El fallo, lo urgente y lo importante

Hugo Alonso

Jefe de Noticias. Nació en Allen, el 23 de enero de 1979. Estudió Comunicación Social en la Universidad Nacional del Comahue. Su ingreso a Diario RÍO NEGRO como pasante, desempeñándose luego como jefe de Agencia Roca, editor y jefe de Política. También fue editor responsable de LA COMUNA, desde el 2008 hasta el 2021. Es miembro e integró la Comisión Directiva del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). También es integrante de la Red Ruido, una red nacional de comunicadores, especialistas en datos abiertos y referentes de organizaciones civiles. Desde el 2007, integró y lideró diversos equipos periodísticos en radio. Actualmente es conductor en CNN Radio Roca. En Diario RÍO NEGRO desde 1998.

Ver más noticias de Hugo Alonso

La decisión de la Corte Suprema sobre la coparticipación de CABA y la reacción del presidente Fernández generaron una doble presión para el gobierno rionegrino.


El fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación federal de impuestos fue inoportuno para la agenda del gobierno rionegrino.

En la lista de prioridades de la gobernadora, Arabela Carreras, no aparecía la necesidad de fijar postura sobre una decisión del máximo tribunal del país. Y mucho menos se contemplaba la exigencia extra que provocó la decisión del presidente, Alberto Fernández, desconociendo abiertamente la sentencia y acelerando el paso hacia una grave colisión entre poderes del Estado.

Por eso el comunicado final de la mandataria y de sus colegas de Neuquén, Salta y Misiones se difundió recién pasadas las 23.15 del jueves, es decir un día y medio después de los hechos en el Palacio de Justicia.

Pero esa demorada reacción tiene más de una explicación.

En primer lugar, porque la administración rionegrina ocupa un incómodo lugar en el escenario político nacional, con una representación en el Congreso que acompañó en numerosas oportunidades al oficialismo -e incluso fue funcional a sus intereses- pero que todavía guarda espacio para el asombro ante la predisposición de algunos sectores del peronismo para pisotear la Constitución.

El resultado de esa doble presión es el documento con perfil salomónico que lleva la firma de Carreras, donde se rechaza el fallo pero también se le pide a Nación que reparta los fondos con un sentido real de federalismo.

Ese equilibrio intentado aparece con pocas chances de éxito. El conflicto institucional desatado por la Casa Rosada es de tal magnitud, que difícilmente el gobierno rionegrino pueda mantenerse al margen de las definiciones trascendentes.

Porque la pregunta para la gobernadora, como para el resto de sus colegas, es tan sencilla como relevante: ¿Está de acuerdo con la idea de no respetar un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación?

El problema es que la mandataria -y ahí aparece el segundo factor influyente en la dilatada opinión pública- tuvo sus últimos días con la mente y el cuerpo más cerca de Bariloche que de Buenos Aires.

Carreras fue llamada a intervenir en una crisis nacional cuando su última semana transcurrió bajo intensas negociaciones para lograr su objetivo de modificar el Código Electoral, para adelantar las elecciones que están fijadas para septiembre y aumentar así sus chances de ser la próxima intendenta de su ciudad.

La referencia sobre la acción personal en pos de ese objetivo es literal, porque fue ella misma quien se puso en contacto con concejales de todas las bancadas barilochenses para convencerlos y llegar así al ansiado piso de ocho votos necesarios, sobre los 11 integrantes que tiene el cuerpo legislativo de la ciudad más poblada de la provincia.

La imagen de una gobernadora en pleno cabildeo podría asociarse a la tenacidad de una dirigente que quiere llegar a una meta, pero ese lauro se debilita cuando los datos se cruzan con los hechos ocurridos a principios de semana puertas adentro del oficialismo provincial.

Dirigentes de Juntos Somos Río Negro admitieron que en el momento más tenso de las negociaciones, la mandataria insinuó dejar en stand by la convocatoria a elecciones provinciales para el 16 de abril, hasta tanto le garantizaran “su” fecha anticipada en Bariloche.

Aun cuando no tiene garantías de éxito, los decibeles finalmente bajaron y la semana cerró con la imagen de un decreto provincial ya redactado y a la espera solo de la firma, que podría llegar entre el lunes y jueves próximos.

Pero esa paz aparente no alcanza para borrar por completo las dudas sobre cuánto se imponen las formas, por encima del fondo, en el estilo del actual gobierno.

El oficialismo ya había erosionado su imagen reformando el Código Electoral Provincial de acuerdo con su conveniencia coyuntural.

Que la fecha de votación dependa ahora de los humores y de las crisis internas del partido gobernante deja a la pretendida calidad institucional de la provincia más cerca del sótano que del techo.


Adherido a los criterios de
Journalism Trust Initiative
Nuestras directrices editoriales
<span>Adherido a los criterios de <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios