Comprensión de texto y contexto

Las últimas semanas fueron agitadas para la fiscalía de Delitos Económicos que conduce Pablo Vignaroli. El 4 de julio, tres imputados por la estafa con planes sociales pidieron declarar en calidad de “arrepentidos” (el mes anterior había llegado un primer testimonio) y, dos días después, se desplegaron una serie de allanamientos simultáneos en viviendas, en el restaurante de comida árabe de Ricardo Soiza y en una chacra, también de su propiedad.

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Las novedades actuaron como reanimación para una investigación que estaba languideciendo. Soiza, el señalado por los fiscales como “jefe” de la asociación ilícita que estafó a beneficiarios de subsidios provinciales, quedó en prisión preventiva y la misma suerte corrieron los “reclutadores” Marcos Osuna y Néstor Pablo Sanz.

Son los primeros detenidos por la causa que sacudió el año pasado al gobierno de Omar Gutiérrez, lo obligó a descabezar el ministerio de Desarrollo Social y, por qué no, colaboró con desacreditar al Movimiento Popular Neuquino en una campaña electoral clave. La primera que perdió.

El gobernador electo Rolando Figueroa habló mucho del tema previo a las elecciones del 16 de abril. Varias veces pidió que los responsables de la maniobra “vayan presos”. Lo repitió una vez consagrado ganador y se ocupó de que se note su desagrado hacia el trabajo de Vignaroli, quien está muy próximo a jubilarse.

Estos últimos movimientos fueron un poco un mensaje: se comprendió el texto, por demás directo del futuro gobernador (nada de medias tintas como la autora de la frase), pero también el contexto. Los allanamientos llegaron el día anterior a que reciba su diploma en el Cine Teatro Español. Una ofrenda que todavía no se sabe si alcanzó.

“Dijimos que para que la verdad se sepa debíamos ganar la elección y no nos equivocamos”, dijo Figueroa en el acto de proclamación. El evento fue una vidriera que mostró quiénes de la justicia fueron merecedores de los abrazos del gobernador electo y quiénes de un gélido apretón de manos. En el primer grupo: el flamante juez electoral Matías Nicolini, el fiscal general José Gerez, y la vocal del Tribunal Superior de Justicia, Soledad Gennari. En el segundo: sus pares Evaldo Moya y Alfredo Elosu Larumbe.

Al fiscal Vignaroli se lo vio llegar a la zona cuando el acto había terminado y la convocatoria se iba desintegrando en la Avenida Argentina. ¿Habrá saludado al gobernador electo?

Figueroa ya reconoció públicamente que tuvo diálogos con integrantes del Poder Judicial para pedir que la causa “avance”. Cuando se concrete la reformulación de cargos que promete ampliar la causa hasta el 2020 e incluso incorporar el uso de cheques para la estafa, se podrá saber hasta dónde pidió/están dispuestos a llegar. Se sabe que hay, al menos, un funcionario de mayor rango del ministerio de Desarrollo Social que tienen bajo sospecha.

Por el momento, la fiscalía mostró su empeño por encarcelar preventivamente a los tres principales imputados. Tanto así que el juez consideró poco razonable el plazo solicitado, de ocho meses, y dictó cuatro. Soiza intentó como alternativa la prisión domiciliaria y hasta ofrecer su chacra, valuada en 400.000 dólares y que aseguró es suya hace 25 años, como caución. “No todo se arregla con plata”, reflexionó fuera de la audiencia el fiscal del caso que pidió las medidas, Juan Manuel Narváez Barraza.

Con la investigación encaminada, Figueroa partió de recorrida política por el interior. El jueves reunió en la comarca petrolera a los intendentes del MPN que asumirán el 10 de diciembre y el viernes en Zapala hizo lo mismo con quienes se irán ese mismo día. Ya son todos “más rolistas que el primer día”, afirmó un testigo del encuentro.

Esta semana estará casi instalado en Plaza Huincul y Cutral Co, que votarán el próximo domingo. Hay una confianza casi total de un triunfo en la primera y un diagnóstico compartido con el MPN de que, en la segunda, Ramón Rioseco de mínima “se va a llevar un susto”.