La inacción también es una política sanitaria

El debate sobre el Presupuesto Nacional 2027 ofrece una oportunidad para formular una pregunta que la Argentina posterga: ¿alcanza con asignar partidas a salud cuando permanecen intactas las reglas que comprometen la sostenibilidad del sistema? La respuesta exige mirar más allá de las cifras. Un presupuesto financia actividades; una política sanitaria define prioridades, derechos, responsabilidades y condiciones para que la atención efectivamente exista.

La crisis sanitaria en números

Según el INDEC, la inflación argentina alcanzó el 211,4 % en 2023, el 117,8 % en 2024 y el 31,5 % en 2025. Si bien la desaceleración inflacionaria constituye un avance macroeconómico, no implica una recuperación automática de los ingresos ni de la capacidad operativa de los prestadores.

Entre diciembre de 2022 y diciembre de 2025, los precios acumularon un incremento cercano al 792 %. El desequilibrio adquiere una dimensión todavía más preocupante cuando observamos los costos específicos del sistema sanitario.

Según un estudio del Centro de Estudios para la Salud (CESA), difundido por ACAMI en septiembre de 2026, tomando diciembre de 2011 como base 100, el costo del Programa Médico Obligatorio alcanzó un índice de 67.881, los medicamentos 50.631 y la inflación general 47.162, mientras que los ingresos de los prestadores apenas llegaron a 24.920.

Esto significa que el índice de costos del PMO creció aproximadamente 2,7 veces lo que creció el índice de ingresos de los prestadores.

Reformas para recuperar el sistema

El sistema argentino reúne tres subsistemas —público, seguridad social y privado— que conviven con coberturas desiguales, mecanismos de financiamiento heterogéneos y crecientes tensiones entre financiadores y prestadores. En ese contexto, aumentar o reducir una partida no equivale a resolver los problemas estructurales. Es necesario distinguir entre sostener el gasto corriente y establecer reglas capaces de transformar recursos limitados en prestaciones accesibles, oportunas y de calidad.

El primer vacío es el de la cobertura. Debemos definir una cobertura universal básica, explícita y exigible, que constituya un piso común de protección. Esa definición debería ordenar también las obligaciones mínimas de los financiadores privados y de la seguridad social, sin impedir que ofrezcan coberturas adicionales. La universalidad no consiste en prometer todo sin explicar cómo se paga: consiste en garantizar lo esencial con criterios públicos, transparentes y financieramente responsables.

En paralelo, resulta imprescindible revisar y actualizar el Programa Médico Obligatorio (PMO). Un catálogo que incorpora obligaciones sin evaluación sistemática de resultados, costos y fuentes de financiamiento termina generando derechos formales cuya efectividad depende de litigios, demoras o decisiones discrecionales. Actualizarlo implica precisar inclusiones, exclusiones y mecanismos periódicos de revisión. Las prestaciones que excedan ese piso podrían contar con coberturas complementarias o copagos regulados y transparentes, con salvaguardas para evitar que la capacidad de pago determine el acceso a cuidados esenciales.

También hace falta una evaluación de tecnologías sanitarias con independencia técnica, participación de sociedades científicas, pacientes, financiadores y prestadores, y reglas claras sobre conflictos de interés. No se trata de frenar la innovación, sino de determinar qué aporta valor clínico real, para quiénes y a qué costo de oportunidad. Cada incorporación sin evaluación puede desplazar recursos de intervenciones más efectivas. Y cada demora injustificada puede privar a los pacientes de los tratamientos necesarios.

Pero hay un problema que el debate presupuestario suele dejar fuera: las condiciones en que trabajan quienes brindan las prestaciones. Aranceles que pierden relación con los costos, plazos de cobro prolongados, inflación de insumos, exigencias tecnológicas y cargas regulatorias descoordinadas erosionan la capacidad operativa. Los prestadores no son una variable residual del sistema. Son su base material y humana: allí están los equipos médicos, los profesionales, la infraestructura, la tecnología y la experiencia acumulada.

Oftalmología: tecnología de avanzada, financiamiento atrasado

En junio de 2026, una consulta oftalmológica podía remunerarse en aproximadamente $12.000, dependiendo del financiador, mientras que determinados equipos diagnósticos superaban fácilmente los US$20.000, sin considerar mantenimiento, actualizaciones, insumos, infraestructura ni capacitación profesional.

A ello se suman los costos crecientes de lentes intraoculares, viscoelásticos, medicamentos, materiales descartables y equipamiento quirúrgico, muchos de ellos vinculados directamente con precios internacionales.

Desde CAMEOF sostenemos que la discusión no puede limitarse a cuánto recibe cada programa. También debe abordar cómo se distribuyen los riesgos económicos, qué reglas rigen las relaciones entre financiadores y prestadores y qué mecanismos aseguran pagos previsibles y aranceles compatibles con una atención segura. Sin estas condiciones, el financiamiento nominal puede coexistir con una reducción efectiva de la oferta asistencial.

La inacción o el abandono de políticas públicas activas constituye, en sí mismo, una asignación regresiva, aunque a primera vista parezca neutral. Cuando el Estado no define prioridades ni corrige asimetrías, los costos se trasladan silenciosamente a pacientes, profesionales e instituciones. Quienes tienen menos recursos padecen primero las demoras, los traslados y la pérdida de alternativas. Pero el deterioro no se detiene allí.

La consecuencia más grave es que, si esta lógica persiste, incluso quienes dispongan de recursos económicos elevados pueden encontrarse sin acceso a determinadas prestaciones: no porque no puedan pagarlas, sino porque ya no existirán instituciones capaces de ofrecerlas. El dinero no forma instantáneamente especialistas, no reconstruye equipos interdisciplinarios ni recupera en semanas una capacidad instalada perdida durante años. La destrucción de un prestador es, también, una pérdida social difícilmente reversible.

Por eso, defender la sostenibilidad de las instituciones de salud no equivale a reclamar privilegios sectoriales. Significa preservar las condiciones concretas que hacen posible el derecho a la atención. La eficiencia es indispensable; también lo son la transparencia, la competencia y la rendición de cuentas. Pero ninguna de ellas se alcanza ignorando los costos reales de prestar servicios de calidad.

La lección no exige conservar todo tal como está: exige reformar con conocimiento de las consecuencias. En salud, la omisión también derriba cercas. Y cuando desaparecen los prestadores, no queda simplemente un sistema más austero: queda una sociedad con menos posibilidades de ser atendida.

El desafío no es elegir entre responsabilidad fiscal y derecho a la salud. Es comprender que, sin instituciones capaces de cuidar, ninguna asignación presupuestaria alcanzará para garantizarlo.

*Secretario General de Cámara de Medicina Oftalmológica (Cameof).