donde se encendieron las señales de alarma en varias provincias al conocerse que la aprobación de esos proyectos no estará en manos de las provincias, como titulares de los recursos naturales, sino en manos de una comisión especial formada por el gobierno nacional.

En números

20%
es el mínimo de exportaciones garantizadas que recibirán las operadoras que incrementen su producción.

Según se precisó en la presentación del gobierno, esta comisión especial estará presidida por un integrante de la secretaría de Energía de la Nación que pasará a ser el poder concedente. Y también habrá un integrante del ministerio de Economía, otro por el ministerio del Interior y un cuarto por el ministerio de Desarrollo Productivo.


“La aprobación de los proyectos va a ser solo por esta comisión especial”, remarcaron las fuentes del gobierno nacional, a lo que desde las provincias se advirtió que “no es lo hablado, el poder concedente son las provincias y lo ideal habría sido que haya una doble aprobación: primero de las provincias que son las que controlan los proyectos, y luego de Nación, como se hizo con la Resolución 46”.

Este régimen de proyectos especiales contempla mayores beneficios que el régimen general, aunque siempre se parte de la base de avalar volúmenes exportables en forma garantizada y un porcentaje de las divisas generadas de libre disponibilidad para las empresas.

Entre esos proyectos especiales se encuentran iniciativas como la refinación de petróleo en origen, el almacenamiento subterráneo de gas o storage, pero también planes de explotación convencional y no convencional que son los que más malestar generaron.

Vaca Muerta y el proyecto

Si bien desde el gobierno se apunta de lleno a potenciar el desarrollo de Vaca Muerta con el proyecto de ley, ya que después de todo en la campaña presidencial se conoció a la iniciativa como la Ley Vaca Muerta, son varios los cuestionamientos que se hicieron desde que se conocieron los detalles del plan.

Por un lado se advirtió que si bien es un punto reclamado por las empresas productoras la estabilidad tributaria, en el caso de Vaca Muerta esa estabilidad está garantizada por las mismas concesiones no convencionales.

En los permisos de desarrollo que se dan por 35 años, se incorporan en forma fija la alícuota de las regalías (del 12%) y el tope de aplicación de Ingresos Brutos que en este caso es del 3%.

Pero además, en el caso del régimen especial de promoción, se advirtió que los parámetros fijados por Nación para ingresar al plan harán muy difícil la adhesión de las empresas.

El dato

50%
es el mínimo de exportaciones garantizadas que recibirán las operadoras que incrementen su producción.


Esto se debe a que la propuesta de Nación, en la que por primera vez sería el gobierno nacional el que debatiría con las empresas los planes de inversión para Vaca Muerta, se fijó que las firmas deberán cumplir con dos requisitos: el primero es un plan de inversión de 400 millones de dólares por año durante cinco años consecutivos y el segundo es que el 25% de esos fondos se destinen a desarrollos que se encuentren en la fase piloto, que es lo que en el convencional se define como exploración.

Estos requisitos implican por un lado que las empresas interesadas deberán inyectar nada menos que 2.000 millones de dólares en cinco años, un volumen realmente alto que pocas firmas han materializado hasta el momento.

Pero además, el segundo requisito, el de la fase piloto, pone en jaque a las empresas que sí podrían decidirse a realizar una inversión de ese volumen, ya que deja fuera del tablero la posibilidad de que esos fondos se inyecten en áreas que hoy cuentan con por ejemplo las plantas de tratamiento necesarias para incrementar la producción.

Ese requisito deja afuera a las principales áreas de YPF como Loma Campana, La Amarga Chica o Bandurria Sur y también a áreas de empresas como Shell o Vista porque ya no están en la fase piloto”, indicaron las fuentes.

El storage de gas

El proyecto de ley que está en estos momentos en la secretaría Legal y Técnica de Presidencia contempla una sola modificación a la ley de Hidrocarburos 17.319 que es la creación de las concesiones de almacenamiento de gas o storage, un punto clave de cara a la necesidad del país de reducir las importaciones.

Si bien la iniciativa fue celebrada por las provincias que tienen proyectos al respecto como Santa Cruz, Río Negro y Neuquén, fuentes del gobierno nacional reconocieron que no se avanzó sobre el punto clave de este tipo de proyectos que es la definición de en qué momento deben liquidarse las regalías.

Si bien parece un punto menor, la diferencia entre pagar regalías al valor de la producción que será en verano o al valor de su inyección en la red que será en invierno es vital para la economía de estos proyectos que se centra precisamente en esa diferencia que hay entre el precio del verano y el del invierno.

Mientras la industria aguarda que Alberto Fernández firme el proyecto y lo gire al Congreso, las fuentes consultadas advirtieron que el plazo de la iniciativa, que fue defendido por el gobierno al indicar que busca solaparse con inversiones de mediano y largo plazo, fue otro eje de los cuestionamientos.

Plantear una restricción del 50% en la libre disponibilidad de las divisas por 20 años es como plantear que Argentina va a seguir en crisis por esos 20 años”, indicó un integrante de la Ofephi, mientras que otro miembro remarcó que “lo peor es que si esta restricción a 20 años frena los desarrollos, cuando la ley termine el mundo es posible que ya no necesite petróleo”.

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