Oficialistas abstenerse

Para muchos, la caída a fines del 2001 del presidente Fernando de la Rúa fue previsible porque, de cara a las elecciones que habían sido celebradas pocos meses antes, a muy pocos candidatos les resultó conveniente confesarse dispuestos a reivindicar la gestión del gobierno. En efecto, algunos voceros oficiales subestimaron la importancia del «voto bronca» porque, como señalaron, no había candidatos oficialistas. Sin embargo, lejos de ser cuestión de una anomalía pasajera imputable a las deficiencias de De la Rúa y de la Alianza radical-frepasista, la falta de candidatos declaradamente oficialistas parece ser una idiosincrasia típica de la política nacional. Desde hace casi un año, el presidente Eduardo Duhalde no ha disimulado su deseo de apadrinar un candidato que sea capaz de frenar a su enemigo principal, el ex presidente Carlos Menem, hombre que según las encuestas de opinión está entre los dirigentes más odiados del país y que por lo tanto no debería preocuparlo. Después de negarse el gobernador santafesino Carlos Reutemann a arriesgarse desempeñando el papel de representante del oficialismo, Duhalde optó por poner sus recursos políticos nada desdeñables a disposición del cordobés José Manuel de la Sota, personaje que pocos meses antes había figurado entre los favoritos para suceder a De la Rúa, pero a pesar de las presuntas ventajas que le brindaba el apoyo decidido del aparato peronista bonaerense, De la Sota no ha logrado levantar vuelo. Pueden entenderse, pues, las dudas que afligen al gobernador santacruceño Néstor Kirchner que según Duhalde podría ser el hombre indicado para llevar sus colores. En teoría, a Kirchner el aval de la maquinaria clientelista más poderosa del país debería resultarle sumamente útil, pero sospecha que si a cambio del respaldo así supuesto sus compañeros le exigen defender al gobierno, podría convenirle más intentar cumplir el rol de opositor vehemente del duhaldismo y todo lo vinculado con dicha corriente.

En la mayoría de los países, todo político serio espera ser oficialista durante una parte significante de su carrera y por lo tanto da por descontado que a veces tendrá que estar dispuesto a desempeñar tal papel, minimizando la importancia de sus eventuales diferencias con el gobierno de su partido y subrayando las coincidencias para que no quepa duda en cuanto a su voluntad de respaldarlo tanto en los buenos tiempos como en los malos.

En nuestro país, en cambio, los políticos prefieren figurar como opositores incluso cuando militan en el partido gobernante, razón por la que aquí es rutinario que el «ala política» del gobierno de turno se oponga con furia al «ala económica», o sea, a la gestión oficial, diferenciándose de ella con la esperanza de agregar los beneficios supuestos por adoptar una posición «crítica» a los ya conseguidos por formar parte de la agrupación gobernante.

De más está decir que las consecuencias para el país de esta forma disparatada y cínica de actuar han sido catastróficas. Ningún sistema democrático en ninguna parte puede funcionar adecuadamente si el noventa por ciento o más de la clase política siempre se ubica en la oposición donde, claro está, se dedicará a frustrar todas las iniciativas del gobierno acusándolo de atentar contra los intereses del pueblo y haciendo de una situación que acaso podría darse en las semanas finales de un gobierno agotado una característica permanente de la vida nacional. Aunque en vista de la magnitud de los problemas del país sería comprensible que algunos políticos pusilánimes no tuvieran el coraje necesario para defender medidas que podrían suponerles «costos políticos», es francamente absurdo que desde hace años los únicos que se hayan sentido constreñidos a manifestar su aprobación de la labor oficial hayan sido los amigos personales del presidente, mientras que todos los demás, trátese de legisladores o de miembros del gabinete relacionados con facciones partidarias internas, se han esforzado por mantener bien informado al público de sus muchas discrepancias. Por cierto, no debería extrañar a nadie el naufragio de un país en el que virtualmente todos los «dirigentes» creen que, a menos que ellos mismos sean el presidente de la República, es su deber hacer lo posible por hundir al gobierno.


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