¿No pasó nada?

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A pesar de lo mucho que se ha dicho desde que los rumores sobre sobornos en el Senado se transformaron en una cuestión institucional, ya parece bastante probable que la clase política nacional en su conjunto logre apagar el incendio que se ha declarado, jurando estar convencida de que si bien hubo muchísimo humo ha sido imposible detectar evidencia alguna de fuego. Muy pocos lo creerán – según los sondeos, más del ochenta por ciento de la población entiende que el gobierno del presidente Fernando de la Rúa sí compró los votos de diversos senadores peronistas – , pero, como sabemos, dicho detalle carece de importancia. Tan desprestigiados están «los políticos» que es comprensible que la mayoría de los operadores partidarios haya dado por descontado que un escándalo más no los perjudicaría demasiado y que, de todos modos, mentir en defensa de «las instituciones» es un acto patriótico.

Tan intenso es el escepticismo sobre la posibilidad de que un día se descubra la verdad que los interesados en el asunto no tardaron un solo momento en intentar decidir quiénes tendrán que pagar los eventuales costos políticos de la multitud de denuncias que se han estado intercambiando. Durante varios días, los más concordaron en que el PJ recibiría una factura pesada que tendría que abonar en las elecciones senatoriales del año que viene, pero desde entonces el consenso se ha modificado. A juicio de muchos, este «affaire» vergonzoso ha servido para confirmar que la cruzada ética emprendida por la Alianza ha sido un ejercicio meramente retórico que nunca podría incidir en el mundo real porque los jefes de la coalición gobernante siempre privilegiarían la estabilidad institucional, la cual a su entender equivale a los intereses corporativos de la clase política, por encima de sus principios. No es que todos los aliancistas sean insinceros, es que no se creen capaces de manejar la crisis que sin duda alguna estallaría si trataran de aplicar sin miramientos las reglas que reivindican con tanta pasión y elocuencia. Pero, es lícito preguntarnos: si un gobierno elegido en base a su respeto por la decencia se siente impotente frente a un escándalo de estas proporciones, ¿qué posibilidad hay de que el país no termine degenerando en una suerte de zona liberada regida por mafiosos? No nos engañemos: al difundirse la sensación de que todos son corruptos, no transcurrirá mucho tiempo antes de que casi todos realmente lo sean.

Tal como están las cosas, es más que probable que el más perjudicado de todos por lo que ha ocurrido resulte ser el presidente De la Rúa. Si más del ochenta por ciento de la gente cree que el gobierno sobornó a los senadores peronistas, esto quiere decir que a su parecer De la Rúa ya no sabía lo que sucedía en su propio entorno, ya lo sabía muy bien pero lo consideraba perfectamente normal. Cualquiera de las dos alternativas así supuestas – ¿pueden concebirse otras? – sería alarmante, porque un presidente que no estuviera en condiciones de manejar a su propio equipo sería tan malo como uno que considerara las coimas un instrumento político legítimo. Es que aunque el veterano radical fue elegido como abanderado de la honestidad, su papel en el escándalo de los presuntos sobornos ha sido muy opaco. Su primera reacción consistió en negar que las versiones importaran: a fin de solidarizarse con los senadores bajo sospecha, las calificó de «absurdas», expresando de esta manera la esperanza de que los medios de comunicación dejaran de tomarlas en serio. Andando el tiempo, el presidente cambiaría de actitud, pero en todo momento ha sido evidente que sus intervenciones se motivaban en mezquinos cálculos políticos, no en la voluntad de hacer un esfuerzo genuino por limpiar estos establos de Augías que son la política en nuestro país. Claro, sus prioridades son otras – lo obsesionan la recesión económica y el «malhumor de la gente» – pero sucede que la depresión anímica que se ha apoderado de la ciudadanía se debe en buena medida a la conciencia de que con escasas excepciones los miembros de la clase política se preocupan por temas que no tienen nada que ver con los problemas de la comunidad que supuestamente «dirigen».