Mirar para otro lado

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ALICIA MILLER amiller@rionegro.com.ar

En Río Negro el Estado crece cada día. Con el pase a planta permanente y la incesante designación de nuevas personas –sin previo organigrama y sin el requisito del concurso y el examen de idoneidad– la administración pública provincial engorda. Al mismo tiempo, se hace especialista en mirar para el lado opuesto a donde fluyen los problemas. Se desentiende. Deja hacer y deja pasar. Esta semana, una de las principales actividades económicas de la provincia, que ocupa en forma directa e indirecta a miles y miles de personas en Bariloche, se vio impedida de trabajar con normalidad por una protesta de un grupo de empleados de comercio. El “apriete” afectó no sólo a los empresarios del cerro Catedral sino también a los instructores de esquí y, principalmente, a los turistas, configurando un abuso en el ejercicio del legítimo derecho de protesta que –sumado a otros tantos– afecta la imagen internacional del principal centro de deportes invernales del país. Lo mismo sucedió luego con el gremio ATE, que volvió a obstaculizar la circulación en el puente entre Cipolletti y Neuquén sin que nadie se lo impidiera. El gremio estatal ya no disimula su afán de notoriedad ante la proximidad de sus elecciones internas, convocadas para el 2 de setiembre. El motivo de la protesta fue un reclamo general que es materia de negociación con las autoridades, que no reviste urgencia ni gravedad excepcional ni justifica entorpecer la vida y generar gastos adicionales de tiempo y dinero a ciudadanos comunes. Ni la Justicia rionegrina ni la Federal –por tratarse de una ruta nacional interprovincial– actuaron para impedir la obstrucción. Tampoco funcionó bien el Estado en el Penal 2, que volvió a estar en el eje de la controversia después de que, hace un par de días, un preso lograra su cuarta fuga en seis años cuando escapó simplemente corriendo puertas afuera. La revuelta iniciada el miércoles tras el horario de visita conmovió a toda una institución del Estado. En su transcurso hubo, en realidad, una cadena de errores. El primero fue que nadie pudo impedir que siete mujeres y tres hombres que concurrieron a ver a sus familiares presos se quedaran dentro del edificio. Ni que, al día siguiente, pasaran al pabellón junto con unos 15 internos y dispusieran de parte del penal a su gusto. Y que varios internos amenazaran con facas de gran tamaño al juez de Ejecución Penal y a quien quiso intervenir. La impericia demostrada por las autoridades generó una situación de máximo riesgo que sólo la firmeza negociadora del juez Chirinos pudo evitar que pasara a mayores. El jueves por la noche, los agentes penitenciarios parecían tener más ganas de entrar con violencia al pabellón –sin importar el costo que esto tuviera para las personas– que de lograr una solución pacífica. Recién el viernes a la noche, cuando ya todo había pasado, el titular del Servicio Penitenciario llegó a Roca. Más de dos días habían transcurrido. En el origen del reclamo está, vale aclararlo, un legítimo pedido de que el Estado garantice talleres y trabajo a los internos condenados, que les permitan mantener a sus familias y ser calificados –como la ley prevé– para obtener salidas transitorias o libertad condicional. “Nos peleamos para barrer un pasillo porque es la única forma de subir un punto”, dijo uno de los internos. “Invierten más en violencia que en talleres”, cuestionó otro. En un Estado provincial que ya no puede invocar la falta de recursos –colmado como está de dinero producto de la renegociación petrolera– se hace menos admisible que nunca la existencia de legajos desactualizados, historias criminológicas frenadas y retrasos en las evaluaciones del Gabinete Criminológico. Más allá de lo presupuestario, fue evidente la tensión entre las autoridades penitenciarias y el juez de Ejecución Penal. El tema llegó al filo del quite de colaboración al magistrado, que fue el único que mostró en los hechos un genuino interés para solucionar el conflicto sin poner en riesgo la vida de personas. Mientras esto pasaba, en Catriel una acotada audiencia pública daba un marco de aval a la renegociación de los contratos petroleros referidos a tres yacimientos controlados por la firma Madalena Energy. Lejos del pormenorizado análisis que la oposición realizó en oportunidad de la primera audiencia pública –por las cinco principales explotaciones de la provincia– la instancia de debate pasó ahora casi inadvertida. La ratificación electoral que el gobierno de Alberto Weretilneck logró el 14 de mayo –y la consecuente “paliza” a la oposición– se sumó a la conformación de una nueva mayoría legislativa en la provincia y al consenso local de Catriel en favor de la fuente de empleo mayoritaria en el oeste rionegrino. Dos cosas resultaron, en ese plano, preocupantes: • El control de actos públicos tan trascendentes como los contratos petroleros no debería quedar expuesto a las circunstanciales mayorías políticas. Hay tantas variables económicas, sociales y ambientales en juego que resulta lamentable la ausencia de una intervención ciudadana de carácter técnico y probada imparcialidad. • Más allá del anuncio de abundantes obras –que contribuyó a mejorar la imagen de la gestión Weretilneck y a determinar su reelección–, Río Negro sigue teniendo un notable déficit en materia de infraestructura. Sin ir más lejos, los caminos que usa la actividad petrolera en el noroeste están virtualmente intransitables. Esto vale para la Ruta 151 –de un deplorable pavimento lleno de pozos y peligrosas ondulaciones– como para todos los caminos de ripio de esa zona. Es de esperar que el reciente proyecto de cambiar la organización de la actual Secretaría de Planificación para convertirla en un Instituto Autárquico para la Integración y el Desarrollo inicie un proceso aún inexistente de modernización de una provincia anclada en el atraso. En ese marco, resulta muy interesante la propuesta del vicegobernador Pedro Pesatti de integrar a ese nuevo ente al actual Instituto de Desarrollo del Valle Inferior, un organismo que se eternizó como estructura burocrática mucho después de que el objeto para el cual fue creado quedara finalizado. El Idevi son las chacras y campos que circundan Viedma, no las oficinas y empleados públicos que ocupan parte del edificio frente a la plaza San Martín. Estos técnicos podrían aportar su experiencia en un nuevo organismo con una visión más provincial que local. Pensar el desarrollo implica también tener la capacidad y el coraje para adecuar las estructuras en función de los nuevos requerimientos. Del mismo modo, deberían ser revisadas las plantas de personal y las acciones concretas de los entes de desarrollo regionales creados por la Constitución. La principal ventaja de esta transformación sería que los contribuyentes encuentren un correlato entre los impuestos que pagan y los beneficios concretos para la ciudadanía toda.

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