Nuevas tomas de tierras, viejos problemas sin resolver





Julián Arribas*


Lo que se presenta como “patología” social o delito son formas de acceso al suelo de los sectores populares ante la imposibilidad de acceder al mercado inmobiliario y la falta de políticas habitacionales.


Desde que la pandemia tomó dimensión mundial, la agenda pública se encuentra ocupada principalmente por temas sanitarios y luego por los problemas económicos en que se encuentran los países. Al decretarse el ASPO y su eslogan sanitario #QuedateenCasa, diferentes espacios políticos, sociales, culturales y religiosos intentaron visibilizar, también, las problemáticas habitacionales y espaciales en lo que se encuentra un sector importante de la población urbana. Pero finalmente fue la creciente oleada de tomas de terrenos en diferentes provincias, lo que terminó de poner en el foco del debate público el derecho a la ciudad, el acceso a la tierra urbana y la propiedad privada.

Desde comienzos de julio se registran cada vez más noticias en diarios nacionales sobre tomas de tierras.

En el tratamiento mediático hegemónico se asocia de manera lineal las tomas con crecientes episodios de inseguridad, violación a la propiedad privada, y remarcan la incapacidad del gobierno para contenerlas. A su vez, este esfuerzo estigmatizador es reforzado por declaraciones de la oposición, y por algunas figuras de alcance nacional que, desde el mismo gobierno, se suman a robustecer mensajes punitivistas.

Se han escuchado desde la realpolitik comentarios de “tolerancia cero con las usurpaciones”, hasta la posibilidad de realizar una quita de protecciones sociales como la AUH, IFE, etc., a los que ocupen tierras.


La mayoría de los asentamientos carece de los servicios mínimos para la salud y bienestar.


El oficialismo provincial se manifestó públicamente en el mismo sentido, tras discutir sobre las recientes tomas de tierra que se desarrollan en diferentes ciudades de la provincia. Esta situación expresa, en parte, un cierto consenso de buena parte del sistema político acerca de no cuestionar los mecanismos formales de acceso a la tierra y la vivienda, poniendo a la propiedad privada individual por encima de los derechos sociales, económicos y culturales de las familias de menores ingresos.

La pandemia desnuda las miserias de nuestras sociedades y de su expresión espacial -la ciudad-, dejando al descubierto la construcción de una estructura urbana desigual que pone en cuestión el derecho a habitar de un número creciente de habitantes.

Lo que se presenta muchas veces casi como una “patología” son formas de acceso al suelo al que recurren históricamente los sectores populares en el mundo, ante la imposibilidad de acceder al mercado inmobiliario y donde las políticas habitacionales son escasas en relación a la demanda. Nos guste o no, un porcentaje para nada despreciable de las ciudades rionegrinas se ha creado históricamente de esta manera y luego se han regularizado.

Existe una porción de la población -más o menos importante según la coyuntura- que, ante la mano invisible del mercado, no puede acceder a la tierra y a la vivienda en propiedad y tampoco al mercado formal de alquileres.

Esta población se ve obligada a resolver sus necesidades habitacionales de manera informal, a menos que medie la intervención estatal.

El suelo que se suele ocupar en nuestras ciudades generalmente está en condición de abandono o en proceso de especulación urbana, no se toma cualquier propiedad como se hace suponer muchas veces desde los medios de comunicación.

Denominarlas “usurpaciones” es entender el fenómeno social desde una mirada punitivista. Se condice más con la realidad social, si la llamamos ocupaciones, asentamientos o barrios populares.

En cuanto a la política habitacional, el Estado no ha realizado intervenciones significativas en el mercado de la vivienda.

Se ha focalizado en conformar un importante “stock de vivienda pública” mediante programas “llave en mano”, cuya influencia en el mercado de suelo y de vivienda es relativamente baja.

También ha realizado esfuerzos considerables financiando la demanda, pero dejando liberalizada la oferta. En general no se ha trabajado demasiado en la regulación de los mercados (salvo en la etapa peronista) que posibilite a los sectores populares acceder formalmente al suelo urbano y la vivienda.

Modificar las formas de acceso al suelo urbano implica una contundente voluntad política y la conformación de consensos amplios comprometidos en la búsqueda de soluciones que aspiren a construir ciudades más justa.

Por un lado, hay que preguntarse si hay consenso para direccionar sumas importantes de dinero hacia a la construcción de nueva infraestructura urbana.

Por el otro, es necesario repensar el rol del Estado y su posibilidad de intervenir en el régimen de la propiedad inmobiliaria, con el fin de que el mercado no sea el principal asignador de los derechos consagrados en la Constitución nacional.

Será fundamental el compromiso de las provincias y, en especial, de los municipios que deben adquirir instrumentos que permitan redistribuir las rentas urbanas y promover la planificación como medida para alcanzar equidad territorial y cohesión social.

* Licenciado en Ciencia Política. Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Derechos, Inclusión y Sociedad (Ciedis), UNRN


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