Nahuel, Solano y el Estado responsable

Panorama de río negro

Rafael Nahuel tenía 22 años; murió en Bariloche de un disparo efectuado por un efectivo de una fuerza de seguridad nacional. Daniel Solano había llegado, con 27 años, de Salta a Choele Choel para trabajar en la cosecha; lo último que se sabe es que fue sacado de una discoteca por policías de Río Negro. La lista es más larga, pero la conclusión es la misma: el responsable es el Estado.

Hay otro común denominador: las víctimas eran jóvenes pobres, vulnerables. Nahuel creció en el Alto, esa zona de Bariloche donde se concentran las familias de menores recursos. Solano era un trabajador golondrina de Salta reclutado por una empresa tercerizada que trabajaba para una multinacional, Expofrut, en el Valle Medio.

Siete meses después de que Nahuel muriera tendido en el asfalto de la Ruta Nacional 40, el efectivo de elite de Prefectura, Francisco Javier Pintos, fue citado por el juez federal Gustavo Villanueva a indagatoria. Arguyó que la muerte del joven fue consecuencia de una emboscada, que recibieron disparos de armas de fuego de parte de al menos dos personas de la comunidad mapuche, que él no tenía consigo el subfusil MP5 del que partió la bala que mató al joven y que se trató de una legítima defensa.

Pintos también recordó que fue el mismo juez Villanueva el que les ordenó el rastrillaje, luego de un intento de desalojo anterior.

Es muy probable que, así como se instruye el caso, el juez termine dictando la falta de mérito o el sobreseimiento de los seis integrantes del grupo Albatros que formaban parte de la patrulla, lo que para muchos sectores de la sociedad tendrá sabor a impunidad.

Hay, de todos modos, un juicio sin veredicto claro: el que interpela al Estado por el uso de una fuerza semejante para sacar a una centena de personas de un predio en medio de un parque nacional enorme. Las consecuencias estaban a la vista. Lejos de reprochárselo, el gobierno nacional reivindica la decisión y, aunque alguno haya creído que Patricia Bullrich tenía los días contados en el gabinete, está visto que la ministra tiene asegurado su puesto.

Es de una crueldad difícil de entender la justificación del homicidio (homo=igual, cid=caedere=matar) de un chico de 22 años. ¿Tenía pólvora en una de sus manos? ¿Disparó un arma contra efectivos entrenados como los mejores de su fuerza? Como en el caso de Santiago Maldonado, la muerte es consecuencia del accionar represivo del Estado en defensa de un territorio. Cuesta asimilar que en Argentina no se puede desplegar un operativo de desalojo sin que un arma policial mate a una persona, desde Víctor Choque hasta Rafael Nahuel pasando por Carlos Fuentealba y Teresa Rodríguez.

“Todo lo que se puede hacer mal en la investigación de la desaparición de Daniel Solano se hará mal”. El postulado podría ser incorporado a la saga de libros de la ley de Murphy.

En el gobierno provincial están tranquilos porque calculan que el juicio contra los siete policías acusados del secuestro y asesinato del salteño terminará con condenas.

Y es probable que no se equivoquen, a pesar de que está claro que la causa es un compendio de ocultamientos, connivencias, inoperancia y desprecio por la justicia.

Además de los siete acusados directos, otros 27 aparecen en causas conexas, esencialmente por encubrimientos. Hay testigos que vieron a los policías subir a la víctima a un patrullero y esas voces serán seguramente valoradas por los jueces.

Pero otra vez aquí el responsable es el Estado, en el interior de cuya Policía estalló hace siete años una alarma, que ignoró. Y se comportó más o menos igual cuando asesinaron a un efectivo policial de Bariloche, Lucas Muñoz, en 2016.

El ministro de Seguridad sigue siendo Gastón Pérez Estevan, que concursará para ser fiscal general de la provincia. En ese caso, se dice que el jefe de la Policía, Daniel Jara, pasará a ocupar ese lugar, quebrando del todo la política de la que se jactaba Alberto Weretilneck: a la Policía la manejan civiles. Ahora un uniformado manejará las políticas de seguridad.

La muerte del joven mapuche de Bariloche es una respuesta desproporcionada a la ocupación de tierras fiscales. La vida debería estar por encima de un territorio.

La causa del secuestro y asesinato del jornalero salteño que desapareció en Choele Choel es un compendio de todo lo que se puede hacer mal, desde la Policía hasta la Justicia.

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