Mundo hostil
Si los culpables de crímenes de lesa humanidad no pueden sentirse a salvo en México, les quedan pocos refugios.
Aunque algunos militares continuarán protestando contra la resistencia del gobierno del presidente Fernando de la Rúa a solidarizarse con uniformados retirados como el mayor Jorge Olivera y el capitán de corbeta Ricardo Miguel Cavallo, a esta altura se habrán dado cuenta de que se trata de una batalla perdida. Lejos de favorecerlos, el tiempo está corriendo en su contra. Lo mismo que para los criminales de guerra nazis que luego de vivir tranquilamente durante treinta o cuarenta años descubrieron que no habían sido olvidados, para los acusados de haber perpetrado graves violaciones de los derechos humanos dos décadas atrás el «mundo occidental y cristiano» del cual se afirmaban defensores a ultranza se ha convertido irremediablemente en un lugar peligroso. Lo sabe muy bien el gobierno, de ahí su actitud pasiva. Si a fin de complacer a ciertos militares procurara ayudar a los detenidos en el exterior por crímenes cometidos en el país, se trataría de un gesto exclusivamente para el consumo interno que no incidiría en absoluto en el destino de los acusados. Además, puesto que ya son dos los militares que han sido detenidos en otras latitudes a pedido de la Justicia francesa o española y es probable que pronto haya algunos más, el gobierno tiene motivos para felicitarse por no haber reaccionado frente al primer caso, el de Olivera: de haberlo hecho, se sentiría obligado a actuar con la misma energía ante todos los siguientes, involucrándose así en una serie interminable de reyertas diplomáticas que no contribuirían en absoluto a mejorar ni su propia imagen ni la del país.
Al producirse la primera detención, aquellos militares que aludían al asunto dieron a entender que se sentían víctimas de una extraña conspiración «neocolonialista» presuntamente urdida por el juez español Baltasar Garzón con la colaboración de sus cómplices italianos y franceses, Sin embargo, el arresto más reciente, el de Cavallo, se produjo en México, país que según sus cálculos debería resultarles seguro por ser latinoamericano, contrario por tradición al «imperialismo jurídico» y, de todos modos, poco respetuoso de los derechos básicos de los enemigos de su propio régimen. Es que la «conspiración» ya cuenta con aliados en América Latina, lo cual significa que en adelante convendría a los vinculados con la represión ilegal permanecer en la Argentina o, por ahora cuando menos, no arriesgarse fuera del Cono Sur. Después de todo, si los culpables de crímenes de lesa humanidad ni siquiera pueden sentirse a salvo en México, ya les quedan muy pocos refugios confiables fuera de las zonas menos atractivas – y menos occidentales – de Africa y Asia.
Por principio, dirigentes progresistas de la talla de Raúl Alfonsín y el español Felipe González han respaldado la tesis esgrimida por militares amenazados por la ley señalando que la Justicia «globalizada» es asimétrica por suponer la subordinación de países débiles a otros más poderosos. Están en lo cierto, pero ocurre que es utópico exigir que la Justicia sea totalmente imparcial. No lo es en ningún lugar del planeta, porque los ricos o los bien instruidos siempre pueden defenderse mejor que los pobres y los ignorantes. Asimismo, hay grupos enteros, como el conformado por los políticos, cuyas ventajas son patentes. Sin embargo, a nadie se le ocurriría afirmar que por funcionar la Justicia bastante mal en todas partes deberíamos prescindir de ella hasta que sea perfeccionada. Lo que hay que hacer es tratar de mejorarla mediante reformas para que se acerque cada vez más a la ideal, tarea que han emprendido aquellos europeos que están procurando ampliar la vigencia de las leyes destinadas a asegurar el respeto universal por ciertos derechos considerados fundamentales. Por supuesto que hay muchas anomalías. Es «injusto» que los europeos se hayan ensañado con el ex dictador Augusto Pinochet mientras que siguen recibiendo con pompa a gobernantes igualmente sanguinarios de países como China y el Congo. Pero de aplicarse la misma lógica deberían abrirse todas las cárceles del mundo porque no cabe duda de que son muchos los delincuentes que aún andan sueltos sin que haya forma legal de encarcelarlos.
Aunque algunos militares continuarán protestando contra la resistencia del gobierno del presidente Fernando de la Rúa a solidarizarse con uniformados retirados como el mayor Jorge Olivera y el capitán de corbeta Ricardo Miguel Cavallo, a esta altura se habrán dado cuenta de que se trata de una batalla perdida. Lejos de favorecerlos, el tiempo está corriendo en su contra. Lo mismo que para los criminales de guerra nazis que luego de vivir tranquilamente durante treinta o cuarenta años descubrieron que no habían sido olvidados, para los acusados de haber perpetrado graves violaciones de los derechos humanos dos décadas atrás el "mundo occidental y cristiano" del cual se afirmaban defensores a ultranza se ha convertido irremediablemente en un lugar peligroso. Lo sabe muy bien el gobierno, de ahí su actitud pasiva. Si a fin de complacer a ciertos militares procurara ayudar a los detenidos en el exterior por crímenes cometidos en el país, se trataría de un gesto exclusivamente para el consumo interno que no incidiría en absoluto en el destino de los acusados. Además, puesto que ya son dos los militares que han sido detenidos en otras latitudes a pedido de la Justicia francesa o española y es probable que pronto haya algunos más, el gobierno tiene motivos para felicitarse por no haber reaccionado frente al primer caso, el de Olivera: de haberlo hecho, se sentiría obligado a actuar con la misma energía ante todos los siguientes, involucrándose así en una serie interminable de reyertas diplomáticas que no contribuirían en absoluto a mejorar ni su propia imagen ni la del país.
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