No es fácil, pero las textiles de Neuquén no dejan de coser

“No es lo mismo cuando vos llevás un salario (a tu casa), te posicionas de otra manera, que cuando no lo llevás”, asegura Marina Cantilao. El 31 de enero de 2017 ella y una treintena de mujeres perdieron su trabajo cuando intempestivamente cerró la empresa Textil Neuquén. Luego de 10 meses de reclamo se constituyeron como la cooperativa “Traful Newen”- que significa Unión y fuerza- y volvieron a producir. Recién este año lograron tener equipos de aire acondicionado en el galpón en el que cosen y bordan.

“El invierno pasado veníamos con frazadas. De nuestro sueldo comen nuestros hijos y con eso no se jode, ni se negocia, como decimos nosotras, por eso venimos igual, pasadas de frío”, agrega.

No hay heroísmo, sino convicción. Actualmente la remuneración promedio mensual de las obreras ronda los 15.000 pesos. Para Norma Brizuela, otra de las trabajadoras, ese dinero es un aporte indispensable para parar la olla y llenar el plato, pero no alcanza para hablar de independencia económica.

Las obreras trabajan todos los días, de 7 a 13, en un galpón ubicado en la zona de Parque Industrial, con parte de la maquinaria de Textil Neuquén, y al lado de la firma Proseind, que compra un stock de prendas fijo. El resto de los clientes son particulares que se acercan con pedidos. Confeccionan desde mamelucos ignífugos hasta buzos de egresados.

La mayoría de las trabajadoras vive en Centenario, y algunas poquitas en la ciudad de Neuquén. El colectivo las deja sobre Ruta 7 y desde ahí suben por camino de tierra. Cuando estalló el conflicto el Estado provincial intervino para llegar a un acuerdo entre las partes. El propio gobernador, Omar Gutiérrez, destacó el convenio como un modelo de negociación para mantener puestos de trabajo. Aún quedan puntos pendientes.

“Ellos nos iban a entregar las compras del ministerio de Producción, de Turismo y de Seguridad. Cuando nosotras estuvimos casi 11 años en la ex Textil Neuquén los empresarios Huerta, los que nos dejaron en la calle el 31 de enero, eran proveedores privilegiados del Estado. Toda la ropa de las reparticiones públicas se hacía ahí: Rentas, Legislatura, Municipalidad, Epas, Epen. A casi dos años de ser una gestión obrera el gobierno no nos ha entregado una sola camisa. Para nosotros es muy importante que el gobierno cumpla con ese punto del acuerdo. Nosotras lo que queremos es pagar la maquinaria y seguir trabajando en condiciones y como corresponde, pero hasta este momento nosotras estamos incumpliendo con el Iadep, las máquinas no se han pagado”, plantea Marina.

El haberse organizado como cooperativa modificó los roles. Ahora hay trabajadoras dedicadas, por ejemplo, a la administración. “No es color de rosa, como en la vida, pero por ejemplo nosotras en la textil estábamos divididas en líneas: linea de camisa, de pantalones, y tenías compañeras con las que quizás trabajabas, tenías una amistad, y capaz que la compañera que estaba con la máquina adelante te decía “hola que tal y chau”, recuerda Norma. Marina suma: “Desde ese 31 de enero, si teníamos diferencias, cuando nos quedamos en la calle, nos juntamos todas en un solo puño”.

Del viejo establecimiento no sólo cargaron deudas. También se llevaron a Canela, la perra guardiana y la mejor herencia.

Lo que cambiaron también fueron las condiciones de trabajo. Marina apunta: “Somos las mujeres que también hacemos malabares en nuestras casas. Hemos tenido compañeras que por ahí no viene la niñera, o no tienen para pagarle, y vienen con los chicos. Anhelamos tener una ludoteca, donde puedan estar nuestros hijos. Las compañeras no pueden pagar el transporte para llevar y traerlos al colegio y en esos casos se retiran, lo llevan y después vuelven. Y no se les descuenta nada, lo mismo para asistir a los actos escolares”.

Las trabajadoras, los representantes de la empresa y del gobierno provincial firmaron un acuerdo que permitió zanjar el conflicto en julio de 2017. La administración se comprometía a adquirir la producción para abastecer la demanda de las dependencias públicas, específicamente, del ministerio de Producción y Turismo, que en aquel entonces era uno solo y hoy está dividido, y al de Seguridad. Un porcentaje de esta compra iba directamente a cancelar el crédito con el Iadep. Hasta el momento no se cumplió con este punto, lo que coloca en una situación crítica a las obreras que se ven imposibilitadas de saldar la deuda.

“De la producción que le encargaran, el 20% se retiene y se deposita al Iadep: ese es el modo en que ellas pagarían la deuda de cerca de 4 millones de pesos, que es el valor al que se tasó a través del tribunal de tasaciones de la provincia, todos los bienes muebles que adquirieron en propiedad”, explica la abogada Natalia Hormazabal.

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Ya pasaron dos años y el Estado provincial aún no encargó la producción. “Hace un mes tuvimos la reunión con la jefatura dónde se comprometieron a efectuar compras directas con el fondo de equipamiento, que es un fondo discrecional que tiene la policía”, afirma Hormazabal. El resto de las áreas no han contestado.

Al parecer el problema estaría en que el convenio entraría en colisión con la ley que regula las licitaciones en la provincia. “El acuerdo tenía un espíritu que era atender una situación social de trabajadoras que estaban reclamando el sostenimiento de sus fuentes de trabajo. Frente a eso hay que tratar de ver como se armoniza la normativa. El fiscal de Estado tuvo intervención y dio el visto para poder llevar el adelante el acuerdo, que después se rubricó con el decreto del gobernador, es decir que no pueden decir que esa norma contraviene normativa provincial”, sostiene.

La fábrica que sostienen las mujeres

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