Nuestro país debe repoblar la ruralidad

La oposición a los cambios a la ley de Semillas propuestos tiene que ver no sólo con el principio de que los seres vivos no son “patentables”, sino porque esta ley favorece a las firmas multinacionales y agravaría el éxodo de las zonas rurales.

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Es necesario retener entre un 15 y 20% de la población agraria.

Hemos debatido fuertemente la inconveniencia de modificar la ley de Semillas en la Argentina, país que no patenta “seres vivos”, como lo son las semillas y las creaciones fitogenéticas.

Y hemos sostenido el derecho de los agricultores y productores al uso propio, que no puede de ninguna manera dejarse a salvo, solo como una excepción, en forma marginal para algunos, y admitir su prohibición como regla.

También hemos sostenido que el Inase, que es el Instituto Nacional que regula las obtenciones, las nuevas variedades de semilla, debe mantener una mayoría numérica en la representación estatal, de modo que la agricultura de nuestro país no sea diseñada por las empresas privadas que han logrado posición hegemónica a nivel mundial.

Los vegetales no son patentables y el agotamiento de los derechos reclamados debe ser contundente en el momento de adquisición de la semilla por parte del agricultor.

Pero lo que más nos preocupa y resaltamos permanentemente es que nuestro país debe repoblar la ruralidad. Argentina no puede sostenerse alimentariamente, ni producir biodiversamente, si no es capaz de retener al menos un porcentaje del 15 al 20% de su población que vive en la zonas de actividad agrícola y ganadera.

La ampliación de las fronteras mediante cultivos transgénicos, absolutamente mecanizados que expulsan trabajadores, y a los que fumigan con agroquímicos, herbicidas de alto poder, que tienen begativas consecuencias en la salud de quienes viven cerca o trabajan o ingieren los alimentos, es a la corta y a la larga un costo no solo para la salud, sino también económico para el desarrollo y el bienestar de nuestro pueblo.

Proponemos en cambio políticas soberanas de biodiversidad y la protección a los productores y productoras agropecuarios de quienes tienen posiciones dominantes de los mercados internacionales.

Tampoco vemos la urgencia del gobierno en otorgar estos privilegios a Monsanto-Bayer, grupo que viene ejerciendo en forma fáctica en los puertos el cobro compulsivo, de acuerdo a su propio dominio de esos escenarios, y la mirada cómplice del gobierno de turno.

Los vegetales no son patentables y el agotamiento de los derechos reclamados debe ser contundente en el momento de adquisición de la semilla por parte del agricultor. El uso gratuito es un derecho consagrado en nuestra legislación y debe mantenerse firme. Segmentar las políticas públicas en pos de salvaguardar los derechos de los más vulnerables sólo podría reflejar el cobro excepcional a los grandes usuarios de semillas.

Creemos que cualquier régimen regulatorio debe ser de orden público y no debe quedar expuesto quién es más débil a aceptar imposiciones de los más poderosos del sector, mediante contratos que se ven obligados a suscribir bajo el riesgo de no poder acceder a la semilla y perder todo, y no poder llegar a una próxima cosecha.

Las organizaciones campesinas e indígenas y los pequeños productores, pequeños establecimientos y cooperativas agropecuarias han cuestionado severamente estos proyectos modificatorios.

Quienes hemos firmado proyectos alternativos como el de la Federación Agraria Argentina o el del Movimiento Campesino-Indígena creemos que su no tratamiento en el recinto es el fruto de inmensas movilizaciones en distintas regiones de la Argentina que han llegado hasta el Congreso, la Plaza de Mayo; con verdurazos, petitorios, en largas marchas; y han impedido que se confabulara esta doble imposición que significa la nueva ley de semillas que quieren implantar los fabricantes del glifosato y los dueños de los alimentos que exportamos.

La muerte de campesinos en violentos desalojos de tierras que han ocupado ancestralmente, y hoy son apetecidas para extender la frontera sojera, son un indicio cruel de hasta dónde llega la voracidad de terratenientes que se van incorporando a este modelo sojero. El campesino Héctor Reyes Corvalán, que prefirió inmolarse, hace dos meses, solo, frente a la patota conformada por el empresario cordobés Néstor Quesada y policías, es el último testimonio de esta avanzada, que lleva como bastión esa nueva ley de Semillas que hasta hoy no pudieron sancionar.

*Diputada nacional por el Movimiento Evita, interbloque Red por Argentina.

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Los vegetales no son patentables y el agotamiento de los derechos reclamados debe ser contundente en el momento de adquisición de la semilla por parte del agricultor.

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