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¿Necesitamos la prórroga a la Ley de Emergencia?



Salvador Durán*


Mucho se habló de la suspensión de la prórroga de la emergencia económica, productiva, financiera y social a la cadena de cultivos de peras y manzanas. Desde los representantes de los carteles compradores y lobbistas, que digitan la evolución de la fruticultura, hasta representantes del sector productivo primario argumentan la imposibilidad de hacer frente a tales obligaciones fiscales, en virtud de la crisis estructural en la que están inmersos. Ambos sectores han sido claros en la necesidad de prorrogarla, aunque los segundos, con buen tino, han propuesto segmentarla en favor del productor primario, en virtud de la histórica, permanente e inequitativa distribución de ingreso.

Ante esta nueva crisis en la que está inmerso el mundo y, por supuesto, nuestro país es impensado direccionar fondos, u otorgar beneficios fiscales, a quienes no sean afectados, en primera instancia, por la covid-19.

No es plausible seguir en emergencia, año tras año, cuando hubo períodos donde la rentabilidad de la comercialización de la fruta fue interesante. Vale aclarar que dicha rentabilidad, producida en el último eslabón de la cadena, no fue distribuida equitativamente a lo largo de la misma.

Así, los exportadores no tienen ningún argumento valedero para la prórroga de la ley, más que su propio beneficio económico, pero los productores primarios sí. Estos últimos tienen la necesidad de la prórroga porque no fueron debidamente retribuidos por los ingresos de la comercialización de sus productos.

¿Esta prórroga, para el productor primario, debe ser eterna? No es lógico que todos los argentinos a través del Estado, el cual es de todos los habitantes del país, estén otorgando beneficios a sectores individuales, que no logran percibir una justa remuneración por su trabajo y/o producto, a no ser casos sumamente excepcionales, que no es este. El Estado se ha hecho el distraído, y ha mirado hacia otro lado durante muchos años, fomentando la inequitativa distribución del ingreso de este sector, siempre en favor de los oligopsonios y en perjuicio del productor primario.

No obstante ello, a partir de 2002 con la promulgación de la ley de Transparencia Frutícola (N°3611) y en 2005 con la de Contractualización (N°3993), la Legislatura Provincial otorgó al sector productivo primario una herramienta clave para la defensa de sus propios intereses, siempre los más desprotegidos de la cadena de valor.

Sin embargo, en estos 15 años se utilizó solo en contadas ocasiones y siempre con sentencias favorables al productor.

Es hora de empezar a usar esta herramienta, muchas veces ninguneada y hasta menospreciada por toda la cadena de valor, para salvaguardar la dignidad como productor. No solo para poder hacer frente a las obligaciones fiscales, sino que también para que este pueda desarrollarse socialmente junto a su familia, invirtiendo y actualizando tecnológicamente sus chacras como sí pueden hacer los dueños y CEO de los oligopsonios.

Finalmente, si el Estado nacional decidiera prorrogar la Ley de Emergencia a todo el complejo frutícola, debería ser con la condición ineludible de adherirse todos los integrantes de la cadena, a la leyes de Transparencia y Contractualización de la Provincia, de modo tal que el productor tenga la posibilidad cierta de quedar salvaguardado de los manejos, muchas veces inescrupulosos, oligopsónicos.

*Productor frutícola, expresidente de la Federación de Productores de Río Negro


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