Reparto irregular de registros del automotor: no hay grieta
El Estado nacional mantiene tercerizando este servicio. Pero no por necesidades operativas, sino porque permanecen los intereses espurios de la política enquistados.
Está circulando investigaciones periodísticas respecto de los registros de la propiedad automotor. En rigor, no hay nada nuevo que no se sepa ya. La razón es que es un tema recurrente que nunca se resuelve, porque están involucrados muchos intereses espurios que financian la política y los favores políticos. Se trata de la “privatización” de un servicio público esencial, que es el registro de la propiedad de los automotores.
La cosa es así. El Ministerio de Justicia de la Nación tiene a su cargo esta función. Para ejecutarla, la terceriza en privados que cobran un arancel donde se quedan con la mayor parte para, en teoría, costear la gestión del servicio. Una parte menor, estos privados se la entregan al Estado. Pero además todos los varios trámites que hay que hacer para transferir la propiedad de un auto también están tercerizados en privados donde cada trámite tiene su “dueño” con su propio arancel. Se dice que, hoy, toda esta suma de trámites tiene un costo de entre 6% y 10% del valor del auto. Mucho más alto que en los países vecinos.
Este esquema de tercerización del registro automotor ha devenido en que se convirtió en un gran “negocio” tener un amigo en la política qu e“te consiga un registro automotor”. Así es como hay 1.500 registros en todo el país, todos tercerizados, donde abundan los apellidos de conocidos políticos del pasado y del presente, o amigos actuales que financian la política. Esto es una desviación institucional que no debe ser aceptada.
La historia es que, allá por la década del ’50 del siglo pasado, el Estado nacional no tenía medios administrativos eficaces en todo el territorio nacional para atender con agilidad un trámite que es muy frecuente en la población y que es imprescindible para la seguridad jurídica y patrimonial de los ciudadanos. La delegación en privados como solución práctica para ese momento se podía justificar y dio sus resultados.
Pero a partir de la década de los ‘90, cuando se produce una primera modernización tecnológica -incorporación de computadoras y bases de datos digitales- en las oficinas tercerizadas, aparece que es un buen negocio para el tercerizado porque el trámite se volvió más eficiente gracias a la tecnología. Aquí es cuando toma fuerza la idea de que “tener un registro automotor es un lindo negocio”.
Ya en el actual siglo XXI, a pesar de la revolución de internet y de las tecnologías de la información, el Estado nacional mantiene tercerizando este servicio. Pero no por necesidades operativas, como fue en la década del ’50, sino porque permanecen los intereses espurios de la política enquistados en los registros automotor.
Hasta que vino la pandemia. No quedó otra alternativa que los trámites a distancia y se avanzó exitosamente en el trámite de transferencia de propiedad no presencial. Pero los vicios de la política resisten la modernización institucional; modernización institucional que debería seguir a esta modernización tecnológica. Entonces, ¿qué sucede?
Que se mantiene el “curro” de las tercerizaciones, a pesar de que el trámite puede ser no presencial, debido a que se profundiza como financiamiento espurio de la política. Por eso, volvió a la palestra de la investigación periodística. Dicen estas investigaciones que se tornó en una especie de guerra en donde le quitan la tercerización a alguno que perdió el amigo en el poder para dárselo a otro que es amigo de alguno que está en el poder.
Si el avance tecnológico ya permite hacer el trámite a distancia, lo que corresponde es que el Estado nacional les dé las gracias a los registros de propiedad automotor tercerizados, que durante tanto tiempo ayudaron operativamente al Estado, y a otra cosa. Porque ya no hacen falta más. El Estado nacional debería gestionar un sistema público propio, gratuito en lo posible, o muy económico, con trámites a distancia.
El país del revés (… y en esto no hay grieta).
Un latiguillo de uso común en casi todo el arco político es el “Estado Presente”. Cuando en rigor lo que corresponde -y no que sea un latiguillo sino una realidad- es el “Estado Inteligente”.
El Estado nacional gestiona de manera directa empresas que en los países ordenados están en manos de la gestión privada. Hablamos de empresas como Aerolíneas Argentinas, las empresas de servicios públicos del AMBA (Aysa y los trenes urbanos), Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, Tandanor, y en el Presupuesto Nacional hay 30 empresas más que se manejan como reparticiones estatales.
El registro de la propiedad automotor, que debería manejarse como un servicio público digitalizado, esto sí, se delega en la gestión privada.
* Diputado Nacional por Juntos Somos Río Negro.
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