Oncología pediátrica: la Defensoría del Niño y el gobierno de Neuquén lograron un acuerdo
Las autoridades se comprometieron a realizar una serie de reformas en el hospital Castro Rendon. Fueron obligadas por una sentencia de la Cámara Civil a presentar un plan de obras, con precisión de plazos y financiamiento.
El gobierno provincial se comprometió con la defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente de Neuquén a realizar una serie de reformas en el hospital Castro Rendon para acondicionar las instalaciones del área de oncología pediátrica. Este acuerdo se logró luego de que la Cámara Civil obligara a las autoridades a presentar un plan de obras para mejorar el estándar de atención.
En febrero de 2018, la defensora Andrea Rappazo presentó un amparo que pedía la creación de habitaciones de aislamiento para la internación de pacientes inmunosuprimidos, la construcción de una sala de juegos terapéutica y de un espacio destinado a la escuela hospitalaria, cuyos docentes garantizan el derecho a la educación de los chicos mientras están en tratamiento.
La jueza laboral, Claudia Zapata, declaró inadmisible la acción. Esta decisión fue revocada por la Cámara Civil que ordenó al Estado provincial tomar acciones concretas.
La leucemia es la enfermedad oncológica más común de las personas menores de 15 años en el país, según el Instituto Nacional del Cáncer. El Castro Rendón es el único hospital público que cuenta con un área de atención destinada a estos pacientes en la Patagonia.
El Foro en Defensa de los Derechos de los Niños y Adolescentes denunció públicamente que la situación del sector no se había revertido.
La Cámara Civil evaluó, en octubre pasado, que se incumplió con la sentencia dictada. Cuestionó el planteo del gobierno respecto de que la solución de fondo vendrá con la construcción del hospital Norpatagónico. Los magistrados aclararon que “hoy solo constituye un mero proyecto a largo plazo”. Le dieron 45 días a la gestión de Omar Gutiérrez para que presente un plan de obras, con precisión de plazos y fuentes de financiamiento, bajo apercibimiento de cobrar dos JUS ($2.201,53 al valor actual) por cada día de demora.
La defensora llegó a un acuerdo con el director del hospital, Adrián Lammel, la ministra de Salud, Andrea Peve y su par de Gobierno, Juan Pablo Prezzoli. Dijo que lo presentará mañana ante la jueza Zapata para que lo homologue.
Lo que pactaron es que se efectuarán una serie de obras. La propuesta del Ejecutivo consiste, según el acuerdo, en “la construcción en la terraza superior del servicio existente de nuevas instalaciones de los locales de soportes de atención, que en la actualidad restan espacio al lugar donde se asiste al paciente pediátrico internado; de ese modo los locales que quedan libres serán remodelados para convertir los mismos en aislamientos con baños, sala de juego y espacio áulico”.
La funcionaria señaló que las habitaciones no se adecuan técnicamente a lo que lo que deberían ser las salas de aislamiento, pero valoró que elevan el estándar de atención. “Lo que asume el Ejecutivo es el compromiso para la construcción, en el Norpatagónico, de estas salas de aislamiento de acuerdo a la demanda y a la población de los niños y niñas que lo exijan”, afirmó Rappazo. Manifestó que la defensoría estará a cargo del monitoreo de los plazos y la ejecución del acuerdo.
El total del costo se estima preliminarmente en $8.000.000.
“Las expectativas iniciales no se encuentran cumplidas, en este sentido de que uno buscaba la ampliación del servicio de pediatría. Pero en el entendimiento de la complejidad que hoy presenta la estructura edilicia del hospital, que los derechos involucrados son a la salud, al juego, a la vida, necesitamos poder llegar a una solución que ponga fin al litigio en si y dar una solución a los niños”, concluyó Rappazo.
En números
- 120
- días es el plazo que se prevé de trámites administrativos hasta la adjudicación de las obras, según marca el acuerdo.
No es que con esto se cierra. Se da solución, pero no se pone fin al reclamo, sino que ahora faltan todas las instancias administrativas”
aseguró la defensora adjunta de los Derechos del Niño, Andrea Rappazo.
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