Juicio por jurados y la crisis de legitimidad judicial

Martín Lozada *

Que los poderes judiciales de nuestra región enfrentan una severa crisis de legitimidad no es ningún secreto. Tampoco que uno de los síntomas de esa crisis se traduce en la falta de credibilidad que gran parte de la ciudadanía tiene a su respecto.

Un intento para mitigar esa crisis viene siendo la reforma de los sistemas procesales penales a nivel provincial y federal. En ese contexto, varias provincias argentinas han establecido sistemas procesales penales acusatorios.

Algunas de ellas han combinado un sistema de audiencias desde el comienzo de la investigación, con innovaciones de gestión -oficinas judiciales y colegio de jueces-, e incluso el establecimiento de juicios por jurados en los debates orales.

La opción de habilitar la participación ciudadana en el sistema de administración de justicia penal resulta, según el Juez Horacio Rosatti, una alternativa que “permite conjugar la precisión propia del saber técnico con la apreciación propia del saber popular, congregando la garantía inherente al debido proceso y la percepción de la realidad propia de una decisión basada en el sentido común”.

Prueba de ello es que los representantes del saber técnico se encargan de controlar que el camino hacia la decisión resulte coherente con las reglas procesales. Es decir, con el debido proceso adjetivo. Y que, a su vez, los representantes de la opinión popular se encargan de construir una conclusión sobre la base del sentido común. Esto es, con el debido proceso sustantivo.

Una opción tal se apoya en la visión de la democracia deliberativa propuesta por Carlos Santiago Nino. Ella destaca que el proceso de discusión y decisión colectiva por parte de todos los afectados posee mayor confiabilidad que la reflexión individual.

La investigación presentada en ocasión del VI Congreso Internacional de Juicio por Jurados, que organizó el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), arroja una serie de datos interesantes.

Bajo el título “El jurado neuquino” remite al funcionamiento del sistema de jurados en la provincia de Neuquén, a partir del testimonio de casi 300 personas que participaron como jurados populares en los últimos 25 juicios allí realizados, entre principios de 2016 y diciembre de 2019.

La pesquisa determinó que la enorme mayoría de quienes participaron como jurados manifestó no haber tenido problemas para comprender la prueba, el testimonio de quienes fueron testigos, a los y las abogadas de las partes o a los y las juezas.

Asimismo, el 76% de los jurados señaló que la prueba presentada favoreció a un veredicto de culpabilidad. De los 25 juicios analizados, 20 de ellos concluyeron con veredictos de culpabilidad.
Para un 93% de quienes participaron como jurados las instrucciones sobre la ley fueron “útiles” o “muy útiles”; mientras que el 88% de los jurados dijeron que estuvieron “bastante” o “muy satisfechos” con los resultados de la deliberación.

La mayoría de quienes participaron como jurados dijeron no haberse sentido entusiasmados al ser convocados, pero tras la experiencia, el 86% de los jurados manifestó que aquélla resultó “más favorable” o “mucho más favorable” respecto de sus expectativas iniciales.

Por último, el 88% de los jurados sostuvieron que, luego del evento, sus opiniones sobre el sistema cambiaron favorablemente.

En la Provincia de Río Negro, a diciembre de 2021, se han llevado a cabo seis juicios por jurados, en los que se ha registrado una entusiasta y comprometida intervención de los jurados populares. Cinco de esos juicios han arrojado veredictos de culpabilidad y tan sólo uno de no culpabilidad.

Resta medir, entonces, el impacto de la experiencia rionegrina. Acaso ella también sirva para generar mayor confianza ciudadana en torno al funcionamiento del aparato de justicia penal.

*Doctor en Derecho (UBA) – Profesor titular de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN)