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Revisan los acuerdos de Gennuso con gremios para la entrega lotes sociales
Son actas de intención que firmó Gennuso para la entrega de tierras. Legales del municipio estudia la posible disolución de esos convenios. Acusan que no tenían sustento técnico.
El año pasado, 40 días antes de cambio de Gobierno, los concejales no convalidaron los convenios de Gennuso por la entrega de lotes. Archivo
Los acuerdos firmados por el exintendente Gustavo Gennuso con gremios de Bariloche para ceder lotes para sus afiliados, que el Concejo Deliberante no convalidó, están bajo revisión legal en el municipio que analiza la eventual anulación de esos compromisos.
Se trata de los acuerdos que impulsó el anterior directorio del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas y que convalidó el exintendente mediante resoluciones, pero que requerían de la autorización del deliberante que se intentó apurar 40 días antes del cambio de gobierno pero que no se concretó por la negativa de los ediles opositores, entre ellos el representante del PUL, Gerardo Del Río, quien ahora preside el cuerpo.
Los acuerdos sumaban unos 99 lotes sociales para el Sindicato de Luz y Fuerza (44), Utedyc (21), Mutual de Trabajadores del Transporte de la Patagonia (18) y el Sindicato de Trabajadores de Saneamiento (16).
Tomás Guevara, vocal del Instituto de Tierras y Viviendas, confirmó a diario RÍO NEGRO, que “esos acuerdos fueron derivados a Asesoría Letrada del Ejecutivo para que se analicen. Son resoluciones del intendente sin sustento, actas de intención firmadas por Gennuso”.
El funcionario indicó que esos convenios establecían la entrega de parcelas a los gremios pero esas organizaciones se debían hacer cargo del planteo urbanístico y otras cuestiones.
En el diagnóstico que el instituto elevó la semana pasada al Tribunal de Contralor para que inicie una autoría formal del organismo y analice posibles juicios de responsabilidad a las autoridades que se sucedieron desde 2017 hasta el fin del gobierno de Gennuso, se puso puntual atención en estas actas acuerdos -que fueron enviadas al Concejo como proyectos de ordenanza- y apuntan que tenían “selecciones discrecionales, sin ningún tipo de normativa o informe social o técnico que las respalde”.
Una de las alternativas que evalúa el gobierno de Walter Cortés es anular esos compromisos de la gestión anterior ante la premisa de transparentar todos los procedimientos de adjudicaciones de lotes a través del Registro de Demanda del instituto.
En noviembre pasado, el concejal Del Río había cuestionado esos acuerdos y tildado de “gremios amigos” del poder de turno a los beneficiados con los convenios e incluso prometió revisar las listas de adjudicatarios de los lotes bajo la sospecha que habría “punteros políticos”.
También se cuestionó que la anterior gestión firmó al menos 57 actas de intención por unos 2.650 soluciones habitacionales. “En algunos casos, los compromisos firmados refieren a operatorias habitacionales específicas, como Las Morenas, proyecto que no tiene ningún tipo de grado de avance y cuya tierra no es de dominio municipal (acta de Directorio 190/2022)”, señala el documento presentado al Contralor. Guevara dijo en este caso que ese proyecto privado, ubicado entre la Ruta 40 y la Ruta 82, debe primero saldar las diferencias entre los propietarios y de avanzar, no podría generar más de 300 lotes.
Orden interno
El Instituto de Tierras con la presentación al Contralor busca “deslindar responsabilidades y transparentar el organismo como lo recibimos”, dijo Guevara quien confirmó que el ente de control ya dio curso a la auditoría y designó a la contadora Andrea Leiva para llevar adelante el proceso.
A nivel interno, la nueva gestión pretende “ponerse al día” con los balances ya que el último presentado data de 2018; impulsar una búsqueda de personal interno ya que tiene una planta de solo 20 agentes en distintas áreas; y regularizar la posibilidad de tener un agrimensor, un rol fundamental para la regularización de lotes y barrios”. Actualmente se pudo realizar una contratación de un profesional a término, por tres meses, como locación de servicio.
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