La reforma laboral: una condena a trabajar sin derechos

La reforma laboral que impulsa el gobierno nacional no representa una modernización ni una mejora para quienes trabajan. Por el contrario, consolida un horizonte de mayor explotación, menos salario y más precariedad. Es una ley diseñada para empeorar las condiciones en las que vivimos y trabajamos: habilita contrataciones sin garantías, facilita despidos, pone topes a las indemnizaciones y debilita los convenios colectivos y derechos históricos como las horas extras y el derecho a huelga.

El ataque no se limita a lo laboral. Esta reforma busca fragmentar la organización colectiva y debilitar las herramientas que la clase trabajadora construyó para defenderse. Promueve la competencia entre pares, la meritocracia y el individualismo, mientras pone nuestros cuerpos y nuestros tiempos a disposición exclusiva de la ganancia empresarial. En nombre del progreso y la eficiencia, se impulsa una automatización pensada para maximizar beneficios privados y no para mejorar la vida del pueblo trabajador.

El gobierno de Javier Milei deja en claro para quién gobierna. No lo hace para quienes trabajan, ni para las mujeres, ni para las juventudes, ni para las personas con discapacidad ni para las diversidades. Gobierna para los sectores más concentrados del capital, los grandes grupos económicos y los organismos financieros internacionales. Es un proyecto que niega la memoria histórica, ataca a los pueblos originarios, avanza sobre los territorios y la naturaleza, persigue a la organización popular y naturaliza la represión, incluso contra jubiladas y jubilados.

Se intenta instalar que esta reforma no afectará a quienes trabajan o que incluso beneficiará al empleo informal. Sin embargo, cuando el trabajo registrado pierde derechos, se baja la vara para toda la clase trabajadora. Se precariza el presente y se clausura cualquier horizonte de trabajo digno. Menos derechos implican menos consumo, menos changas, menos oportunidades en los barrios populares y más desigualdad.

Hoy el gobierno de Javier Milei prepara una batería de medidas que solo prometen mayor pobreza para la clase trabajadora y beneficios para los sectores más conservadores y concentrados del capital. Frente a este escenario, tenemos una tarea urgente y necesaria: unir todas las luchas, volver a encontrarnos, como lo hicimos la semana pasada y como lo hicimos tantas otras veces a lo largo de nuestra historia. Porque de luchas sabemos, nuestro pueblo sabe, de los fugaces estallidos y de extensos procesos en pugna, de las de hace cientos de años hasta las recientes que aún están en nuestra memoria. En eso estamos, eso somos. Como lo hicieron los y las obreras ayer para conseguir las jornadas de ocho horas; como lo hicieron las madres de plaza de mayo; como lo hicimos por la ley del aborto legal, seguro y gratuito; como lo hicieron los y las trabajadoras del Garrahan; como lo estamos haciendo por la ley de discapacidad y por la Universidad.

Unirnos desde las diferencias que nos fortalecen, pero con una convicción común: a la ultraderecha se la enfrenta con organización y lucha colectiva. Las leyes con las que el gobierno pretende avanzar este verano exigen que construyamos, desde cada asamblea, cada barrio, cada sindicato y en las centrales sindicales, un plan de lucha contundente y sostenido. Un plan que no nos condene a perder derechos ni nos obligue a resignarnos a entregar nuestra vida, nuestro tiempo y nuestros cuerpos a las necesidades de ganancia de las empresas.

No se trata de pensar igual, sino de construir unidad a partir de nuestras diferencias. De hacer de la calle y de cada huelga un espacio de resistencia común, donde confluyan todas las luchas. Porque si algo sabemos, es que luchar sirve.