Audiencia por el boleto en Bariloche: rechazo general al aumento reclamado por Mi Bus

El gerente de la empresa Mi Bus, Juan Pablo Follonier, expuso hoy en audiencia pública las razones que los llevaron a solicitar una tarifa del transporte para esta ciudad de 162 pesos y salvo al Ejecutivo municipal (que se encamina a validar un aumento cercano a esa pretensión) no logró convencer a nadie.

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Todos los oradores que tomaron la palabra luego de Follonier se pronunciaron por el rechazo al aumento. La mala calidad del servicio y los obstáculos para conocer de primera mano los estados contables de Mi Bus fueron los principales motivos invocados por quienes pasaron por el micrófono.

También hubo impugnaciones a la metodología aplicada por el municipio para cumplir con la audiencia obligatoria. Elena Florin y Concepción Mohana -ambas referentes de la Multisectorial del Transporte- dijeron que el tiempo de inscripción fue reducido a cuatro días hábiles, en abierta violación a lo establecido por ordenanza. “Es la primera vez que pasa”, dijo Florin.

La audiencia fue presidida por el secretario de Fiscalización, Sebastián Rodríguez, y lo acompañaban la vicejefa de Gabinete Gabriela Rosemberg y la asesora letrada municipal Karina Chueri, quienes nada dijeron sobre ese punto.

En sus palabras de apertura Chueri recordó que el Ejecutivo tiene tiempo hasta el 8 de junio para “emitir dictamen” sobre lo expuesto en la audiencia y que las ponencias presentadas deben ser tomadas en cuenta o bien descartadas mediante “rechazo fundado, bajo pena de nulidad”.

El incumplimiento de esta obligación en audiencias anteriores también fue señalada por varios de los participantes, quienes alegaron que se trataba de una “parodia” de participación ciudadana.

Follonier dijo que el precio del boleto que propone MI Bus es la resultante de los kilómetros recorridos (que promedian los 6 millones por año), de lo cual se desprende el costo en combustible, neumáticos, refrigerante y lubricantes. Más el costo en personal, que se define periódicamente mediante paritarias.

Señaló que en el último año Bariloche alcanzó un índice de pasajero/kilómetro de 2,2 y logró mejorar los números de 2021, cuando no habían superado el 1,8. Igual está lejos de los registrados en Capital Federal (7,8) y Córdoba (4,8), que permitirían tener un costo menor por usuario y por lo tanto un boleto más barato. El gerente de la prestadora dijo que en la ecuación también intervienen los subsidios que reciben tanto la Nación como la provincia y el municipio.

Según Follonier, en Bariloche pagan el boleto pleno unos 523 mil pasajeros por mes, lo que representa algo más de la mitad de los que “pasan tarjeta”. El resto son estudiantes (que viajan gratis) o están alcanzados por distintos descuentos, como los jubilados, las personas con discapacidad o los beneficiarios de planes sociales.

El gerente afirmó que sin subsidios el boleto debería costar 320 pesos, pero el importe que piden se reduce a la mitad en razón de las compensaciones asumidas por el Estado. Propusieron en definitiva una suba tarifaria del 40% (hoy es de 115 pesos) y Follonier dijo que que está calculada sobre los costos de marzo pasado.

Consultado luego por este diario, no descartó que propongan una nueva suba antes de fin de año, lo cual rompería una regla aplicada por Mi Bus a partir de la pandemia cuando propuso aumentos anuales, y el municipio se los aprobó en reajustes aplicados en dos etapas. Follonier recordó al comienzo de la audiencia que por contrato tienen derecho a pedir ajustes semestrales.

A la hora de describir las cargas que pesan sobre el precio del boleto nada dijo sobre la ganancia empresaria. Uno de los participantes de la audiencia, Pablo Bascari, le preguntó específicamente sobre ese tema y Follonier terminó por admitir que la renta garantizada “figura en el contrato y es del 20%”, sin especificar sobre qué base de cálculo.

Bascari dijo luego, en su intervención como expositor, que ese 20% “es el máximo” y podría ser menor. Variante en la que el gobierno municipal nunca incursionó.

Críticas variadas

Entre los oradores hubo varios que se presentaron como integrantes de la Juventud Peronista y de la Unión de Estudiantes Secundarios, quienes uno a uno se expresaron por el rechazo al aumento sin presentar fundamentos, por considerar que la audiencia era “una falacia”.

Florin dijo que “el servicio es un desastre, con colectivos obsoletos, que ponen en riesgo a los pasajeros”. Reclamó la apertura de los libros contables de Mi Bus y se preguntó, por ejemplo, “quién cobra los 200 millones de honorarios profesionales” que figuran en el desglose de costos, que recaen sobre la tarifa.

Gloria Moreno también cuestionó el aumento pretendido porque “es inaccestible para los trabajadores”. Dijo que “estas audiencias son un fraude” y criticó el incumplimiento de la reglamentación. “Ni nos contestan, nos mienten”, aseguró.

Robert Cooper, también de la Multisectorial del Transporte, denunció que existe “un abuso” del mecanismo de participación, que demuestra “una falta de respeto al pueblo entero de Bariloche”.

Juan Manuel Lin se manifestó en contra del aumento y dijo que los aplicados con anterioridad no se tradujeron en mejoras del servicio ni ampliación de recorridos. “Ya está todo cocinado y juegan con la gente”, se quejó.

Roberto Paillacoy, dirigente vecinal del barrio Lera, realizó un alegato más político y señaló que “el Estado responde a los intereses de las empresas, el municipio actúa para complacerlas y la comisión de seguimiento del transporte no funciona. Estos aumentos son un maltrato y una violencia a los ciudadanos barilochenses”.

Paillacoy y también Bascari se quejaron de que no estuviera presente el intendente Gustavo Gennuso. Entre los asistentes había solo cuatro concejales, además de los funcionarios encargados de conducir la audiencia.

También hubo críticas expresas contra la defensora del Pueblo, Analía Woloszcuk, por su inacción frente a las necesidades y la “desigualdad” existente en la ciudad.

Woloszczuk fue la última oradora, dispuso de una ampliación del tiempo reglamentario, y repasó situaciones que conflictivas que existen también en otros puntos del país por la determinación de la tarifa del transporte. Señaló que el precio del servicio “impacta sobre los bolsillos de quienes lo tienen como única opción” y propuso que “no haya aumento mientras no haya transparencia en el cálculo”.

A su entender, la tarifa debe ser “proporcionada, justa y razonada” y reclamó que se “evalúen con detenimiento” las variables involucradas en el costo.